Benito Díaz
Illinois, el “Estado de la Pradera” de USA, con una población estimada de casi 13 millones de personas, se ha convertido en el undécimo estado americano en legalizar el consumo recreacional de marihuana.
El pasado 25 de junio, el gobernador JB Pritzker autorizó con su firma el proyecto de ley que permite el consumo de cannabis en adultos mayores de 21 años a partir del uno de enero de 2020.
«En los últimos 50 años, la guerra contra el cannabis destruyó familias, llenó las cárceles con delincuentes no violentos y desorganizó desproporcionadamente a las comunidades de color. Ha sido un fracaso”, aseguró el Gobernador. También informó de que se trata del primer tratado de este tipo que se lleva a cabo sin plebiscito, referéndum, esto es, llegando a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.
Un paso equitativo y de justicia
Quizás el punto más novedoso de esta legislación, sea la revisión y absolución de condenas debidas al cannabis en el estado. La ley prevé que aquellos que estén cumpliendo condenas con cargos no-violentos y cantidades menores a 30g de marihuana, serán indultados y puestos en libertad. Por otro lado, los abogados del estado o individuos procesados, pueden pedir su absolución por posesión de hasta 500g. Medidas sociales que muchas plataformas ciudadanas por la legalización llevan mucho tiempo reivindicando y cuyas voces empiezan a sonar ahora en la alta política.
La Ley de Illinois
Desde 1931, año en que se prohibió el consumo de cannabis en la “tierra de Lincoln”, el activismo cannábico ha recorrido un largo camino, en el que ha triunfado al final.
En el texto, se especifica que cualquier persona mayor de 21 años podrá tener acceso para su consumo personal, hasta 30 gramos de flores, 5g de concentrados (Rosin, BHO, etc) y no más de 500 miligramos de Tetrahidrocannabinol (THC).
Para los pacientes de Marihuana Terapéutica, que conquistaron su derecho en 2013, el límite será de 30 gramos, teniendo permitido el autocultivo en viviendas, en habitaciones cerradas y fuera de la vista del público, contando con el beneplácito del propietario.
Las personas no residentes en el Estado, tendrán también derecho a posesión, eso si, con menores cantidades que no superarán los 15 gramos de flores, 2,5 gramos de concentrado y no más de 250 miligramos de THC.
El cannabis se venderá en dispensarios especialmente autorizados que funcionarán por todo el Estado. Los envoltorios estarán registrados, sellados y etiquetados, a prueba de niños y bajo la leyenda de que el cannabis “puede crear hábito”. También se desaconsejará el uso por parte de mujeres embarazadas o madres lactantes.
Será ilegal la reventa de marihuana y sacarla del Estado podría conllevar problemas, dado que en gran parte del país sigue siendo ilegal y muy perseguida.
Estará prohibida la publicidad cerca de escuelas, patios de recreo, parques, transporte y propiedades públicas, así como cualquier actividad comercial que involucre o pueda involucrar a menores. No se podrá consumir en espacios públicos y cada administración local podrá decidir en qué establecimientos se podrá consumir.
Otro punto más en la ley crea el programa de becas “Restaura, Reinvierte y Renueva”, que ayuda a las comunidades más afectadas por la fallida Guerra contra las Drogas, estableciendo un programa de préstamos de bajo interés de 30 millones de dólares, disponibles para emprendedores cualificados que quieran empezar en un negocio legal de cannabis.
Expectativas económicas
Los legisladores establecen una estructura impositiva que permitirá recaudar tributos por valor de unos 57 millones de dólares el primer año fiscal y que aumentará anualmente hasta llegar a 375 millones en 2024.
De los ingresos generados por la nueva legislación, el 35% se destinará al Fondo General del Estado, el 25% a la reinversión en la comunidad mediante programas públicos y el 29% al tratamiento de Salud Mental y rehabilitación de personas con problemas de adicción. Además, se destinarán fondos para pagar facturas pendientes del Estado, a subvenciones de preparación para la aplicación de la ley y un dos por ciento para la educación pública sobre drogas.
“Estamos creando una legislación histórica y revolucionaria. Estoy orgullosa de haber podido colaborar”, declaró Kim Foxx, procuradora de justicia del Condado de Cook, tras la resolución de la ley que va a incluir a Illinois como una de las regiones del mundo que lleva la libertad para el cannabis por bandera.