Durante el día de ayer jueves 5 de julio tuvo lugar en el Congreso de los Diputados (sala Ernest Lluc) el acto organizado por la plataforma ciudadana “No Somos Delito”. Esta tribuna agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil y lucha por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”.
Exige la revisión del Código Penal en aspectos tales como las devoluciones en caliente, la eliminación de redadas racistas, derecho a la intimidad y seguridad en cacheos y registros o la habilitación de mecanismos que faciliten la participación efectiva de la sociedad en el proceso de creación de una nueva ley, entre muchos otros.
Ante diputados de los principales partidos políticos (Enric Bataller, Compromís; David Serrada, PSOE; David Carracedo, IU; Miguel Ángel Gutiérrez Rivas, Cs) se expusieron las necesidades de la sociedad, representados en éste ateneo.
Participaron en el acto asociaciones tales como Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información, Cáritas, AFEMTRAS, CONFAC, Red Acoge, SOS Racismo, ALA, Comisión Legal Sol, ATTAC, Defender a quién Defiende/Novact, Ecologistas en Acción, Greenpeace España y el colectivo Yayxflautas.
No Somos Delito
Mónica Hidalgo es la portavoz de la plataforma. Nos explica que se trata de una organización apartidista, no buscando así la representación concreta de ningún partido, de modo que hoy han venido representados por Enric Bataller y Compromís. “Soy farmacéutica y creo que es un atraso que la marihuana no esté legalizada, al menos para uso terapéutico”, comenta. “No podemos permitir que un porro sea consecuencia de las desmesuradas multas que se están imponiendo gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), una ley que solo busca oprimir y censurar a la gente”. Con el cambio de gobierno, ésta se convierte en una oportunidad propicia para conseguir un “cambio total” en el marco legal actual, no solo en la LSC, sino en el Código Penal y la Ley Antiterrorista: “Con este cambio esperamos que se abra una ventana de esperanza y recordar el discurso de investidura de Pedro Sánchez y las promesas de su anterior programa electoral”. “Esperamos del acto de hoy que al menos se nos escuche y se nos tome en cuenta para la redacción de una nueva ley, a las asociaciones que llevamos 15 años luchando por las libertades de la sociedad civil”.
CONFAC
Beatriz Macho, abogada representante de la Confederación de Asociaciones Cannábicas, se presenta como portavoz ante la audiencia. Previamente, el público había tenido la oportunidad de ver el teatro legislativo a cuenta de la compañía de teatro “Bajarse al Sur”, una interesante pieza de contexto e interactuación con el auditorio. Tras ella, Héctor Brotons (Estudio Jurídico BROTSANBERT) en representación del Observatorio Europeo del Cannabis, junto con dos delegados de la AMEC, Jorge Caneja y su presidente, Lucky.
“Es intolerable que se siga persiguiendo y sancionando a consumidores de cannabis, a la vista de cantidades que normalmente no pueden pagar. El colectivo cannábico tiene el récord de multas, casi el 90% de todas las que se imponen bajo la Ley Mordaza y son de al menos 600 euros, lo que es el salario mínimo”, explica. “Aunque el cambio de gobierno puede ser un momento preciso para propiciar un cambio, llevamos denunciando estos abusos desde el principio de la LSC. Con esta participación en No Somos Delito, conseguimos que los partidos políticos se adhieran a nuestras peticiones, hacernos visibles ante la sociedad y hacer desaparecer el mito del hermetismo alrededor de la comunidad cannábica. Aquí lo que estamos haciendo es dar la cara, decir que somos consumidores de cannabis y explicar que la única solución que tienen para nosotros es multarnos. Además estamos agrupándonos con otros colectivos que tienen mucha carga social y visibilizándonos juntas. Somos millones de votos y contamos con mucha gente que nos apoya, deben hacernos caso en la lucha por nuestros derechos”.
“Pensamos que debería desaparecer el cargo de tenencia en vía pública, porque lo vemos sin sentido y pensamos que no tiene ninguna relevancia para la sociedad. Entra dentro de nuestro derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento y no debe ser por ello sancionado. Preferimos fijarnos en el modelo de Portugal. Nos parece estupendo toda la prevención e información que pueda hacer el Estado, pero no a través de multas que solo buscan castigar al usuario que ha tomado una elección personal.” Apunta la letrada.
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Por su parte, Héctor Brotons (BROTSANBERT) apunta la oportunidad que supone un cambio de gobierno para introducir enmiendas legislativas y propuestas a partidos políticos para que escuchen las necesidades de la sociedad civil, aquí representada. “No solo los usuarios de cannabis son los afectados por ésta ley, así mismo se trata de una forma de registrar sin motivo a casi un millón de personas al año. Hay que estar ahí y presionar para que se acuerden de nosotros” expone.
“Creo que puede darse un cambio real en la legislación. Sin embargo, parece que hay derechos “de primera” y otros “de segunda”, aunque hay que recordar que los consumidores de cannabis son un grupo particularmente castigado y no creo que el tema deba ser tratado como algo “de segunda”, pues se está tratando a personas reales como “de segunda” incluso “de tercera”. Es fundamental estar junto a los colectivos de No Somos Delitos pues ellos también se acuerdan de nosotros en sus exposiciones, como la de Comisión Legal Sol, que han señalado también nuestros problemas. No se puede discriminar a la gente por su forma de ser, por haber elegido un estilo de vida, en este caso, el del cannabis”.
Como apunta Beatriz durante su intervención, el 10% de la población consume cannabis sin que suponga un riesgo para la seguridad ciudadana, ni refleje ninguna alarma social. Cuatro millones de personas bajo la lupa implacable del Estado que persigue y multa sin sentido. 300.000 multas al año, 1000 multas por día. Cacheos indiscriminados. La LSC nos persigue, a ciudadanos, a periodistas, a consumidores, a trabajadoras del sexo, manifestantes, tuiteros, raperos, activistas, ecologistas, inmigrantes, abuelas y abuelos. No somos delito.
