Arnau Alcaide
Entre los muchos perjuicios de la Guerra contra las Drogas está el de permitir bajo su amparo justificar atrocidades. En Grecia ha sido esta vez; en Atenas, concretamente, donde la precariedad económica llevó al movimiento social de ocupación a extenderse de la mano de anarquistas y activistas, y, desde hace unos años, acoge también a los refugiados, brindándoles hogar y libertad. Recientemente, alegando operaciones contra narcopisos, se ha desplegado un dispositivo policial que dejará sin hogar a estos refugiados y activistas.
Barrios como Exarcheia, en el que empezó el lunes pasado el desalojo orquestado, contienen tanto edificios ocupados por los anarquistas como Squats: así se conocen los pisos colectivizados y ocupados por migrantes y sus familias. Son ahora el hogar de algunos de los más de 70.000 refugiados en el país, la mayoría concentrados en campos.
Los barrios ocupados se autogestionan y en el caso de los Squats de refugiados, estas personas también participan activamente. No son frecuentados por la policía, excepto en las grandes operaciones, y tampoco la administración ha hecho ademán de colaborar con la red vecinal establecida. Su desalojo puede tener consecuencias fatales para los migrantes: algunos están irregulares; otros, esperan su oportunidad de salir de Grecia hacia un país más próspero de la Unión Europea donde haya trabajo y escapan de las condiciones de privación material y de libertad que se dan en los campos de refugiados.
Pese a que es cierta la existencia de tráfico y o consumo que pueda haber en los barrios ocupados, la organización de las ocupaciones prohíbe el uso de drogas, es la situación de depresión y abandono social la que fomenta que se establezca el tráfico en la zona. De manera tendenciosa y maniquea, las declaraciones del Gobierno y de la policía, reproducidas y expandidas por los medios, han ido en la dirección de criminalizar al movimiento social y a los migrantes bajo un pretexto de drogas. La demagogia facilitará acabar con la amenaza para el statu quo de una economía colectiva paralela y devolver al campo de refugiados a los solicitantes de asilo, así como deportar a los irregulares.
La droga, y todo el tabú con el que el prohibicionismo la dota, es clave del argumentario represor y vulnerador de derechos humanos: las macrooperaciones de antidisturbios desalojarán los barrios enteros, sin discriminar los narcopisos del movimiento social.
Una de las señales evidentes de la dirección que está tomando el gobierno del país fue la disolución del ministerio de Inmigración y sus competencias en el de Orden Público, toda una declaración de intenciones para eliminar las consideraciones sociales y allanar el camino a la expatriación o reclusión de los migrantes. “Limpiaré Exarcheia”, la zona ocupada con más trayectoria en la capital, ya advirtió el Primer Ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis.
Los derechistas manejan la crisis migratoria desde el miedo, argumentando una carga migratoria desproporcionada en el conjunto de la Unión Europea, y han disuelto los derechos de acceso a la salud y a la seguridad social de los solicitantes. El portavoz de la policía, Stravos Balaskas, se refirió a la intervención policial en Exarcheia el pasado lunes como una «aspiradora silenciosa» que «absorberá gradualmente toda la basura», siguiendo el juego del gobierno.
El plan de desahucio está listo. La policía ha sitiado ya algunos edificios que los refugiados consideran su “hogar” y que temen dejar por miedo a ser arrestados. Las manifestaciones de apoyo se suceden, como la multitudinaria de este sábado por la mañana.
Fue bajo el mandato de la izquierda de Syriza cuando empezaron a dirigirse las operaciones policiales contra los barrios, allá por abril. Se podría decir pues que, aunque parece que este intento de los conservadores sea el más encarnizado hasta la fecha, el movimiento social de ocupación, tanto en su faceta anarquista como de acogida de los migrantes, nunca contó con el apoyo institucional, si bien se intentaron negociar mejores condiciones para los refugiados con la UE.
La fotografía utilizada es de André Naddeo, I am immigrant