Por Dr. Fernando Caudevilla
La cruda realidad es que el Coyote nunca consiguió atrapar al Correcaminos.
Aunque sus estrategias estuvieran milimetradamente calculadas y sus planes fueran elaborados y planificados de forma minuciosa, el ave siempre conseguía salirse con la suya. Aún más, en la mayoría de los capítulos el Coyote acababa siendo víctima de su propio plan y el pobre acababa achicharrado, electrocutado, aplastado, hervido o precipitado.
De entrada podríamos pensar que, simplemente, el coyote era idiota. Tonto de remate. Cualquiera en su situación habría asumido que el Correcaminos era más rápido, más listo o simplemente que tenía más suerte. La mayoría de las personas si estuviéramos en su situación, no necesitaríamos de cientos y cientos de intentos con catastróficos resultados para darnos cuenta de que estábamos ante una misión imposible. Un observador imparcial diría a simple vista que el Coyote es un necio cuya obstinación le impide ver lo equivocada de su actitud.
Pero existe otra posibilidad. Pudiera ser que el Coyote fuera consciente de que él era en realidad un dibujo animado. Y que el papel que tenía que jugar era, precisamente ese, el de tonto. Él es consciente de que nunca pillará al Correcaminos, pero su única opción para seguir siendo un personaje popular en la Warner es jugar eternamente a ese estúpido juego del gato y el ratón. Y no le importa cuántas veces le atropellen, pisoteen, carbonicen o despellejen… su dignidad no le importa. Así que en ese caso el Coyote se parecería más a esos concursantes de los realities de Cuatro (del tipo “Príncipe busca princesa”) o a un tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, capaz de hacer lo que sea por unos minutos de gloria y fama.
Pero al fin y al cabo, la situación del Coyote no tiene mucha trascendencia de cara a la Salud Pública. Se trata de un simple dibujo animado sin estudios ni formación y atrapar o no atrapar al Correcaminos tiene escasa trascendencia. Pero si aplicamos este ejemplo a los que manejan el cotarro de la legislación sobre drogas la cosa se pone mucho más seria. Porque las consecuencias de las decisiones que políticos, técnicos y profesionales de alto nivel toman sobre determinadas sustancias sí tienen repercusiones sobre la salud de la población. Y su comportamiento es el mismo que el del Coyote persiguiendo al Correcaminos.
Hace un par de semanas el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la inclusión de varias sustancias (2C-B-NBOMe, 2C-C-NBOMe, metilona y BZP) en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. La decisión es una consecuencia de las últimas recomendaciones del Comité de Estupefacientes de Naciones Unidas de 2015 y, en pocas palabras y en resumen, supone la ilegalización de estas sustancias. Se trata de drogas emergentes, detectadas de forma muy esporádica o anecdótica en el mercado recreativo y que pertenecen al grupo de las llamadas Research Chemicals (RCs) o New Psychoactive Substances (NPS). Aunque su popularidad es casi nula a nivel general, algunos medios han aprovechado este hecho para practicar ese tipo de periodismo basura que parece buscar más poner de moda una sustancia que prevenir su uso y que merecería inhabilitar al redactor de por vida.
Es cierto que las NPS pueden suponer un problema de salud emergente. Durante los últimos años se están comercializando a través de Internet cientos de nuevas sustancias cuyas únicas características comunes son las de no estar prohibidas y tener efectos psicoactivos. Sólo en 2014 se detectaron más de 100 nuevas sustancias en Europa y las incautaciones policiales se han multiplicado por siete en los últimos años. En la gran mayoría de los casos se trata de moléculas que no han sido investigadas en humanos y cuyos estudios científicos proceden de modelos in vitro o de investigación animal. Drogas que han sido únicamente experimentadas en modelos celulares clonados o en cerdos (como es el caso de algunas NBOMEs) pueden comprarse tranquilamente a través de Internet con una tarjeta de crédito. Cannabinoides sintéticos, derivados de catinonas, opiáceos de síntesis, piperazinas o feniletilaminas con efectos inciertos para la salud humana son accesibles a través de un click para cualquiera que quiera adquirirlas. Y, objetivamente, los riesgos y peligros potenciales de todas estas sustancias son mayores a los de drogas fiscalizadas como el cannabis, el éxtasis o el GHB. Es llamativo que países en los que existe un acceso sencillo al cannabis, como es el caso de España, los problemas de salud asociados a los cannabinoides sintéticos son anecdóticos. Sin embargo en los países nórdicos o en Centroeuropa estas sustancias están causando problemas serios en los departamentos de Urgencias.
Pero la única respuesta de las autoridades nacionales, europeas y mundiales es la misma desde hace 100 años. Comenzar un largo proceso legislativo que termina en su prohibición a lo largo de un lustro, mientras los productores tardan semanas en sacar al mercado nuevas modificaciones de las moléculas que pueden ser aún más peligrosas, pero que son técnicamente legales. Si los mecanismos de fiscalización han sido ineficaces (y contraproducentes) para reducir los problemas de salud asociados a las drogas, en la era de Internet esta estrategia producirá los mismos resultados de siempre.
Como decíamos al principio, el Coyote de la Warner suele ser el perjudicado por sus propias trampas. Pero en este caso las víctimas de unas políticas de drogas irracionales son los ciudadanos de a pie. Y no podemos saber si quienes las promulgan son simplemente unos necios o unos cínicos que sólo se mueven por sus ansias de poder, afán de protagonismo o presión de los directivos de sus empresas.