Benito Díaz
El día 10 de agosto, aparece en el Heraldo de Aragón la noticia de la intervención policial de un “local social de consumo de cannabis”. Días antes, el 8 de agosto, la Federación de Asociaciones de Cannabis de Aragón (AraFAC) publica un comunicado en el que denuncia “la utilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a través de leyes obsoletas e injustas, para la represión de un movimiento social, reconocido y valorado positivamente por la sociedad así como por parte de la clase política, que lleva más de 20 años trabajando y defendiendo los derechos del usuariado en España y en Aragón”.
El comunicado también alude a la falta de democracia al no reconocer las opiniones del usuariado, quedando sin capacidad de obra. Además, reivindican respeto y una regulación que reconozca y determine estos derechos fundamentales. Su comunicado está disponible en su página de Facebook.
Jose Mármol es asociado a la directiva de AraFAC y presidente de la Asociación SECA, cuya intervención relata el artículo aparecido en el Heraldo de Aragón. “Ha habido un aumento de la presión policial en este 2019”, comenta Mármol. “Hay más efectivos, sobre todo de prácticas. No sé por qué, pero parece que nos manden a Zaragoza a todos los policías de prácticas. Así que hemos sido los conejillos de indias de esta gente”.
El responsable de la SECA nos relata unos hechos que no aparecen en la noticia del Heraldo, pues tan solo contendría la nota de los responsables de la Policía. “Una tarde normal, un socio salió del club y se topó con una pareja de policías de paisano en la puerta. Le registraron y le incautaron la marihuana que portaba. Mediante coacciones y amenazas de violencia, convencieron al socio para llamarme. Me llamó, me contó la situación y salí a dar una vuelta. Al salir, los policías se me tiraron encima, derribándome a la fuerza, y luego me pusieron contra la pared. Todo esto lo hicieron sin identificarse; podría haber sido una mafia o algo así, porque no iban de uniforme”, narra el presidente.
“Llegó más policía y montaron un operativo en la misma puerta de la Asociación. La gente fue saliendo y cayendo en el control, claro. Al no poder entrar llamando, pidieron una orden de registro, que consiguieron para el día siguiente. Eso debió de enfurecerles, pues registraron a todos en busca de las llaves de la puerta, interviniendo llaves de residencias privadas que no consiguieron accionar la cerradura, por supuesto”. Mármol explica que los socios no tienen llaves de la puerta del local, tan solo tarjetas para el acceso electrónico.
“El vicepresidente se quedó dentro, encerrado por puro miedo”. Desmiente que la asociación se clausurase y denuncia que agentes de policía manipularon su teléfono móvil. “Fueron a pescar truchas en un barreño, para enseñar a los novatos con una chapuza de operación”, declaró. Al día siguiente, siendo efectiva la orden de registro, la Policía incautó la marihuana, extracciones, 50 euros y prensas de extracción, punto contrastado por el Heraldo de Aragón en su nota.
“La presión ha sido brutal. Una asociación en el Barrio del Actur tuvo que cerrar porque se le paraba en la puerta un furgón de la Policía, diariamente. Claro, nadie entraba”, menciona Mármol. “Nosotros y la otra asociación del Barrio de San José, que también intervinieron, seguimos abiertos. Somos legales, la tenencia en vía pública, sin exhibición ni consumo, no puede ser causa de persecución”, lamenta el presidente de la SECA.
Gemma Ríos es la presidenta de AraFAC y confirma el repunte de actuaciones policiales en Zaragoza capital. “Me llamaron para comunicarme los hechos”, dice la presidenta. “Desde la federación, distribuimos el comunicado por redes y ofrecimos apoyo y asesoramiento. Disponemos de abogados y seguimos de cerca el caso, además de continuar con propuestas de regulación para evitar el inmovilismo político”. Según su conocimiento, en lo que llevamos de año se han producido más de 10 intervenciones a asociaciones federadas y no-federadas “sin más motivo que ser asociaciones cannábicas”, incide Ríos.
La presidenta acusa a los medios generalistas de fomentar la información sesgada y producir alarmas innecesarias. “No suele haber ningún problema con los vecinos, ni de olores ni escándalo. En esos medios se acostumbra a anunciar las actuaciones policiales con gran expectación, pero no se sigue el caso ni se basan las noticias en las resoluciones judiciales, fomentando la criminalización de los usuarios”.
Desde ARAFAC, Gemma Ríos y sus compañeros siguen en contacto con la política, aportando propuestas de regulación mientras buscan el reconocimiento de las Asociaciones como “espacios de reducción de riesgos”. “No somos el problema, somos la solución. En nuestras Asociaciones organizamos círculos de personas conocidas, cerrados, sin colaboraciones con terceros. Apostamos por personas adultas y concretas, por el autoconsumo. Por espacios cerrados y privados que no causan molestias. Que proporcionan calidad y seguridad lejos del mercado negro”.
“La Policía es una herramienta del Estado, y un estado que debería contemplar ya mismo la situación del cannabis. Los agentes hacen su trabajo; sin embargo, sus prácticas a la hora de intervenir en nuestras Asociaciones son más que cuestionables”, expone la presidenta de ARAFAC.
Ambos responsables coinciden en la necesidad de una regulación y legislación que ampare a los CSC y consumidores, sin caer en tópicos o discriminación. “Hay que poner soluciones” asegura Mármol. “Este sector está consolidándose y hay muchas familias que depende de una verdadera regulación que dote de seguridad su sustento. No despenalizar, no legalizar. Regular y legislar”.