Benito Díaz
El pasado 10 de mayo, se celebró en Madrid la III edición de las conferencias “Sembrando el cambio”, cita ya ineludible para el colectivo cannábico, previa a la Marcha Mundial de la Marihuana de la capital. Asistimos a la tercera edición de las conferencias previas a la #MMMM2019, este año bajo el lema “Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”, en las que participaron organizaciones y grupos sociales con las preocupaciones más actuales.
En esta ocasión, las charlas se trasladaron al Centro Cultural de Lavapiés, sito en la calle Olivar 46, algunas calles más arriba del cuartel general de la AMEC, donde tuvieron lugar el año pasado. Allí se esperaban las intervenciones de las principales organizaciones cannábicas que se confrontarían con los actores sociales y el público, esperando información, reflexiones y propuestas al respecto del panorama de la cannabis en nuestro país.
Abría la sesión, moderada por el presidente de la AMEC, Lucky, la representante del International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS), Constanza Sánchez, una entidad internacional que se encarga del estudio, protección e integración de plantas medicinales y sociedades indígenas. Sánchez analizó las políticas de drogas imperantes en Europa. “Este año se cumplen 10 años desde que la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), dictaminó que debían avanzar hacia una sociedad en la que las drogas estuvieran erradicadas, desaparecidas. Como ya sabrán, no han tenido ningún éxito en su empresa”, explicó. “Los cambios son lentos, pero ya hay una narrativa e intención de cambio dentro de la ONU, como podemos ver en las propuestas de la OMS en cuanto a la fiscalización de la marihuana. Con la introducción de las voces de la sociedad civil, la petición de responsabilidades… ahora ya sabemos quién toma las decisiones”, aclaraba.
A continuación, tomó la palabra Ana Afuera, en representación de Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD). Recomienda fiscalizar la marihuana como una responsabilidad de los países para facilitar y promover la flexibilidad de los tratados internacionales. Así, presenta una propuesta general que contempla el autocultivo, los clubes y el uso terapéutico del cannabis. “Debería ser una actividad protegida, tanto el uso como el cultivo. Ambas, actividades no punibles y respaldadas, pues el autocultivo es la única manera honesta de conseguir la sustancia que muchos pacientes necesitan”, expuso Afuera. Afirmó la necesidad de reconocimiento de la cultura del cannabis, su uso terapéutico y el derecho de los pacientes a elegir su tratamiento, incluyéndolo como posibilidad en las listas de la Seguridad Social. También, la libertad de investigación y la regulación de los clubes sociales de cannabis. “Necesitamos un cambio de paradigma en las políticas de drogas”.
Beatriz Macho, en representación de la Confederación de Federaciones y Asociaciones Cannábicas (CONFAC), detalló el funcionamiento de las instituciones legislativas del Estado y su responsabilidad en la aplicación de políticas con el cannabis. “En la actualidad, estamos esperando a ver de qué va este nuevo gobierno”, comenta la abogada. Macho señaló las irresponsabilidades de los poderes públicos, como el poder judicial con condenas a clubes y consumidores, sanciones por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y promulgación de leyes como la Ley Mordaza. “Más de 1100 multas al día es razón suficiente para ir mañana a la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid”
Ivan Fornils, de Energy Control, entidad preocupada por la composición de las drogas y la gestión de placeres, nos cuenta cómo llevan a cabo los análisis de las muestras de marihuana que les envían, encontrando en muchas de ellas rastros de pesticidas, metales pesados, para los cuales no hay una regulación específica. “Faltan laboratorios que abarquen todas las necesidades analíticas de control de calidad”.
Cerrando la primera ronda de intervenciones, Hector Brotons, en representación del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC). Trae bajo el brazo la nueva propuesta del Observatorio, un libro titulado Autocultivo y uso de cannabis en España según sus propias palabras “un documento técnico sobre los aspectos históricos, terapéuticos, sociológicos, agrícolas y jurídicos del uso y cultivo del cannabis”. “El Estado debe proponer medidas para garantizar los derechos de la Sociedad Civil y abordar el tema desterrando la opinión de que se trata del problema de las drogas”, analiza Brotons. El libro, que cuenta con un prólogo escrito por Antonio Escohotado, aborda el cultivo de exterior, estableciendo cantidades orientativas para su legalidad; cultivo de interior, modificaciones legales pertinentes, posesión y cultivo en vía pública, uso de cannabis terapéutico y otras muchas cuestiones.
Tras el descanso e iniciando la segunda ronda de conferencias, moderadas por Martín Barriuso de CONFAC, Iván Ayala, profesor de Economía en la URJC, diserta sobre el impacto del cannabis: “Nos hemos dado cuenta de que hay un consenso que pide un acuerdo en el mercado del cannabis”. Ayala sugiere la experiencia registrada en otros países y el examen del modelo económico que se ha visto implementado por la legalización. “Necesitamos una medida que demuestre que nadie estaría peor que ahora si el cannabis fuera regulado”.
La Unión General de Trabajadores en su sección de Servicios, Movilidad y Consumo (UGT FESMC), también se hizo presente por medio de su representante, Afra Blanco, que señaló la importancia de quienes trabajan en este sector, abocados a una invisibilidad manifiesta, que necesitaría de una regulación y una apertura para hacer valer sus derechos.
Recogió el testigo Patty Amiguet, en representación de Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA) y CONFAC, que apuestan por una regulación integral. “La necesidad de buscar diferencias entre las distintas gestiones de Clubes Sociales de Cannabis, es tan solo una forma de pelearnos entre nosotros”, afirmó. “Buscamos una regulación que priorice el respeto, la autonomía, los derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la sostenibilidad ecológica y el beneficio social, el derecho a la salud, el libre desarrollo a la identidad e información veraz y seguridad”.
Sandra Moñino habló por voz de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis. “Queremos romper con el miedo de la gente, informar y acompañar a todos los pacientes. Hemos estado en ese lado y sabemos lo difícil que puede ser empezar a buscar una terapia con cannabis”. Ahondando en la situación del paciente para conseguir cannabis, señala que su organización tiene como objetivos el acceso con descuento a productos, acceso a estudios científicos, asesoramiento médico colegiado, formación permanente, reuniones grupales y asesoramiento legal especializado.
Cerró la sesión Amparo Grolimund, participante de las agrupaciones No Somos Delito y Yayoflautas. “Defendemos la libertad de expresión de todos, incluidos los consumidores de cannabis” asevera, refiriéndose a sus actuaciones contra la Ley Mordaza. “Queremos ayudar a los ciudadanos a sentirse libres, garantizando los Derechos Humanos fundamentales en cuanto al cannabis”.