Por Guillermo Veira
De cómo uno de los principales defensores de la guerra contra las drogas accede a regularlas.
Hace un mes que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que regula los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución, comercio, uso y posesión de semillas y plantas de cannabis, destinadas, exclusivamente, a uso médico y científico. Un paso nada original en este continente que nos empieza a tener acostumbrados a la regulación terapéutica pero que en el caso de Colombia se convierte además en un símbolo del cambio de la política de drogas mundial. El país suramericano ha sido el socio privilegiado en el continente para las políticas prohibicionistas estadounidenses, el conejillo de indias para la estrategia macabra que ha desolado la región. 2016 es el año en el que uno de los responsables de la articulación de esta estrategia estéril en cuanto a resultados, prolífica de muerte, el actual presidente Santos, se convierta en el abanderado de un nuevo modelo de drogas para el país. La nueva ley se articula en siete capítulos y 45 artículos que engloban las reglas para que todas aquella personas naturales o jurídicas que quieran puedan dedicarse a la investigación y producción de sustancias a partir de los derivados de la marihuana, siempre y cuando sea para uso medicinal.
NarColombia
15 años después de la firma con Estados Unidos de lo que sería conocido como el “Plan Colombia” Juan Manuel Santos firma este decreto regulatorio. En estos quince años 6 mil millones de dólares han sido invertidos para instaurar bases, pagar asesores militares, comprar pertrechos bélicos, instalaciones de espionaje electrónico, aviones y helicópteros de combate. Una estrategia que a partir de la presidencia de Álvaro Uribe se simplificó en la lucha contra el “narcoterrorismo”, como él mismo bautizó. Un término que rápidamente fue adoptado por la mayoría de los medios de comunicación internacionales y que equiparó narcotráfico con guerrilla, instaurando un nuevo término político que acaparó los programas electorales colombianos hasta la actualidad: “seguridad democrática”. La realidad demostró ser más compleja. Pasada esa década, con dos gobiernos seguidos de Álvaro Uribe, Colombia estaba sumida en un conflicto sin precedentes en la historia del país, la falsa dicotomía guerrilla-Estado escondía una guerra donde la principal víctima era la propia sociedad civil. Nació el fenómeno de las Autodefensas en respuesta a la guerrilla pero que, gracias a la impunidad que le garantizaba el Estado, se convirtieron en poco tiempo en grupo de poder con influencia en todas las instituciones colombianas. En 2009, Gabriela Carina Knaul, Relatora especial de Naciones Unidas denunciaba: “Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso”. 93 representantes del Parlamento, 13 diputados, 12 gobernadores y 166 alcaldes fueron acusados por la propia Relatora de formar parte de este entramado. Mientras tanto el conflicto se recrudecía, entre 2007 y 2010 más de 38 mil personas fueron declaradas desaparecidas a causa de esta estrategia.
Juan Manuel Santos
En los años más intensos de la lucha contra el “narcoterrorismo” el principal responsable de las fuerzas militares, policiales y paramilitares de Colombia fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe: Juan Manuel Santos. Como responsable llegó a reconocer la existencia de asesinatos extrajudiciales por parte del ejército colombiano vinculados al caso de los “falsos positivos”: civiles asesinados y desaparecidos por el ejército que aparecían en fosas comunes de supuestos guerrilleros para beneficiarse de los complementos salariales vinculados a las bajas realizadas en la lucha contra el “narcoterrorismo”. Un caso que acabó con la renuncia del Comandante del Ejército de Colombia, Mario Montoya, pero que no afectaría a Santos, que en años posteriores se convertiría en presidente. Su llegada al poder trajo consigo una inesperada evolución en su discurso, sobre todo para su antecesor, el ex presidente Uribe. En 2012, durante la VI Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena de Indias y donde Santos era anfitrión, se puso sobre la mesa el debate de la política de drogas en el continente, con la reticencia de EEUU. En 2013 el presidente ordenó la creación de la Comisión Asesora de Política de Drogas: una institución dentro del gobierno colombiano que estudia alternativas a la estrategia prohibicionista. Unas decisiones que lo alejaron de su antecesor y lo acercaron más aún a otro grupo de personalidades como el difunto escritor mexicano Carlos Fuentes, que prologó uno de sus últimos libros, y el ex presidente colombiano César Gaviria que le dió su apoyo explícito en la campaña electoral para su reelección en 2014. Ambas personas son miembros destacados de la Comisión Global sobre Drogas, organización no gubernamental que aboga por un cambio en la política de drogas a nivel mundial.
La nueva Colombia
Sea como fuere esta conversión del todavía presidente colombiano, la realidad es que Colombia se une a los países que cuestionan desde sus políticas la estrategia de combate a las drogas impulsada por los Estados Unidos de América. Un cambio que en el caso de Colombia tiene un simbolismo especial ya que hubiera sido imposible de imaginar cinco años antes y menos en la figura de Juan Manuel Santos. Esta decisión se convierte en un primer paso para los que sin duda quedan por venir. Cuestionado por los medios días después del anuncio de la regulación frente a la posibilidad de una legalización con fines recreativos, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que hay “puntos de contacto” entre ambos tipos de consumo. Una respuesta imposible de imaginar desde un ministro colombiano hace cinco años y que invita a imaginar el fin de la guerra contra las drogas en el principal productor del continente americano.