Por Isidro Marín Gutiérrez
En este pequeño artículo hablaremos sobre la política de drogas de Brasil. Veremos los cambios actuales y su tendencia hacia el Prohibicionismo. Esto está generando violencia, más encarcelamientos y violaciones de los derechos individuales en Brasil. Si realizamos una investigación sobre el consumo de drogas en Brasil veremos que su uso está aumentando desde el siglo XX, cuando la mayoría de sustancias eran legítimas y se vendían en farmacias.
Con la firma de las convenciones internacionales por parte de los gobiernos brasileños muchas sustancias acabaron siendo ilegítimas y prohibidas. Pero jamás fueron erradicadas ni redujeron su consumo. Lo único que consiguieron fue una mayor represión hacia los consumidores, mayor violencia y la creación de un mercado negro. La historia del cannabis en Brasil se remonta a la llegada de los conquistadores portugueses hacia el año 1500. Si los europeos conocían las cualidades del cannabis como fibra y su interés era éste, para la mano de obra esclava su interés por el cannabis eran sus propiedades psicoactivas. La llegada masiva de esclavos a Brasil se inició en la segunda mitad del siglo XVI. Los esclavos angoleños llevaron cannabis a las plantaciones del noreste de Brasil. No se sabe con certeza cuando el cannabis se introdujo en Brasil pero se establecería su cultivo en algún momento posterior a 1549, según documentos de Pedro Corrêa. Los esclavos transportaron semillas de cannabis en muñecas de trapo atadas a sus recargadas vestimentas. Los colonos portugueses permitieron que cultivasen su maconha entre las cañas de azúcar. Las palabras para la marihuana en Brasil incluyen maconha (de origen angoleño), liama y diamba que se parecen lingüísticamente al rimaba, diamba y liamba de origen africano. El cannabis era utilizado por la población esclava con fines religiosos y con fines festivos en sus cortos periodos de inactividad. En el siglo XVIII se convirtió en una preocupación para la Corona portuguesa que en territorio brasileño se cultivara cáñamo para la producción de fibras. Los indígenas y mestizos rurales adoptaron el consumo de cannabis para sus fines medicinales y sociales sin que llamara la atención de la clase alta. El consumo pasó de Brasil al Caribe a finales del siglo XIX.
Otro hecho curioso fue la muerte de la reina María I de Portugal en Río de Janeiro (1816) (ya que en 1807 los reyes de Portugal huyeron a Brasil por temor a ser capturados por Napoleón) a la edad de 81 años. En su agonía le pidió a una esclava brasileña que le preparase una infusión de fibras de diamba (cannabis) y arsénico. Al irse el dolor se puso a tocar la guitarra y cantar antes de morir. En el siglo XIX la ciudad de Río de Janeiro prohibió la tenencia y venta de cannabis en 1830. Otro hito histórico fue el interés por parte de la comisión brasileña por prohibir el cannabis en la II Conferencia Internacional sobre el Opio en 1924 en Ginebra. Allí destacó el delegado brasileño Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho (1887-1970). Éste se unió a las teorías del delegado egipcio de que en los manicomios existían una gran cantidad de consumidores de marihuana. Defendían la idea de que el opio, la cocaína y la marihuana tenían que estar prohibidas y que no se tenían que comercializar con ellas. Resulta curioso que esta Conferencia estaba pensada únicamente en el control del opio pero dada la insistencia del delegado egipcio apoyada por su compañero brasileño entró en las sesiones de debate. Se llegó a comentar que el cannabis era más peligroso que el opio. Pedro Pernambuco Filho posteriormente en 1961 publicó una lindeza de libro titulado «La marihuana desde el punto de vista psiquiátrico.»
En 2006, Brasil creó la Ley de Drogas nº 11343/06 que dio derechos a los usuarios de sustancias y una estrategia de reducción de daños. En su artículo nº 28 preveía la despenalización de los consumidores pero aumentaba la pena mínima de prisión para aquellos que se dedicaban al menudeo (microtráfico) de drogas de tres a cinco años. A pesar de la diferencia entre un consumidor y un distribuidor, la ley no impone un límite en la cantidad de droga que una persona puede tener por lo que muchos consumidores son tratados como traficantes. Le corresponde al tribunal para decidir, en base a la cantidad de droga incautada en las circunstancias de la detención, los antecedentes penales del acusado y el contexto social en el que se encuentra. Esto produjo inmediatamente el aumento del número de presos en las cárceles. Así se ha convertido Brasil en el cuarto país con mayor número de presos del mundo. Actualmente podemos ver en las noticias los motines que se producen semanalmente con decenas de muertes sin que el gobierno brasileño adopte medidas para atajar el problema. Estos presos, que suman más de medio millón, están en las prisiones por menudeo de drogas. La mayoría de ellos fueron detenidos solos, desarmados y con pequeñas cantidades de marihuana o cocaína. Y lo peor de todo, la inmensa mayoría no pertenecían al crimen organizado. A estos presos no se les ofrecen penas alternativas a entrar en una prisión. Las condiciones de las penitenciarías brasileñas incumplen cualquier condición humana.
Brasil ha firmado todas las convenciones internacionales sobre drogas pero también hay que poner sobre el tapete que ha firmado todos los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Cabe destacar que incluso durante el periodo de la dictadura militar (1964-1984) Brasil intensificó su guerra a las drogas. Su resultado lo vemos ahora con una alta violencia social, sobrepoblación en las prisiones e incremento de consumo de drogas.
Esta prohibición sin miramientos hace que los enfermos como niños autistas o epilépticos no tengan acceso a tratamientos con cannabis medicinal. El modelo represivo brasileño impide cualquier tratamiento alternativo eficaz. Incluso si viene avalado por el Consejo Federal de Medicina o el Consejo Regional de Medicina del Estado de São Paulo (CREMESP), que autorizó el uso del cannabidiol para ciertos tratamientos. En noviembre del 2016 este consejo defendió públicamente la despenalización del cannabis para uso personal. Afirmó que existían evidencias científicas para utilizar el cannabis de forma medicinal. Apoyaba la prevención como vía para reducir el consumo de sustancias. Apoyaba la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 11.343 que establece que aquellos que tengan posesión de sustancias para uso personal deberían ser multados administrativamente, realizar servicios a la comunidad o entrar en algún programa sobre los riesgos del consumo de drogas pero no entrar en la cárcel en donde no se va a rehabilitar y donde será captado por las redes criminales. También se descongestionarían los juzgados que imponen sanciones de cárcel a personas que han sido pilladas con 3 gramos de marihuana. Cada año el número de encarcelamientos por delitos relacionados con la posesión y uso de sustancias ilícitas va aumentado sin cambios de política.
Pero no todos los estamentos brasileños médicos están a favor de la despenalización. La Asociación Brasileña de Psiquiatría (ABP), la Asociación Médica Brasileña (AMA) y la Federación Nacional de Médicos (FENAM) están a favor de que se mantenga el artículo 28 de la Ley tal y como está actualmente ya que afirman que si se despenaliza el cannabis contribuiría a una escalada en el consumo de drogas, aumentaría el narcotráfico y así la violencia.
Resulta curioso que en la política internacional de drogas el discurso médico tenga mucho peso. La protección de la salud es uno de los pilares de este discurso. Pero cabe destacar que existen grandes intereses económicos que crean esta política de drogas a nivel internacional. Podemos observar de manera contradictoria como existen sustancias prohibidas que conviven con sustancias “terapéuticas” totalmente legales fabricadas por grandes industrias farmacéuticas ¿cuál es la diferencia entre lo prohibido y lo legal? Finalmente imperan los criterios políticos influenciados por grandes intereses económicos fundamentados en la “protección de la salud”.
La política represiva contra las drogas apoyada por los medios de comunicación ha garantizado la elección de políticos que de cara a la galería están a favor de la guerra a las drogas. En Brasil se asignan grandes presupuestos de miles de millones de dólares en la seguridad pública y en la construcción de nuevas cárceles.
El Congreso tramitó un proyecto de ley que trataba sobre la creación de un mercado regulado de cannabis, propuesto por el diputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ). En el año 2014 existía una mayor apertura internacional para el debate, a partir de las nuevas experiencias alternativas adoptadas en otros países (Uruguay, Portugal, Estados Unidos, etc…), se esperaba que Brasil debatiera sobre el tema para intentar romper con la tradición represiva de los derechos humanos. Hubo un proyecto similar, escrito por Eurico junior (PV-RJ) que se presentó en la Cámara. En el Senado, el senador Cristovam Buarque (PDT-DF) también anunció una discusión sobre la regulación del uso de la marihuana.
El consumo de marihuana legal generaría en Brasil unos 2000 millones de dólares de impuestos al año, según un estudio técnico de la Cámara de Diputados brasileña. El documento estaba escrito por consultores legislativos Adriano da Nobrega Silva, Pedro Garrido da Costa y Luciana da Silva Teixeira. Para conseguir esta cifra se tuvo en cuenta los 2,7 millones de brasileños que compran una media de 40 gramos de marihuana al mes. Con la misma carga fiscal actual aplicada al tabaco, la marihuana tendría un gasto impositivo de unos 670 dólares al año por consumidor. Si siguiera las mismas reglas de tabaco, proveedores de empresas de marihuana estarían sujetos a impuestos federales. Con esto se reducirían los gastos en policía, el sistema penitenciario y gastos judiciales (actualmente en unos 1.500 millones de dólares).
Jean Wyllys (PSOL-RJ) presentó el proyecto de ley que autorizaría la producción y venta de marihuana en el país. Según esta propuesta, el gobierno tendría el control del mercado a través del registro de los lugares de los puntos de producción y venta, además de ser necesaria para estandarizar e inspeccionar el producto. También se permitiría el cultivo limitado de la planta de cannabis.
La propuesta de Jean Wyllys establecía que cada persona podía cultivar hasta 12 plantas de cannabis en su casa para su propio consumo (seis plantas listas para la cosecha y seis plantas creciendo). La cantidad exacta de marihuana secada y preparada no debía superar 480 gramos y estaría exenta de registro e inspección por parte del gobierno. En cuanto al comercio minorista, la venta de marihuana estaría limitada a 40 gramos al mes por persona. El texto también establecía que correspondería al Ministerio de Agricultura la responsabilidad de los procedimientos de registro y la normalización de las operaciones de cannabis y sus derivados, así como la rendición de cuentas para su inspección. Los aspectos sanitarios de inspección del cannabis estarían a cargo del Ministerio de Salud. Según el proyecto, los sitios de venta de marihuana para uso recreativo o medicinal, debían tener una licencia. En el caso de la venta medicinal, debía haber una prescripción facultativa. También estaba contemplada la prohibición de creación de cualquier tipo de registro sobre los usuarios de drogas que incluyera cualquier tipo de identificación personal. Una maravilla.
El texto proponía también una serie de cambios en la Ley 11.343. Uno de los cambios era la reducción de cinco a cuatro años de prisión la pena mínima para cualquier persona que produjera, fabricara, importase o vendiera drogas ilegales exclusivamente para su provecho. La propuesta Wyllys proporcionaba amnistía a las personas acusadas, procesadas y/o detenidas por posesión o uso de marihuana. La propuesta finalmente no fue aceptada en 2015.
En Brasil es importante llevar a cabo una crítica sobre el actual sistema para buscar soluciones. Es necesario reformular los convenios internacionales firmados por Brasil y crear un modelo nacional que crea más en los derechos humanos. Siendo honesto no creo que vaya a haber grandes cambios en Brasil, al contrario. Seguirá la represión y el encarcelamiento de los consumidores como solución. Aumentarán las cárceles y la violencia hasta que haya un cambio de mentalidad.