De la mano de especialistas, hemos podido conocer mejor y actualizar nuestros conocimientos y límites acerca de la legislación y políticas del cannabis. El bufete de abogados nos explica el estado de la regulación y legislación actual respecto de temas como el asociacionismo, el CBD, el controvertido drogotest, su visión sobre el próximo proceso de legalización en España, así como un pronóstico de cuándo será legal la marihuana en España.
Brotsanbert es un estudio jurídico especializado en temas de salud pública con singular referencia al cannabis. Abordan cualquier asunto y, en especial, los de siniestralidad laboral y responsabilidad civil con relación con el cannabis. Cuentan con 15 años de experiencia nacional e internacional, tienen un gran número de casos ganados y están a la vanguardia en temas como el drogotest, asociacionismo o consumo terapéutico. Trabajan y colaboran en todo el territorio nacional, y además participan en ferias y festivales, dando conferencias y apoyo jurídico en todo el ámbito nacional. Este último año han participado en el Rototom Sun Splash Festival, la semana grande de Bilbao y en gran número de reuniones con distinto grado de formalidad.
Destaca el reciente caso de la asociación cannábica Pannagh, donde todos los miembros han sido absueltos por el Tribunal Supremo, valiendo de precedente como un éxito en el movimiento cannábico.
Además, han ganado distintos casos de consumo propio donde a los clientes se les han encontrado grandes cantidades de marihuana. En el último caso, por ejemplo, la policía halló 2 partidas de 12.7 y 9.7 kg de marihuana donde el juez aceptó que se trataba de consumo propio.
También son especialistas en casos de drogotest, donde se han archivado ya varios casos, y trabajan y avanzan en el campo de asociaciones cannábicas. Hablamos con su fundador, Héctor Brotons.
¿Por qué este interés por el mundo activista cannábico?
Bueno, he de decir que, yo personalmente, en mis inicios relacionados con el “mundo antiprohibicionista cannábico” fui activista antes que abogado. De hecho, participé en las reuniones previas (Coordinadora Estatal de Asociaciones Cannábicas) a la constitución de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC, actual ConFAC), en donde fui Secretario durante dos años. Es por esa época donde nace el estudio jurídico Brotons Albert. A los pocos años, empecé a colaborar con Esther Sánchez y, posteriormente, con Joan Bertomeu, con quienes comenzamos con el proyecto actual de Brotsanbert. Desde aquí, seguimos la línea de un bufete de abogados comprometidos con el respeto a los derechos humanos: en general y en particular entendemos que el uso del cannabis, por los distintos motivos que se pueda hacer, está amparado por la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad. Además, la prohibición de las plantas es una irracionalidad, siendo el cannabis en especial una sustancia con propiedades terapéuticas de sobra reconocidas, lo que provoca una vulneración del derecho a la salud de los pacientes que no tienen acceso a esta planta. Asimismo, algunos de los integrantes en el equipo han sido usuarios de cannabis y/o conocido a personas que lo consumen, viendo los efectos negativos de la prohibición, como son la criminalización, insalubridad de la sustancia, delincuencia, falta de información… como cualquier ciudadano puede apreciar. De hecho, yo empecé a recurrir sanciones administrativas por aplicación de la antigua Ley de seguridad ciudadana, cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Alicante. Hay que tener en cuenta que rondan las 250.000 sanciones al año por tenencia y consumo de cannabis exclusivamente, lo que supone una represión de baja intensidad pero demasiado extendida. Podemos entender la sanción a consumos “ostentosos”, a la vista de menores, en determinados lugares públicos o privados (como el tabaco o incluso más restrictivo si se quiere, entendiéndolo como un paso de transición), pero no la mera tenencia en lugares privados, en donde no se interfiere con derecho alguno de tercero ni general, salvo una concepción discriminadora, que es lo que hay. Por eso, seguimos con interés en el mundo activista cannábico.
Después de la absolución de la Maca y Pannagh, ¿cuál creéis que será el futuro de los clubs sociales cannábicos? ¿Hay una voluntad política de regulación?
Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha absuelto a Pannagh, la sentencia lo hace por un motivo formal, tras ser estimado previamente el recurso de amparo por el Tribunal Constitucional, y mantiene su tesis de ilegalidad de estos colectivos. Por otro lado, se siguen dictando sentencias como, por ejemplo, la de la Maca, que aboga por la tesis que fue mantenida anteriormente a las sentencias del Supremo por la mayoría de tribunales y que es la de la legalidad o atipicidad de estos colectivos. Es decir, que no existe delito de tráfico de drogas. Asimismo, desde el despacho hemos obtenido otras resoluciones favorables al funcionamiento como club, como una sentencia absolutoria en un caso con 70 socios y 3 causas archivadas con asociaciones que iban de los 50 a los 200 socios.
Por lo tanto, no hay seguridad jurídica con respecto a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC). Sin embargo, parece que el movimiento cannábico es imparable: los usuarios están convencidos de que la prohibición del cannabis conlleva una vulneración de sus derechos fundamentales y estos siguen asociándose para procurarse el consumo de la sustancia. Por lo tanto, si los jueces no reconocen esta realidad, tendrán que ser los políticos y el poder legislativo los que aborden la regulación. Efectivamente, creemos que sí hay voluntad política, porque miembros de tres de los cuatro partidos mayoritarios más algún partido nacionalista ya se han pronunciado en ese sentido. Además, por muchas comunidades autónomas se han aprobado propuestas de ley (PNL) instando al gobierno central a que aborde la regulación. Nuestro bufete ha participado en algunas de estas iniciativas, además de reconocer expresamente este tipo de entidades y animarlas a que se autorregulen.
En cuanto a la regulación, en concreto de los CSC, no tenemos duda de que deben de ser respetados e incluidos en la regulación, pues sin los mismos, el movimiento cannábico no habría avanzado en España como lo ha hecho, además de desarrollar derechos legítimos. Además, estos colectivos, sometidos a una buena regulación, reducirían los potenciales daños del cannabis de una manera sustancial, aparte de propiciar un lugar para el consumo de la sustancia y la posibilidad de socialización de los usuarios. Hay que sentirse orgullosos de que el modelo CSC haya sido adoptado en países como Uruguay, Bélgica o Alemania y sea objeto de interés por muchos otros países.
Supuesto esto, esperamos que en la presente legislatura se pueda avanzar en una regulación con la apertura de la Comisión Mixta, y que, de una vez, se aborde la cuestión del cannabis.
Hablando de manera lógica y mirando los hechos, ¿creéis que una legalización del cannabis será posible en España a corto plazo? A largo plazo, ¿cómo crees que ocurrirá?, ¿venta libre, regulación, autoproducción…. ?
Parece que la regulación del cannabis es un hecho que va a producirse y sólo falta saber cómo y cuándo. La OMS va a proponer que se reclasifique el cannabis en los tratados internacionales y parece que este hecho se va a debatir tanto en la CND (Comisión de Estupefacientes) como en la UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas) de 2019. Esto conllevaría la implantación del cannabis para fines medicinales de manera global, sin las restricciones que ahora tiene. Por otro lado, Canadá ha regulado ya el cannabis para fines recreativos y parece que la voluntad del partido demócrata de los EEUU es la de un cambio en las políticas con respecto al cannabis.
España podría adoptar la misma solución que Canadá o Uruguay y sumarse a la regulación integral del cannabis. Sin embargo, parece que este va a ser un hecho que venga determinado por un relativo consenso internacional, como mínimo de países europeos importantes o de EEUU. Por otro lado, desde el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) se ha planteado la posibilidad de una regulación que no implique una vulneración de los convenios internacionales. Esta consistiría en aprobar leyes que den seguridad jurídica a un hecho que no está penado en el ordenamiento jurídico español como es el cultivo para autoconsumo, además de derogar las multas por tenencia y consumo de la ley mordaza e implementar unos test de drogas en carretera que no den falsos positivos y que sancionen la afectación en la conducción, y no la mera presencia de una mínima cantidad de THC en el organismo.
Estas modificaciones son posibles en esta legislatura y creo que, desde la sociedad civil, se debería presionar para ello. Pero queda poco tiempo, tanto para el trabajo en la Comisión de Sanidad ya aprobada, como para la apertura de ponencia en la comisión mixta y su tratamiento integral.
Esperamos que en un plazo de no más de 5 años podamos estar hablando de que en España el cannabis es legal, tanto para fines terapéuticos como recreativos, con una regulación basada en el autocultivo individual y colectivo, así como en establecimientos autorizados. Y que estas normas estén inspiradas en la filosofía de la reducción de los potenciales riesgos del cannabis y, por lo tanto, en el respeto a la salud de los usuarios. Entendemos, también, que está mucho más cerca, y sería la prioridad de cualquier legislación, el respetar el ámbito de los derechos fundamentales, los cuales son el consumo, la tenencia y el auto cultivo, modificando las leyes discriminatorias como la actual ley de tráfico con respecto al cannabis.
Después de vuestra participación en el Congreso con Confac y No somos delito, ¿cuál pensáis que es el camino hacia la revisión de la así llamada Ley Mordaza?
Esta ley está siendo utilizada para sancionar en su mayoría a usuarios de drogas, en especial cannabis. En este último año 2017, el número de denuncias y sanciones a usuarios, así como la recaudación en base a las mismas, no ha dejado de crecer. Se llevaron a cabo 376.271 denuncias por infracciones de la Ley Mordaza en materia de drogas y se impusieron 156.981 sanciones por tenencia y/o consumo en la vía pública (frente a las 126.115 del año 2016), lo que produjo una recaudación de nada menos que 102.603.348 €. Esto supone que en el 2016 el 64% de las multas mordaza fueran por drogas y en 2017, el 69%.
La mayoría de estas sanciones son por simple tenencia, lo que supone una irracionalidad, al entender que la mera tenencia de cannabis no afecta al bien protegido por la norma: la seguridad ciudadana. Por lo tanto, entendemos que los artículos relativos a drogas deberán ser derogados. Aunque esto supondría no ingresar más de 100 millones de euros anuales. A lo que habría que restar los gastos que origina todo el sistema en policías, administración, laboratorios, jueces…y tener en cuenta los impuestos que se obtendrían en una futura regulación. Todos estos datos los extraemos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Además, habría que añadir comunidades autónomas como Cataluña, que tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana delegadas, así como ayuntamientos que también han optado por tramitar las multas por seguridad ciudadana. No es difícil de imaginar que la regulación del cannabis, aparte de reducir los potenciales riesgos en la salud, revertiría en las arcas públicas más de 100 millones de euros anuales, que podrían ser destinados a prevención y tratamiento de las adicciones.
Ahora mismo, es una prioridad para el movimiento antiprohibicionista cannábico incidir políticamente en la modificación de la ley mordaza, y en concreto en lo relativo al castigo de la tenencia, consumo y cultivo. No podemos dejar pasar otra oportunidad, y más cuando es un proceso que está en marcha, con lo difícil que es activar todo el engranaje burocrático-legislativo.
¿Cuál es la situación actual de la ley con respecto al CBD? ¿Habéis tenido algún caso relacionado con el CBD?
La situación con respecto al CBD está bastante convulsa estos días. Según la Unión Europea los extractos de CBD, al no ser un alimento tradicional antes de 1997, deben de someterse a la normativa de nuevos alimentos. Para poder cumplir con esta normativa se debe de aportar un informe de inocuidad o de no toxicidad de este compuesto. Sin embargo, esto no parece que vaya a ser problema, pues la OMS, en su preinforme sobre CBD, ya se pronunció diciendo que el mismo ni era tóxico, ni adictivo, ni psicoactivo.
Esto no pasa con la planta de cannabis, que sí es reconocido por la Unión Europea como alimento de uso tradicional antes de 1997 y, por lo tanto, no se somete a esta normativa (siempre que la semilla sea certificada y no supere el 0,2% de THC). Igual pasa con el aceite de cáñamo, que es considerado alimento tradicional. Estos formatos pudieran tener CBD, pero a nuestro entender no estarían fiscalizados. Sin perjuicio de ello, nos encontramos ante una normativa, en general, muy obsoleta e incompleta, que puede llevar a interpretaciones distintas y que urge revisar y aclarar.
Ahora mismo tenemos muchas consultas sobre CBD y algún caso de incautación de flores con bajo contenido en THC. Hay que tener en cuenta que es un tema muy nuevo y las fuerzas y cuerpos de seguridad no están familiarizados. Tampoco los jueces. Sin embargo, si se demuestra que la sustancia no es estupefaciente, que tiene orígenes en semillas certificadas y que los fines eran industriales, no debería haber problema para no tener consecuencias penales.
¿Qué opináis del drogotest y por qué?
Los test de drogas en carretera son el último ataque frontal del sistema prohibicionista a los usuarios de drogas. Estos están amparados en uno de los bienes jurídicos más importantes: la seguridad vial. Sin embargo, no es razonable sancionar el uso de drogas, amparándose en la peligrosidad para la conducción, si no se tienen las capacidades mermadas. Lo que hay que proteger es la seguridad vial con unas pruebas que no den falsos positivos y que acrediten que el conductor tiene las capacidades psicofísicas afectadas. En mi opinión, la ciencia podría solucionar este problema igual que sucede con el alcohol. Solo hace falta realizar un estudio sobre cómo afecta cada sustancia a la conducción y, después, con cuánta cantidad de sustancia no se tienen las capacidades limitadas. Es decir, si el efecto de un cigarro de cannabis dura máximo cuatro horas, el punto de corte sería la cantidad de THC en ng/ml que existe en el organismo transcurrido este tiempo. Y ahí es donde se debe de situar el punto de corte. Es una injusticia que se realicen controles un lunes a las 8 de la mañana para detectar el cannabis consumido durante la noche del domingo.
Lo adecuado sería establecer alguna técnica que controlara las capacidades para conducir, incluso de conductores que no han tomado sustancia alguna y no están en sus plenas facultades. Esto seguramente sí evitaría el número de accidentes en carretera. Por otro lado, hemos de decir que no hay estudio alguno que relacione consumo de cannabis per se y siniestralidad.
En este despacho incluso hemos llevado procedimientos de ciudadanos que no consumían, sino que eran consumidores pasivos y de gente que no había consumido en más de 24 horas. De hecho, los propios jueces se plantean la constitucionalidad del artículo en cuestión de la ley de tráfico. Este es el caso de un tribunal de Vitoria que así lo hizo, aunque el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión argumentando de forma genérica que el uso de sustancias es perjudicial, refiriéndose a lo establecido en los Convenios Internacionales. Lo que hemos de criticar, con todos los respetos, por insuficiente y desfasado.
Por ello, desde el despacho vamos a presentar inminentemente, en otro asunto, un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para que se revoque lo relativo al drogotest de la ley y se busquen fórmulas que, protegiendo la seguridad vial, respeten los derechos fundamentales.
«Si el conductor sabe que dejando de fumar cinco horas antes no va a dar positivo, posiblemente no fumará. Si sabe que va a dar positivo siempre, quizá sea más difícil que se pueda adaptar a eso, además de considerarlo injusto.»
¿Creéis que se deberían emplear métodos de análisis más fiables para la detección de THC o crees que más control no cambiaría nada?
Los métodos que se deberían aplicar serían unos aparatos regulados con un punto de corte que dieran seguridad a las personas que fumaron, por lo menos, la noche anterior. Aunque entendemos que, con haber dejado de consumir cuatro o cinco horas antes, sería suficiente en términos científicos. Además, hay que pensar que esto mejoraría la seguridad vial. Si el conductor sabe que dejando de fumar cinco horas antes no va a dar positivo, posiblemente no fumará. Si sabe que va a dar positivo siempre, quizá sea más difícil que se pueda adaptar a eso, además de considerarlo injusto.
Otra opción es la implantación de test psicotécnicos y de psicomotricidad en carretera. Ya existen aplicaciones en ordenadores portátiles que permiten saber si se tienen las capacidades limitadas para la conducción. Esto posibilitaría detectar sustancias que no son detectadas por los actuales drogotest, así como detectar a personas que no hayan descansado lo suficiente o con otra circunstancia que limite sus capacidades psicomotoras.
¿Cuáles son los retos para el Observatorio Europeo de Consumidores y Cultivadores de Cannabis de este año?
El OECCC ha presentado una propuesta para solicitar la apertura de la Comisión Mixta Congreso Senado para el problema de la droga a todos los partidos políticos, para que definitivamente se abra una ponencia con el mayor consenso posible. En dicho debate, ya sea en la ponencia o en cualquier proceso de modificación que se inicie, queremos aportar a través un libro multidisciplinar argumentos históricos, sociológicos, médicos y jurídicos sobre el consumo y cultivo de cannabis en España. Esperamos que este año se abra una ponencia en la comisión mixta Congreso Senado sobre drogas que, de una vez por todas, aborde la regulación integral del cannabis en España. Así mismo, nos gustaría que se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en el trabajo realizado en dicho libro y colaborar en la elaboración de la ley, dando voz a la sociedad civil en general y a los expertos en la materia. Para ello, seguimos con una rueda de financiación de las empresas del sector, principalmente, que es otro de los ámbitos que se quiere tener muy presente, en el proceso de regulación, teniendo en cuenta su existencia duradera, su apoyo y asesoramiento a los usuarios de cannabis de todo tipo, ya sean terapéuticos o recreativos. Asimismo, se quieren aportar soluciones y procesos que hagan que nuestro estudio esté entre los líderes de este emergente sector económico.
También se quiere desde el observatorio, y en su enfoque de defensa del usuario y de sus derechos fundamentales como eje central, apoyar procesos de defensa concretos que puedan valer de precedentes o puedan provocar modificaciones de ley, como es el caso del recurso al TEDH, o recursos ante altos tribunales en casos de consumo, tenencia o autocultivo. Precisamente en relación con esto, ya desde hace años, Brotsanbert puso en marcha el proyecto de recurso de multas por internet, una herramienta que facilita recurrir multas por tenencia y por positivo en drogotest a un coste muy reducido, siendo esta una de las facetas activistas más destacadas de nuestros despachos. Es más, de cada uno de los recursos que se tramitan se reserva un 5% del importe en un fondo para financiar los recursos que se plantean a los altos tribunales.
¿Por qué si tengo un problema relacionado con el cannabis debería contar con Brotsanbert? ¿Qué diferencia a Brotsanbert de otro abogado?
Nuestro despacho cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa de cultivadores y usuarios de cannabis, así como en la defensa de asociaciones cannábicas. Durante este tiempo, se han defendido más de 1.500 causas y hemos conseguido sentencias que han supuesto un cambio en el tratamiento del cultivo de cannabis por la jurisprudencia. Además, tenemos un equipo especializado dentro de los distintos aspectos jurídicos que afectan al cannabis y comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de los usuarios, participando de manera activa en los procedimientos regulatorios para un cambio en las políticas de drogas, así como comprometido con el apoyo a empresas del sector para que puedan desarrollar sus proyectos. Contamos asimismo con expertos colaboradores de otras ramas, como economistas, fiscalistas, biólogos, laboratorios, ingenieros agrónomos, psicólogos, especialistas en reducción de daños…
Entrevista realizada por Carles Gradolí y Adele Corrado.