Por Guillermo Veira
Uno de los principales lobbies en favor de una nueva política de drogas afila sus argumentos de cara al UNGASS 2016
En 1979 el multimillonario y filántropo George Soros creó la Fundación Open Society para ayudar a la transición en los países comunistas. Un cuarto de siglo después esta fundación ha diversificado su labor manteniendo un objetivo primordial: “construir sociedades dinámicas y tolerantes cuyos gobiernos sean responsables y abiertos a la participación de toda la gente”. Entre las diferentes actividades que impulsa está la que nos ocupa: impulsar en la opinión pública mundial y a los gobiernos la necesidad de un cambio de política de drogas mundial. Área que ha llevado a la fundación a estar presente y apoyar a asociaciones e instituciones en la mayoría de escenarios de cambio de política de drogas a nivel internacional: Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Chile, entre otros. Un posicionamiento que le ha granjeado, especialmente a su fundador, George Soros, la enemistad tanto de los sectores más conservadores como de los más progresistas, sugiriendo en ambos casos oscuras intenciones propias de las teorías conspiratorias.
Ante la próxima cita de la Asamblea Especial de Naciones Unidas la fundación ha querido expresar su punto de vista a través de una reciente publicación: La Economía de la Guerra contra las Drogas. Costes no contabilizados, pérdida de vidas y oportunidades perdidas.
Costes no contabilizados
En 20 páginas Open Society sintetiza los argumentos que desmontan las justificaciones de la actual política de drogas. “La guerra contra las drogas cuesta caro”, así comienza la introducción del texto que enumera las distintas actividades que la estrategia obliga a implementar a los países para llevarla a cabo: Vigilancia, prohibición del tráfico de drogas, operaciones militares y paramilitares, arrestos, procesos judiciales y encarcelamiento de millones de personas cada año resultan muy costosas para las maltrechas economías nacionales de los países donde las mafias deciden asentarse. Según la ONG británica Transform los costes anuales directos de la política global contra las drogas ascienden a 100 mil millones de dólares; una cantidad a la que Estados Unidos, como principal impulsor de esta estrategia, contribuye enormemente.
El presupuesto federal del gendarme internacional destinado al control de drogas en 2015 se situaba alrededor de los 25,5 mil millones de dólares. Un dato que se vuelve más significativo cuando se estima que los beneficios anuales del tráfico de drogas superan los 300 mil millones de dólares, una diferencia que según la ONG hace aumenta el riesgo de soborno de las diferentes autoridades. En todo momento hablamos de los costes directos, si además sumamos los gastos económicos de las administraciones locales, organizaciones sociales e instituciones privadas para enfrentar esta política y sus consecuencias el dato nos obliga a un replanteamiento. Eso que no se mencionan los costes humanos tanto en número de muertos como en vulneración de derechos fundamentales. Como ejemplo el informe retrata la situación en las últimas décadas de tres países: México, Colombia y Afganistán, donde no sólo se observa el escenario resultado de la aplicación de la actual política de drogas, sino de cómo ese mismo escenario condiciona al resto de países de la región.
Oportunidades perdidas
Pero el informe no pretende quedarse sólo en la ineficacia de la estrategia, también destaca la negligencia de no desarrollar dentro de la guerra contra las drogas de herramientas con eficacia comprobada en determinados países. El tratamiento, la reducción de demanda y la reducción de daño son los grandes olvidados de la actual política y, según Open Society, son las herramientas más efectivas para afrontar el problema de las drogas: “A través de su dirección técnica para evaluar costes y ventajas de tratar la dependencia de drogas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la efectividad del tratamiento de las drogas no es sólo desde el punto de vista clínico y humanitario, también es una ventaja económica significativa para la sociedad”. La misma OMS señala una serie de puntos como la pérdida de productividad en el lugar de trabajo y en la casa, los crímenes relacionados con droga y los gastos vinculados a la aplicación de la ley que los persiguen, los gastos en servicios sociales y sanitarios para los usuarios y las personas de su alrededor, los accidentes relacionados con la droga y el coste para limpieza de jeringuillas y la gestión de heridas ocasionadas por ellas. Costes que según la OMS podrían ser cuantificados fácilmente e incluídos en el balance de esta estrategia, aunque no serían los únicos que habría que tener en cuenta: “Los costes asociados a la pérdida de vidas, al dolor, al sufrimiento vinculado a la adicción son menos cuantificables pero no menos importantes”.
Próximas oportunidades
Entre las conclusiones del documento de Open Society destaca: “Los gastos totales de la guerra contra las drogas son enormes y apenas han sido cuantificados, sin hablar de que se hayan tenido en cuenta en las decisiones políticas. Es crucial que la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas en 2016 haga un mejor trabajo que las sesiones pasadas para asegurar que los costes y oportunidades omitidas hasta ahora se discutan entre los estados miembros”. Además el documento enumera una serie de recomendaciones de cara al encuentro que debieran tener en cuenta las declaraciones resultantes: Estar basadas no en posiciones ideológicas preconcebidas sino en investigaciones y un completo análisis de evidencias contrastadas, subrayar la importancia de los costes de la prohibición no sólo en los países consumidores sino también en los productores y los países de tránsito, y destacar los beneficios económicos y en la salud pública de invertir en servicios sociales y sanitarios para las personas usuarias de drogas. El documento cierra con el siguiente párrafo: “Sobre todo, esperamos que la UNGASS represente un pasar página para que los estados miembros de Naciones Unidas se abran a nuevos enfoques hacia el control de droga sobre cálculos de coste y beneficio que puedan ser más favorables que la prohibición. La comunidad de naciones, por encima de todo, no debe ser un vehículo para sostener una mala política económica o impedir su reforma”. En las próximas semanas nuevos actores se posicionarán ante uno de los encuentros más trascendentes sobre política de drogas de los últimos 40 años, algunos de ellos ya pueden verse en este vídeo realizado por Open Society