Por Guillermo Veira
La prohibición es la base de la actual estrategia de guerra contra las drogas. Nace de ella y después de 40 años de conflicto esa imposición ha ido escalando en intensidad hasta llegar al insólito escenario del presente.
México es su paradigma; los datos hablan por sí mismos, incluso los que emanan las cuestionadas instituciones públicas mexicanas: más de 25.000 desaparecidos según la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior mexicano), y más de 160.000 asesinatos vinculados al narcotráfico. Sin embargo los datos no son entendidos como una necesidad de evaluar la estrategia y de cambiarla si fuera necesario. En la sin razón de “ni un paso atrás” el gobierno mexicano apoyado en una estrategia avalada internacionalmente ignora los escándalos dentro de sus fronteras. Varios acontecimientos ocurridos durante el mes de septiembre de este año han puesto contra las cuerdas al gobierno mexicano frente a la opinión pública internacional. Tres eventos: un informe, una matanza y una nueva prohibición.
El informe
Al cumplirse un año de la detención y desaparición de 43 estudiantes de secundaria por policías en el municipio deIguala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del propio gobierno mexicano, ha publicado un informe de 550 páginas con los resultados de su investigación. ¿La conclusión? No hay evidencias científicas que confirmen la versión de las autoridades sobre el destino de los estudiantes. “La verdad histórica”, irrefutable, con la que el todavía Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam zanjó la investigación se derrumba y en su estrépito pone en entredicho la confiabilidad del sistema mexicano. Además los expertos apuntan a la presencia en los escenarios donde desaparecieron los estudiantes de personal militar, policías federales e incluso representantes políticos de la zona, información que la “verdad histórica” no mencionaba. Naciones Unidas a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas lamentó los pocos avances para frenar las desapariciones forzadas en México, desde su última visita al país en 2011 la situación se ha deteriorado sensiblemente mientras que el Estado mexicano no ha implementado la mayoría de las recomendaciones. Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, afirmó en una reciente rueda de prensa: “El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala. El mundo entero sabía de ellos y el gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”.
La masacre
El 13 de septiembre sucedió en “hecho insólito” en palabras del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Un grupo de turistas mexicanos en Egipto sufrió un ataque aéreo por parte del ejército egipcio. El convoy supuestamente entró en una zona de exclusión y fue atacado por los militares matando a doce personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana. En esta ocasión el presidente mexicano en rueda de prensa pública realizó una “protesta enérgica por parte del gobierno ante el gobierno de Egipto para demandar, primero, una investigación profunda de este caso y, segundo, las garantías necesarias para que se dé también la reparación del daño a víctimas, de este muy lamentable hecho”. Como respuesta, el canciller egipcio Sameh Shoukry redactó una carta abierta dirigida al pueblo mexicano expresando sus condolencias e intentando disculpar a sus fuerzas militares: “México, al igual que Egipto, ha sufrido de violencia a gran escala, aunque por diferentes motivos”. “La guerra contra las drogas en México ha causado la muerte de decenas de miles de personas inocentes, una gran parte de ellos agentes del orden”. “Esto demuestra que México y Egipto enfrentan retos similares; estamos todos juntos en el mismo barco, navegando en un océano tormentoso”. Que un régimen militar impuesto por un golpe de estado verbalice la situación de “guerra” que vive México de manera abierta y lo compare con el conflicto del país árabe ha marcado un punto de inflexión. Si bien esta carta tuvo una rápida contestación por las autoridades mexicanas intentando matizar la comparación no pudo detener que diferentes medios reconocidos internacionalmente pongan de manifiesto las contradicciones mexicanas. Daniel Peña, en el prestigioso periódico británico The Guardian, afirma: “Hay una cierta ironía en que el gobierno de México actúe preocupado por la muerte de sus ciudadanos en el extranjero, ya que no está haciendo lo suficiente para investigar a los funcionarios municipales y policías acusados de facilitar activamente la muerte de sus propios ciudadanos y el encubrimiento de estas muertes”. Ioan Grillo escribe en el New York Times: “El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tuvo la oportunidad de probar que podía hacer justicia para las víctimas. Pero en vez de convertir el caso en uno ejemplar, la investigación ha mostrado profundos defectos entre las fuerzas policiacas y los investigadores”. En referencia al estudio del GIEI: “Los vicios detallados en el reporte son típicos en México. La tortura está extendida ampliamente, la corrupción en las fuerzas de seguridad es abundante y los investigadores son a menudo incompetentes”.
La prohibición
En medio de esta tormenta internacional nadie cuestiona la prohibición y la consecuente guerra contra las drogas. Incluso van más allá: uno de los municipios mexicanos más golpeados por el crimen organizado y el narcotráfico, así como por la corrupción en las distintas fuerzas policiales y militares mexicanas, ha hecho un sorprendente anuncio. El gobierno de la tristemente famosa Ciudad Juárez aprobó el pasado 19 de septiembre una modificación al reglamento de espectáculos que prohíbe a artistas y grupos musicales interpretar narcocorridos. Enrique Serrano Escobar, alcalde del municipio considerado el más violento del mundo durante los años 2008, 2009 y 2010, aseguró que pretende evitar aquellas canciones que hacen apología del delito. Nueva prohibición en un México desgarrado por la violencia del narcotráfico y de estructuras corruptas e ineficientes. Frente a este posicionamiento recordamos la respuesta que el profesor Antonio Escohotado dio a una periodista colombiana que le interpelaba sobre la relación entre violencia y prohibición en una entrevista el año pasado: “Si la humanidad lleva 4000 años tomando las sustancias que ahora se denominan satánicas y no ha habido crimen organizado relacionados con ella y a partir de la prohibición se crea el crimen organizado, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Cómo se puede negar que la criminalidad salvaje y organizada de la corrupción de los estados, de la implicación de los policías y los ejércitos es una consecuencia directa de la prohibición?«