El fin del año 2014 fue bonito para el activismo cannábico, y especialmente para el navarro.
La cena de Nochevieja nos la comimos pensando que Navarra había logrado un hito histórico al conseguir la primera regulación legal de los CSC o clubs sociales de cannabis en el estado español.
Y así era, lo habían logrado. Navarra sacaba la LEY FORAL 24/2014, de 2 de diciembre, REGULADORA DE LOS COLECTIVOS DE USUARIOS DE CANNABIS EN NAVARRA.
No era mentira. Una iniciativa legislativa popular había llevado el cannabis y la situación de los clubs hasta el parlamento navarro, y las peculiaridades de esta comunidad habían hecho posible el histórico logro. De los 50 votos que se pueden emitir en dicha cámara, los eufemísticos Unión del Pueblo Navarro o UPN con sus 19 votos -la otra marca del PP en la comunidad foral- y el propio Partido Popular -marca oficial- con sus 4 votos, se vieron superados por los votos del resto de los grupos representados. Votaron en contra toda la sección “derecha” de la cámara, y argumentaron que invadía competencias del estado. Era una batalla perdida ante un enemigo mayor, pero a la vez una petición de ayuda al primo fuerte de Rajoy. “Nos rendimos, pero ya vendrá uno más grande” parecía que dijeran en voz baja.
En menos de 3 meses, el ABC servía de vocero de las malas noticias, anunciando que Rajoy acudía al rescate de la situación con un recurso a la ley navarra en el Tribunal Constitucional. El ABC, muy risueñamente, indicaba que fuera de Navarra era poco probable que nadie supiera nada del asunto. Y es cierto que Navarra y País Vasco tienen un “régimen especial” que les ha permitido avanzar localmente de una mejor forma que en el resto de comunidades en lo que se refiere a la regulación del cannabis y a la normalización del mismo. También es cierto que tienen un poco de “irreductible aldea gala” al estilo de la Astérix, donde si hay que luchar hasta que se aburran, pues se lucha y punto. Con honor, su activismo les ha valido ser punteros en los derechos asociados a los usuarios de cannabis organizados en clubs donde se comparte el cultivo y el consumo, tanto lúdico como terapéutico. Y se equivoca el ABC porque aunque no seamos navarros, los usuarios de cannabis en el resto del estado español estamos enterados y pendientes de lo que pasa allí; nos interesa a todos.
Los argumentos que se blandían en el diario eran ya una sentencia y toda una declaración de intenciones: no hay nada que hablar. Nos contaban, a esos que no estuvieran enterados del “asunto navarro” que el gobierno considera que la regulación navarra invade las competencias estatales sobre legislación penal, seguridad pública, sanidad y de paso la legislación de productos farmacéuticos, reconocidas por el artículo 149.1 de la Constitución Española, al regular el consumo de cannabis más allá de los límites admitidos por la legislación estatal. Repito, nada que hablar de cannabis ni de drogas ni de regular nada; prohibición o caos es el mensaje estatal. Pero esta jugada que realiza el ejecutivo tirando del Tribunal Constitucional no sólo tiene que ver con el cannabis y la normalización que se niegan a abordar. También en ella se juegan los dados del choque de poderes en el que, en el estado de las autonomías sin autonomía, reclaman una cuota de poder superior dado lo anacrónica de la legislación sobre drogas que el estado impone, mientras las autonomías y ayuntamientos intentan sortear de la mejor manera posible para evitar daños a sus ciudadanos.
Es decir, han arrojado el asunto de la regulación del cannabis en Navarra a un campo de batalla donde da igual el contenido del asunto, lo importante es ganar a cualquier precio porque eso remarca los límites del poder en cada jugador: estado o autonomía. El cannabis vuelve a perder y en manos de un ejecutivo torpe se convierte en una punta de flecha para pelear contra la expansión autonómica, que no es más que el reconocimiento de la madurez de las mismas para decidir sobre lo que a ellas -a sus ciudadanos- les afecta.
Con este escenario, le toca dirimir al poder judicial. Ya sabemos que en nuestra constitución hay alguna alusión a la división de poderes -Montesquieu murió de risa en la pseudotransición del 78- pero son detalles menores; si hay un área judicial que copule más abiertamente con el poder político-ejecutivo, son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Se nombran entre los políticos, poniéndose todos de acuerdo, y sin que los jueces (el poder judicial) tengan nada que decir excepto “gracias” cuando les toca ser llamados a tan alto honor. Separación, sí.
Así que el Partido Popular -gobierno- le ha pasado la pelota a aquellos que vigilan que se cumpla la carta magna -de vinos y tapas- a base de sentencias que, como poco, tardan varios años en ser pensadas y elaboradas. El gobierno hace eso de la misma forma que en un partido de basket se pide tiempo, y funciona de la leche. Ahora bien, antes de que el escenario pase a ser el de un trámite burocrático interminable junto a una futura sentencia con manchas políticas, el tribunal al que se acude en defensa de la constitución tenía que ver si la pretensión pendenciera -jurispendencia, digo- del ejecutivo tenía algún sentido, o lo que es igual que admitirla a trámite. Al tribunal le pusieron la pelota en los pies a mediados del mes de marzo, y con una sorprendente celeridad lo ha admitido a trámite en un mes desde su presentación, añadiendo al mismo tiempo una suspensión cautelar de la ley aprobada por el parlamento navarro de 5 meses de duración (y que de no ser ampliada la suspensión, vuelve a abrir el asunto en puertas de unas elecciones generales). Esto ocurría el 17 de abril, aguas mil, regalito en el BOE para ti.
Lo que había sido un excelente trabajo encauzado en la ILP que desembocó en la presentación, aprobación y publicación de la ley navarra, ha quedado enfangado en el charco de la política de alto nivel. De la misma forma que en la serie de política-ficción “House of Cards” (no tan ficción), se usan las leyes como instrumentos de batalla entre grupos y personajes enfrentados, pasando su contenido a ser totalmente irrelevante y a formar parte de “una artillería” que se va usando según interesa.
Aunque lo ideal sería que el Tribunal Constitucional resolviera pronto y a favor de la ley navarra, eso pertenece al terreno de los sueños. Rápido no va a ser y es harto difícil que, en las circunstancias actuales, dicho tribunal permitiera una intromisión de una autonomía en la esfera de poder estatal. Tiene razón el Partido Popular y sus clones en el gobierno cuando dicen que la ley invade las competencias del estado. ¡¡Pues claro que sí!! Es que eso es lo que tienen que hacer si les importan sus habitantes: luchar por ellos, contra el estado si es necesario.
Cualquier parlamento con dos dedos de frente y que no esté sometido política o económicamente al poder central, tiene que abrir los ojos a la realidad y darse cuenta de que las leyes estatales están dañando a sus ciudadanos en un ámbito, como el del cannabis, que atañe sólo a la esfera de su intimidad y derechos individuales como usuario y colectivos como consumidor organizado. Es cierto que el corsé de la legislación estatal y su pobreza intelectual no permiten grandes cosas, pero nunca se avanzó en nada esperando a que los de arriba quitasen las barreras a los de abajo, sino moviéndolas de facto.
No es un bonito rincón en el que han dejado la pelota de momento, y parece más el corredor de la muerte para dicha ley que lo que debería ser: el primer acercamiento entre la realidad del cannabis y la legislación estatal, en un momento de cambio global en las políticas sobre esta planta.
Los políticos -nacionales- están ocupados con otras cosas.
Cuidándonos…
Manteniendo nuestra calidad de vida con una buena sanidad y educación.
Los servicios sociales son inmejorables.
La policía no es un cuerpo recaudatorio ni represivo.
A nadie le echan de su casa y nadie pasa hambre o frío.
Nuestros impuestos se gastan en que la sociedad en conjunto prospere.
¿De verdad importan tanto el cannabis?
Seguro que hay cosas más importantes que los problemas de los fumetas ¿no?
¿Ahora, ponerse a hablar de ello? No. No toca…
Si no toca, no hay voto.
Recuérdenlo.