Hubo un tiempo en que la alegalidad y la ilegalidad cercaban a los consumidores y los clubes de cannabis. Tiempos en los que la policía podía hacer uso del vacío legal en el que se mantenía a estas asociaciones, llegando hasta el uso de la fuerza si lo convenían necesario. Pero esa oscuridad ha dado paso a la luz con la aprobación en el Parlament catalán de la ILP que regula la tenencia, el transporte y el cultivo de nuestra planta.
¿De dónde viene esta medida?
El trabajo comienza hace tres años. En 2014, el Parlament insta a la propuesta de una regulación de los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis. Ante la inacción de sus señorías, en 2015 Rosa Verda comienza con la recogida de firmas, hasta alcanzar la nada desdeñable cifra de 67500, suficientes para iniciar el proceso de la ILP. La Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por Rosa Verda, que incluye a conocidas federaciones cannábicas tales como CATFAC o FEDCAT, plantea una serie de cuestiones necesarias para esperada regulación que evitará que ningún cultivo acabe requisado por la policía, que ya son una realidad.
La norma
Estas medidas, expuestas en la propuesta ante el Parlament el día 15 de junio y aprobada el 28, vienen avaladas por un grupo de más de 30 expertos, psicólogos, farmacólogos, sociólogos, incluso Milton Romani, representante del Plan Nacional de Drogas de Uruguay, país que recientemente ha legalizado la marihuana. Esta norma, pionera en Europa, propone adecuar el Código de Buenas Prácticas de los clubes y asociaciones de Cannabis que se redactó en 2015.
Así, las asociaciones y clubes serán las únicas autorizadas a cultivar y no podrán producir más de 150kgs de yerba seca al año. Estos cultivos vendrán avalados por peritos ingenieros que asegurarán que la producción sea la convenida.
En cuanto al transporte, la nueva normativa prevé que las personas lleven una autorización de parte de la asociación, en la que figuren los datos de la misma, los de la persona, destino, fecha, tipo de producto, etc. No podrá usarse transporte público a este efecto.
Desde el ingreso de un nuevo miembro en un club o asociación, se establece un periodo de carencia de 15 días. Esta espera se justifica para luchar contra el turismo cannábico, al estilo de otros países con regulaciones similares.
La normativa establece claramente las cantidades a retirar: si el socio tiene una edad comprendida entre los 18 y los 21 años, no podrá adquirir más de 20 gramos al mes. Si el socio tiene más de 21 años, el límite se establece en 60 gramos al mes.
Estas restricciones desaparecen en el caso de que el socio requiera marihuana por prescripción terapéutica.
Además, en los clubes y asociaciones no se podrá servir alcohol ni productos comestibles con marihuana. Los socios estarán en todo momento informados sobre los riesgos que conlleva el consumo abusivo de cannabis.
En contra y a favor
Según el dictamen parlamentario de la Ley de Personas Consumidoras de Cannabis ha sido apoyada por todos los grupos de la cámara, excepto el PPCAT. “Estamos muy contentos con el texto final” declaró el abogado Oriol Casals, coordinador de la ILP. “Pocas iniciativas en el Parlament tienen un apoyo tan trasversal”. La diputada de Junts per Si y presidenta de la comisión de Salud, Alba Vergés, afirma que esta iniciativa pretendía no dejar nada a medias pues durante años ha imperado la “ley de la puerta de atrás” que permitía la venta de marihuana pero su cultivo seguía siendo ilegal.
La ley puede ser una puerta abierta a la recaudación de impuestos sobre consumo, incluso da pie a la creación de un impuesto directo sobre la marihuana, la cual pasaría a tributar al Estado una sustanciosa cantidad, dado por ejemplo el caso de que solo en Barcelona, los clubes cannábicos pueden facturar hasta 5 millones mensuales.
A pesar de lo positivo de la ley, ésta puede ser impugnada por el gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que la Generalitat de Catalunya tiene competencias directas sobre materia de consumo, pudiendo, como en este caso, aprobar sus propias medidas.
La aprobación de esta medida revela que se puede y se debe acceder a una modificación de la ley vigente que permita la regulación del consumo de yerba, acabando así con el narcotráfico y la economía sumergida. Es responsabilidad de los gobernantes el terminar con estas lacras, sacudiéndose prejuicios y presiones de lobbies contrarios a la regulación.
