Por Ángelica Silva
El pasado 30 de marzo el Senado argentino aprobó por unanimidad el proyecto de ley para regularizar el cannabis medicinal presentado por Cambiemos, coalición conservadora-neoliberal liderada por el actual presidente Mauricio Macri. Es una ley que llega tarde, se queda corta y no le hace justicia al movimiento social de madres y enfermos argentinos que han luchando con uñas y dientes por conseguir un tratamiento digno y legal.
¿QUÉ DICE LA LEY?
El objetivo de la ley es crear un programa nacional para investigar el uso medicinal del cannabis, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud que trabajará en coordinación con otras organizaciones públicas, académicas, científicas y ong. Se creará también un “Consejo Consultivo honorario” integrado por todos los actores involucrados, eso sí acreditando que actúan sin ánimo de lucro.
Establece que serán los laboratorios públicos los que se encargarán de la producción, importación e industrialización del cannabis para uso medicinal, terapéutico y científico. Y se permitirán el aceite y sus derivados, los cuales serán gratuitos para quienes estén registrados en el programa. ¿Registro? Obvio, ese es el artículo de la discordia, el ocho, que dice que el Ministerio de Salud ha de crear un registro nacional voluntario para autorizar a pacientes y familiares que cumplan con “las patologías incluidas en la reglamentación y prescritas por médicos de hospitales públicos”.
Diana Barreneche activista desde la academia, abogada con una tesis sobre el tema del cáñamo en la UBA y que investiga la legislación de estupefacientes argentina, nos cuenta que esto es muy polémico, “obviamente en la comunidad de cultivadores hay demasiado escepticismo y creo que las únicas personas que se van a inscribir son los pacientes crónicos o terminales. Falta mucho para que el estado nacional esté preparado para producir el aceite y cubrir la cantidad y diversidad de la demanda, algo que calculo irá aumentando considerablemente, sobre todo porque como sabemos, el cannabis es tan diverso como los usos medicinales y lo que funciona para unos no funciona para otros”.
La ley no hace legal el autocultivo, los artículos 6 y 8 parecen insinuar que las personas registradas podrán cultivar siempre bajo estricto control del Estado y con fines medicinales pero no lo garantiza, ni deroga la legislación vigente que lo penaliza, así que será un derecho post facto, más o menos lo que viene haciendo hasta ahora la jurisprudencia argentina que ya ha absuelto a varios monocultivadores. Esto significa que pueden entrar a tu casa, allanar tu cultivo y luego absolverte de todo por estar registrado, pero el daño ya está hecho y nada te protege ante eso.
Una chapuza legal para zanjar el debate del autocultivo que ya sabemos es la criptonita de los conservadores. Según Luis Petri, miembro del partido Cambiemos, no han querido hablar de autocultivo porque para ellos esto es un medicamento y como tal lo tiene que “garantizar” el Estado. Para el gobierno el “problema” es crear una “excepción” a la ley de drogas que permita a estas madres tener protección legal pero sin fomentar el narcotráfico. Para las madres el problema es que la ley las ha dejado exactamente igual que antes, precisamente por no abordar el tema del autocultivo, ya que como han denunciado en muchas ocasiones los médicos no les recetan cannabis ya sea por prejuicio o por ignorancia y cultivar es la única forma no ilegal de darle calidad de vida a su hijos. Podemos asumir que para el narcotráfico no hay ningún problema ya que continúan en la ilegalidad tanto buenos como pecadores y a ellos no les tocan el mercado.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE TODO ESTO?
Para Diana hay otra lectura “esta ley no está haciendo otra cosa que lo que ya permite el artículo 4 de la Convención del ’61 sobre estupefacientes, donde habla de sus usos legítimos como el medicinal y el de investigación científica. Así que sólo está cumpliendo con lo que dice la Convención y garantizando el derecho a la salud de los ciudadanos”, nos recuerda que mientras se aprobaba la ley allanaron la casa de una cultivadora medicinal en Córdoba y añade “yo lo veo como algo político, este gobierno quiere parecer progresista pero con esta ley deja mucho que desear”.
En los últimos diez años se presentaron un total de siete proyectos diferentes al Parlamento, muchos incluyendo el autocultivo y/o el cultivo colectivo, pero en tema de drogas Argentina es un país muy conservador con penas durísimas y poca voluntad política para hablar del asunto, tanto que ninguno de estos proyectos jamás llegó a ser tratado por alguna comisión del Parlamento.
El actual proyecto de ley fue fabricado por la coalición conservadora que gobierna en Argentina y vetar el autocultivo era una forma de frenar al kirchnerismo pero también de desarticular el clamor social conseguido por asociaciones como Mamá Cultiva o Cameda. Mujeres incansables que llevan años persiguiendo parlamentarios para reclamar sus derechos, que han conseguido movilizar la opinión pública argentina llenando las plazas y los medios de comunicación con sus desgarradores testimonios y con su inmensa sabiduría, han educado y conmovido a los argentinos al punto que los de arriba ya no podía ignorarlas…. pero como buenos neoliberales ahora quieren colarles gato por liebre.
Diana, como la mayoría del activismo, opina que “lo peor es que la ley ignora a los cultivadores, su conocimiento y experiencia en el tema, sobre todo porque como sabemos, el cannabis es tan diverso tanto en usos medicinales como en sus cepas, entonces si bien la ley dice que va a investigar, no tiene en cuenta el trabajo ya hecho por los cultivadores solidarios, que siguen en la ilegalidad bajo los términos de esta ley, y que han sido los que han hecho el seguimiento de las genéticas y las diversas patologías de los pacientes a los que ayudaban” y resalta que además vulnera su libertad de acción individual protegida por el art. 19 de la Constitución Argentina. Para ella esto es “un primer y muy tímido paso de regulación en el tema y fue aprobado tan rápido porque es lo mínimo de lo mínimo que un Estado puede hacer”. Es tan mínima la ley que en realidad no es nada, es un truco de magia política digno de un principiante.
Por no querer tocar el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes Argentina, que castiga con prisión y multas el cultivo de cualquier droga, han tenido que aprobar esta normativa como Ley Civil Federal y no como Ley Penal Federal, lo que implica que no es obligatoria y que las diferentes Provincias ahora han de decidir si quieren o no adherirse a la ley, sumando incertidumbre para todos los afectados, pues aunque existen ya cinco provincias con leyes muy similares a ésta, faltarían otros dieciocho procesos para conseguir una protección estatal plena.
Pero como señala Diana “se espera que este sea el primer pasito de muchos cambios en la legislación, sobre todo hacia el uso industrial que tiene tantísimos beneficios y es un motor de desarrollo, y más adelante, cuando se hayan derrumbado los tabúes sociales, hacia el recreativo”, para ella lo mejor de esta ley es que las personas que necesiten medicinas van a poder obtenerlas de forma gratuita, garantizando el derecho a la salud “y lo de la investigación científica. POR FIN!!!!!”.
Y tiene razón si se piensa que en EEUU todo empezó por el cannabis medicinal y hoy más de la mitad de los Estados han legalizado su uso terapéutico y como no siguiendo sus pasos ya tenemos a Colombia, Chile, México, Puerto Rico y por supuesto Uruguay que camina hacia una regularización total. Pero no olvidemos que esta ley no cambia casi nada la vida de cientos de pacientes, no olvidemos que estamos ante un espejismo legal, porque las madres seguirán cultivando y esto seguirá siendo un acto criminal, lo único bueno es que su incansable rebeldía eventualmente llenará el vacío que deja esta ley.