Por Drogoteca
Un ataque a los usuarios terapéuticos de cannabis.
“¡Regulemos el cannabis! Es lo mejor que podemos hacer para que respeten nuestro derecho y no nos traten como a delincuentes.” Esto debió pensar en Canadá el movimiento cannábico cuando, tras años de soportar la guerra contra las drogas impuesta por los USA, empezaron a cambiar las cosas en el mundo del cannabis. Pero no todos los cambios eran a mejor.
Hasta ese momento (Abril del 2014) había 37.000 cultivadores inscritos en Canadá que cultivaban su propia yerba por razones terapéuticas y existía un amplio servicio de dispensarios. Pero aunque el modelo de regulación había permitido esa vía para los enfermos, iban a ser privados de ese derecho. A partir de ese momento no podrían cultivar sino que tendrían que pagar.
Ese modelo es la senda que inició Canadá. El modelo regulador del “verde con la cara de algún presidente muerto” y no el sano verde de la planta. Canadá enfrentó el asunto con mucha atención al negocio del cannabis, todos los puestos de trabajo que podría generar y todo el movimiento económico que eso traería. Y además “los pobres enfermos no tendrían que cultivar” sino que pasaban a ser clientes asegurados de un mercado en el que confluyen muchos intereses y no todos buenos.
Los cultivadores con permiso reaccionaron contra la regulación tal y como pretendía hacerla el gobierno, ya que suponía la pérdida de derechos adquiridos y consolidados durante años, como cultivar o designar a alguien que cultive para ti el cannabis que precisas. De momento lo que consiguieron fue una exención sobre la norma que entró en vigor el 1 de Abril del año pasado, pero era un mal parche sobre un descosido demasiado grande. No había otra opción que la de impugnar dicha ley -o al menos intentarlo- y presentaron una enmienda contra dicha regulación.
La argumentación es clara: tendrán menos variedades de cannabis y menos específicas para las dolencias de cada enfermo, además de estar limitados a tener en su poder una cantidad más baja (y a efectuar compras más a menudo) ya que se les limita a tener 150 gramos cuando antes dichas personas podían poseer legalmente todo lo que fueran a consumir en 30 días. Y hay enfermos que usan cantidades que pasan de los 10 gramos al día.
La pelota está ahora en el tejado del estado, a quien hace unas semanas -en el primer día de audiencia- se le planteó que la carga de la prueba la debe aportar él para limitar un derecho de forma razonable ya que la nueva medida viola derechos constitucionales que protegen la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Asimismo los demandantes plantean que se fuerza a las personas a elegir entre su salud o la cárcel, especialmente a aquellos con posibilidades económicas más bajas, ya que no pueden permitirse los precios que fijan las empresas con el nuevo modelo, y en esas situaciones la elección queda entre seguir cultivando y arriesgarse a ir a la cárcel o rendirse y dañar su salud.
La línea de defensa del estado en este caso es un poco más del lloriqueo habitual: se quejan de que se ha pasado de unos 10.000 cultivadores registrados a 37.000 y que la ley entonces se hizo para “pequeños grupos” y no para la exponencial demanda de cannabis que existe ahora mismo en el país. Según ellos, es imposible controlar policialmente a los 37.000 cultivadores y presentan ese hecho -su propia incapacidad- como una razón para que se restrinja el derecho de otros. Un absurdo propio del agónico final de la guerra contra las drogas. ¿Quién necesita que se controle policialmente a los cultivadores de cannabis con permiso terapéutico? ¿Es eso el modelo de sociedad al que quieren avanzar en Canadá?
También argumentan que hay algunos cultivadores que generan más de lo permitido y que lo venden al mercado negro, haciendo especial hincapié en el peligro de dicho mercado por los mohos debidos al mal secado o a una mayor presencia de metales pesados. No existe ninguna razón por la que pensar que el excedente de marihuana de un cultivo está secado en malas condiciones o que tenga un tratamiento distinto al resto, pero lo argumenta la policía que también dice que “no existe ningún derecho constitucional a tener cantidades ilimitadas de cannabis”. Da la impresión al observar ese enfoque criminalizador de la planta que existen muchos puestos de trabajo en el lado contrario a la libertad para cultivar cannabis, como los de las fuerzas de seguridad y toda la maquinaria que hay que ir desmontando tras la fracasada guerra contra las drogas. Pero no van a desaparecer sin luchar por quedarse: han vivido gracias a la prohibición.
Al mismo tiempo el desarrollo del proceso judicial va a permitir a varias decenas de usuarios de cannabis por motivos medicinales explicarse en dicho proceso, lo cual alargará bastante el asunto que al estar en manos de la burocracia judicial ya se preveía que duraría más allá del verano y que posiblemente no haya una resolución hasta el otoño de este año.
Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar algún tipo regulación con el cannabis y de eso no existe duda, los interrogantes aparecen al abordar el asunto. Shawn Davey, uno de los querellantes -el primero que fue escuchado por el tribunal- representa todas las preocupaciones que tienen los usuarios médicos de cannabis.
Shawn resultó gravemente herido en el año 2000 en un accidente de tráfico que le dejó en coma. Sobrevivió, pero sufre de molestias nerviosas en un lado de su cuerpo, mal equilibrio, problemas de memoria y dolor crónico. Tras gastar miles de dólares en medicación clásica farmacéutica, la única cosa que le había proporcionado alivio suficiente como para poder vivir una vida autónoma era la marihuana.
“Se suponía que me iba a pasar el resto de mi vida con un cuidado especial 24 horas al día. Ahora conduzco. Vivo por mí mismo y se lo debo a la marihuana” afirmó Shawn ante el tribunal.
Pero resulta que necesita una gran cantidad de cannabis para poder llevar su vida. Se fuma un porro tan pronto abre los ojos por la mañana, y usa un vaporizador el resto del día, así como ingiere galletas con cannabis para ayudarse a dormir. También se hace su propia loción de marihuana y aceite de semilla de uva. Shawn a sus 38 años de edad calcula que ingiere cannabis cada media hora cuando está despierto, hasta consumir un total de 25 gramos diarios que es lo que estipula su permiso medicinal.
Él se cultiva su propia marihuana con la ayuda de un vecino y compañero en el uso medicinal del cannabis, en una construcción alquilada en una zona rural que cuenta con seguridad, puertas con alarmas y cámaras de vigilancia.
Si Shawn con su pensión de discapacidad y los pagos que recibe por su acuerdo a raíz del accidente, tuviera que pagarse el cannabis a precio del “nuevo mercado regulado”, incluso a un precio excepcionalmente bajo como podrían ser 5 dólares por gramo, tendría que desembolsar unos 4.000 dólares al mes, dejándole sin recursos económicos.
Aunque Shawn asegura que los motivos principales ya ni siquiera son los económicos, sino que las malas experiencias con el producto que ofrecen los cultivadores profesionales le hacen desconfiar de dicho mercado. Él consigue cosechas de su Babba Kush que son muy superiores en calidad a lo que consigue comprando de un cultivador designado. Y por supuesto, mucho más baratas.
“Confío en lo que yo cultivo, y punto” dijo Shawn a Brongers, el representante del gobierno en el pleito. “Este cuerpo es el mío y no quiero dejar a nadie más tratar con él.”
Esta situación es la que tiene en vilo a todos los cultivadores de cannabis por motivos medicinales de Canadá, que temen con razón que se les prive de un derecho que no entra en colisión con los derechos de otras personas y cuya principal razón es la de vender el pastel económico a las grandes empresas, preparadas para la producción masiva pero mucho menos apta para los fines medicinales.
Cuando escuches “regulación del cannabis” no aplaudas la iniciativa sin haber leído exactamente lo que propone quien lo presente: puede que estés apoyado tu propia pérdida de derechos. Al menos si vives en Canadá, por ahora.