Por Dr. Fernando Caudevilla
En los últimos días se ha escrito bastante sobre la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a miembros y directivos de un Club Cannábico de Vizcaya por un delito contra la salud pública del que habían sido previamente absueltos por la Audiencia Provincial.
No he leído la sentencia ni tengo capacidad para opinar sobre ella, ya que mis conocimientos sobre aspectos legales y jurídicos son nulos. Así que no puedo pronunciarme sobre el caso aunque me reservo mi opinión personal, basada en los datos que conozco y mis impresiones subjetivas.
Así que pecaría de imprudente si les hablara sobre el “Delito contra la Salud Pública” en este caso concreto o en la generalidad de las Asociaciones, ya que no soy ningún experto en Derecho. Sin embargo, ejerzo como Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde hace 15 años y la Salud Pública sí es uno de mis campos de trabajo por definición. Además llevo trabajando los últimos 4 años como asesor médico de 10 Asociaciones Cannábicas en distintos puntos de la geografía española. Así que me siento capacitado para, desde una perspectiva estrictamente sanitaria, reflexionar sobre el impacto y las consecuencias previsibles que las Asociaciones Cannábicas pueden tener de cara a la Salud Pública. Y ya les adelanto la conclusión: las Asociaciones Cannábicas son positivas desde un punto de vista de la Salud Pública, lo que no les libra de poder cometer un delito como cualquier otra persona o asociación.
Según la OMS, la Salud Pública “engloba todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y educación.”. Existe consenso sobre la importancia de las actividades de participación comunitaria, prevención de la enfermedad y protección de la salud tanto en la generalidad de la población como en grupos concretos.
Según datos del Plan Nacional Sobre Drogas, el 27,3% de los adultos ha probado el cannabis, un 7% lo ha utilizado en el último mes y 1.7% lo fuma de forma diaria. No existen evidencias de que las pequeñas y periódicas variaciones que se producen en estos datos desde hace 15 años estén causadas por la eficacia de las políticas preventivas o represivas. Es decir, las cifras se mantienen en niveles relativamente elevados sin que existan perspectivas de que vayan a producirse modificaciones en el corto o el medio plazo como consecuencia de las Políticas de Drogas.
Con el marco legislativo actual, la producción, distribución y venta de las drogas fiscalizadas se encuentra en manos de narcotraficantes, cuyas redes criminales están muy asociadas a la violencia y se ramifican en otras actividades delictivas como el terrorismo o la trata de personas. Los productos no están sujetos a ningún tipo de control médico o sanitario y el consumidor final está expuesto a fraudes y adulteraciones. En España, la aparición de los Clubes Cannábicos ha desligado las redes de producción de las redes criminales, haciendo que su impacto disminuya o se atenúe de forma significativa. En la mayoría de las asociaciones se extreman los cuidados en los procesos de producción y procesado para obtener productos de la mejor calidad posible. En muchos casos se analizan las sustancias para poder asesorar mejor sobre su consumo. Si mañana desaparecieran de golpe las Asociaciones y Clubes ¿Qué harían los consumidores? ¿Dejarían por eso de utilizar cannabis? ¿O volverían a abastecerse en el mercado negro con lo que eso conlleva? Creo que la respuesta es evidente y este impacto sobre “el estado ecológico del ambiente de vida” es una primera repercusión importante de cara a la Salud Pública.
La protección de los menores es, con mucha razón, una de las prioridades en las políticas de prevención sobre drogas. Los resultados no parecen ser como para tirar cohetes cuando la edad media de inicio al cannabis en los escolares está en torno a los 15 años y las frecuencias de consumo mensual están en torno al 15%. De hecho los únicos resultados positivos parecen estar en el tabaco, en probable relación con las recientes leyes que regulan su venta y uso. La mejor forma de controlar los efectos de una droga no es prohibirla, sino regularla. Y en este sentido las Asociaciones Cannábicas tienen una política estricta de no admitir menores de edad entre sus miembros, elevando esta edad mínima hasta los 21 en algunas asociaciones. Así, la protección efectiva de los menores también puede considerarse otra contribución de cara a la Salud Pública.
Algunas asociaciones admiten sólo usuarios recreativos mientras que otras se centran en el uso terapéutico. En el momento actual en España sólo hay un extracto de cannabis como medicación autorizada, con un precio muy elevado y acceso restringido. Pero existen suficientes ensayos clínicos de la calidad más elevada que indican que el cannabis puede ser eficaz en el tratamiento de ciertas patologías y países como Holanda, Israel, Uruguay y algunos estados de EE.UU. tienen en su farmacopea marihuanas terapéuticas. En este sentido, algunas asociaciones cumplen una encomiable labor social, facilitan información a enfermos y cuentan con facultativos especializados en el tema que orientan a los pacientes sobre la automedicación con cannabis. Doy fe en primera persona de este aspecto. Además conozco a varios colegas médicos que también trabajan en esta línea y estoy seguro de que corroboran mi impresión.
Podríamos seguir hablando sobre aspectos como la participación comunitaria, la creación de redes asociativas, la generación de riqueza, el pago de impuestos y la liberación de dinero público para programas de salud, prevención y reducción de riesgos.
Desde una perspectiva sanitaria, para poder intervenir sobre los consumidores (que, al fin y al cabo son los que más riesgos tienen de desarrollar problemas) éstos tienen que ser reconocidos como personas adultas, que tienen derecho a ser escuchados y sus propuestas al menos consideradas. Más aún cuando este modelo es más acorde a nuestra realidad social y está cargado de ventajas desde una perspectiva de Salud Pública. En su lugar, nuestras Autoridades Antidroga parecen haber optado por una declaración de guerra. Pero va siendo hora de reivindicar políticas que antepongan los Derechos Humanos y la Salud Pública a la pobre excusa de “Los Convenios Internacionales”.