La semana pasada se desató la euforia en medios de comunicación online y redes sociales: “México legaliza la marihuana con fines recreativos” titulaba directamente el diario El País el 5 de noviembre.
Por si alguien tuviera dudas añadían en el subtítulo: “En un fallo histórico, la Suprema Corte autoriza el cultivo, transporte y consumo de clubes de consumidores sin ánimo de lucro”. Si bien El País continúa siendo un medio de referencia, en este caso pareció exagerar un poco. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano judicial más importante de México, aprobó un amparo que permitirá producir, transportar y consumir marihuana, pero este amparo beneficia exclusivamente a las personas que impugnaron cinco artículos de la Ley General de Salud y que aguantaron año y medio de litigio en los tribunales con la suerte añadida de que un “ministro” de la Suprema Corte presentó su caso en su sala y que tras la votación, sorprendentemente, ganó el amparo. Un cúmulo de coincidencias que no tienen nada de casualidad y que distan mucho de ser el cambio radical que muchos medios quisieron ver en el controvertido contexto mexicano.
Los amparados
Son cuatro las personas beneficiadas en esta sentencia, todas pertenecientes a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART). Un supuesto club cannábico en el que sus miembros, a pesar de ganar el amparo, no producirán, transportarán ni consumiran marihuana porque ninguno de ellos se considera consumidor. “Nunca he fumado un cigarrillo (de marihuana), jamás lo voy a hacer”, afirma el abogado Francisco Torres Landa y miembro de SMART. “Esto es un litigio estratégico”, afirma Torres Landa que defiende este amparo como una herramienta para “erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas”. Junto a él en este grupo selecto se encuentran: Armando Santacruz, empresario del sector químico; José Pablo Girault y Josefina Ricaño Nava, tesorero y presidenta respectivamente de la organización México Unido en Contra de la Delincuencia. Una organización fundada en 1998 cuya misión es unir a la sociedad y ser un vínculo de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia. En su página web ponen a disposición del público los datos de sus múltiples proyectos y toda la información económica de la organización. Un dato a tener en cuenta es que el 70 por ciento de los ingresos de los últimos dos años registrados, 2013 y 2014, más de un millón y medio de dólares, provienen de dos donadores: la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Open Society del multimillonario y filántropo George Soros, especialmente comprometido con el fin de la actual política de drogas internacional. Antes de la deliberación los integrantes de SMART denunciaron el intento por parte del actual gobierno de influir en la decisión de los jueces. ¿Estamos seguros que no se intentó influir también a los jueces para que aprobaran el amparo?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
La SCJN es el principal órgano de justicia de México. Compuesto por 11 “ministros” que se dividen en Salas en grupos de cinco para solucionar asuntos judiciales de especial relevancia de forma definitiva. Los “ministros” son propuestos por el presidente de la nación y refrendados por mayoría simple por el Senado. En la votación sobre el amparo al grupo de SMART estaban: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Arturo Zaldívar propuestos por el ex presidente Felipe Calderón, Olga Sánchez-Cordero Dávila propuesta por el expresidente Ernesto Zedillo y José Ramón Cossío Díaz propuesto por el expresidente Vicente Fox. Atendiendo a los “padrinos” de cada juez podríamos suponer como se resolvería la votación.
Ernesto Zedillo es fundador de la Comisión Global sobre Drogas, Vicente Fox ha llegado a afirmar que como agricultor cultivaría marihuana si fuera legal, sólo Felipe Calderón es el que continua manteniendo un discurso a favor de la estrategia prohibicionista, justo hace un año que se publicó en El Pais la entrevista al expresidente donde en referencia a la “guerra contra las drogas” que inició en su legislatura comentaba: “Yo me veo como el médico de pueblo que diagnostica un cáncer y, tras aplicar quimioterapia y radioterapia, cura al paciente”. Sólo un ministro votó en contra del amparo, Pardo Rebolledo, parece ser que dos ministros olvidaron quién los postuló, en referencia a una frase que el propio Calderón ya hizo llegar a Zaldívar cuando puso sobre la mesa otro caso espinoso que el gobierno quiso ocultar: el incendio de la guardería ABC en 2010.
El juego político
“Hemos puesto el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo” afirman los promotores del amparo. Es innegable que esta resolución crea un antecedente que ha abierto un hueco en la línea de flotación de la estrategia de guerra contra las drogas en territorio mexicano desde el punto de vista institucional. Eduardo Sánchez, portavoz del gobierno, afirmó horas después del veredicto: “La resolución sólo atañe a las cuatro personas que presentaron el litigio, por tanto, no modifica la política de combate contra el crimen organizado ni la del comercio de estupefacientes”. Una afirmación que nos ayuda a pisar tierra frente a este asunto: pretender que al gobierno de México se pueda sentir presionado por una resolución, aunque sea de su máximo órgano judicial, obvia la negativa del propio gobierno en atender las insistentes recomendaciones de organizaciones de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas en relación al empleo del ejército como fuerza policial, el uso sistemático de tortura, las ejecuciones sumarias, el asesinato de periodistas críticos con el gobierno, los nexos entre partidos políticos y delincuencia organizado, los más de 20 mil desaparecidos y la impunidad de la mayoría de crímenes vinculados a esta estrategia. En el fondo este amparo no es más que otra maniobra de presión internacional, como la que hace unas semanas realizó otro filántropo multimillonario, Sir Richard Branson, filtrando un documento de Naciones Unidas, llevaba a cabo en esta ocasión por otro lobby cada día más poderoso y que se ha marcado como objetivo la próxima reunión de la UNGASS en 2016. Algo que nos debería alegrar a las personas que creemos que es necesaria una nueva política de drogas pero que nos recuerda que por muy democráticas que se digan ser las sociedades de hoy día la conquista de derechos civiles básicos se consigue gracias a grandes desembolsos de dinero y una importante red de tráfico de influencias.
Este amparo no deja de ser una amarga alegría para el insistentemente castigado México.