El Ayuntamiento de la ciudad condal anunció la semana pasada una propuesta urbanística para regular la situación de los 120 clubes cannábicos con los que cuenta Barcelona.
En la propuesta se plantea fijar una distancia mínima de 100 a 150 metros entre los clubes y lugares públicos como escuelas y distintos tipos de “equipamientos”, como centros de atención a la drogodependencia.
Este considerable avance, llega tras un largo proceso que comenzó el año pasado, con la suspensión de la otorgación de nuevas licencias y con una primera propuesta para esta reordenación, que ya preveía la distancia mínima con lugares públicos, especialmente con los espacios más visitados por menores. Por descontado, el cambio de gobierno también ha sido clave para el desarrollo de esta nueva propuesta y ha sido determinante para añadir ciertas correcciones al texto original.
Esta nueva propuesta del consistorio, también incluye ciertas normas para la creación de nuevos clubes sociales privados, limitando su tamaño a 200 metros cuadrados, y exigiendo ciertas medidas como un acceso independiente desde la vía pública, una chimenea para la extracción de humos, y un sistema de doble puerta.
Según el ayuntamiento de Barcelona, el principal objetivo del plan es “compatibilizar el derecho de asociación de los consumidores de cannabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales como son la protección de la salud, la convivencia y el disfrute de un medio ambiente adecuado”.
Se trata de una noticia positiva, de la que se desprende que el Ayuntamiento de Barcelona considera los CSC y Asociaciones privadas como algo existente y necesario de regular, pero que al mismo tiempo nos hace preguntarnos muchas cosas. Llama poderosamente nuestra atención que por una parte se tenga en consideración estos “entes” y se les incluya en un plan especial urbanístico, llegando a reconocer “el derecho de asociación de los consumidores de cannabis “, mientras por otra parte se somete a los mismos a un “acoso y derribo” por parte de las autoridades y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado… tenemos el caso de La Maca para confirmarlo…
Y esto nos hace cuestionarnos cuál es la lógica que guía los “movimientos” del Ayuntamiento de Barcelona, y qué criterios se están siguiendo para actuar en esta complicada situación. ¿Se está regulando algo que todavía no se ha aceptado legalmente, al menos por completo? ¿Se regula una parte, pero no el todo?
Está claro que el gobierno catalán se enfrenta a una situación que se le ha escapado de las manos y que durante muchos años ha aprovechado los vacíos legales para crecer, escapando de sus manos legisladoras, pero lo que echamos en falta es una pizca de coherencia en todo esto…
Mientras todas estas preguntas obtienen respuesta, nos alegramos de estos avances, sin llegar a tirar cohetes de celebración, pero satisfechos viendo que al menos, el tema se está moviendo en la dirección acertada…