Benito Díaz
Said caminaba por la calle cuando la policía de Yecla lo detuvo, fuera del núcleo urbano. Le encontraron un grinder usado en el bolsillo. Said huyó, hiriéndose en la carrera. No importaba, en el molinillo había restos de Cannabis con un peso de 0,01 gramos. Suficiente para imponerle una multa de 10.400 euros, en ejecución de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, más conocida como Ley Mordaza. Said, cuyo nombre es ficticio para preservar su identidad, acumula tres multas este año.
La Ley establece sanciones atendiendo a grados que varían entre Leve, Grave o Muy Grave. Dentro de las sanciones a infracciones Graves, encontramos multas económicas entre los 601 a los 30.000 euros. Y dentro de las infracciones Graves, las sanciones Mínimas, que van de 601 a 10.400 euros. Esa es la horquilla donde encontraríamos las multas impuestas a consumidores de cannabis, un sector de la población particularmente acosado por la aplicación de esta ley, dado que “el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos es considerado una infracción GRAVE”.
Pero estas sanciones no estaban aplicando con la máxima dureza en todos los lugares. Yecla se encuentra en la Comarca del Altiplano, en el noroeste de la región de Murcia. Limita al este con Alicante y al norte con Albacete. Un municipio que en 2018 contaba con una población de 34.234 habitantes y que durante este año 2019 se ha convertido en el lugar de la geografía española donde la Ley Mordaza está mostrando su lado más agresivo y persecutorio con los consumidores de cannabis.
Siguiendo con la Ley, “si es la primera vez y no existe ninguna circunstancia agravante, se impondrá la multa en grado mínimo. El grado mínimo de la sanción por infracción grave es de 601 a 10.400 euros”. Además, “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.
El cargo de reincidencia se aplica cuando se cometa “en el término de dos años, más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Said acumula seis multas. Tres por valor de 600 euros cada una. Dos por valor de 1000 euros cada una, de las cuales una ha sido recibida y la otra no. Una por valor de 10.400 euros, que, aplicándose la reducción, se quedaría en 5000 euros que se embargan poco a poco de su nómina de obrero industrial. Con 24 años, residente en Yecla, este ciudadano declara que la policía persigue a los consumidores, no a los traficantes.
“Con 600 euros ya no daba abasto. Esta situación ha afectado a mi relación de pareja, a mi familia, en el trabajo… estoy bajo mucha presión, deprimido, no paro de pensar en ello. Si dejo de pagar la multa, me embargan. No quiero que lo sepan en mi trabajo, creo que me pueden echar”, asegura. “Ya no soy el mismo, no tengo ganas de vivir. Se están cargando la vida de muchas personas con estas multas. Una persona que trabaja duro para ganarse el pan no puede permitirse esto”. Espera que “las personas” que “puedan” le ayuden. “No creo que no se pueda hacer nada”, lamenta un Said al que le caducó la posibilidad de recurrir.
Ricardo, de nombre ficticio, es otro vecino de Yecla. Tiene 25 años y en la actualidad no tiene trabajo. Acumula 15 sanciones de 600 euros por tenencia y desacato, y una de 10.400 por reincidencia. “Sobre todo han sido impuestas en el pueblo. Respeto a la policía, pero parece que siempre vengan a por mí”, nos comenta. Ha tenido muchas experiencias con los agentes, de los que nos dice que “depende de cuál te toque”.
“Amenazan, te tratan con prepotencia, aunque sin violencia física, más allá de algún empujón o manotazo”. Relata cómo un policía estuvo siguiéndole en un coche, para detenerlo a gritos frente a una concurrencia. “Me llamaban por mi nombre y luego querían identificarme, todo a 150 metros de mi casa. Llegaron a decirme ‘no te pongas chulo que te partimos la cara’ ”. Ricardo no llevaba nada en esa ocasión, pero la semana siguiente sí tenía algo de cannabis encima, por el que le impusieron una multa por tenencia y otra por desacato.
“No te dejan llevar una vida normal y yo quiero estar tranquilo”, nos cuenta. “¿Cómo voy a poder seguir con mi vida? He dado un cambio total, ya no fumo. Me gustaría sacar ese dinero como fuera, así podría acabar con las malas ideas que se me ocurren”. Ricardo espera poder declararse insolvente y esperar a que las multas caduquen. Estuvo en un centro de desintoxicación como resultado de una de ellas. Sabe que hay más de 60 afectados por la Ley Mordaza en su localidad, durante 2018-2019.
El bufete de abogados Brotsanbert, especializado en casos relacionados con el cannabis, representa a varios afectados por la Ley Mordaza. Nos atiende Francisco Azorín, que nos explica que el caso de Yecla es representativo de un poder que busca perseguir a consumidores de cannabis con objeto de criminalizarlos. El letrado conoce bien la situación de la localidad y las actuaciones de la policía local y nacional. “Tenemos controles policiales en carretera casi diarios. Nuestros clientes han sido sorprendidos en su mayoría en esos controles o caminando por la calle. En un pueblo de 34.000 habitantes, todo el mundo se conoce. Y dada esa densidad de población, la presión policial es notable. Ha sido así siempre, pero se ha comprobado una escalada en las intervenciones policiales durante el último año. No tenemos noticia de que esto haya pasado en otras comunidades, mientras que en Murcia se ha pasado de una recaudación de 40.000 euros por multas de este tipo en 2014, a más de 500.000 euros en estos tributos durante 2018”, nos relata Azorín. “Creemos que existe un componente cultural-racial, van a por gente que pueda tener ‘pintas’, punkis, peinados rastas…”.
Sus planes de defensa incluyen la nulidad del proceso ante la policía de Yecla, pues estas sanciones supusieron la creación de un registro que podría contradecir las ordenanzas legales de protección de datos y contra el derecho de cancelación. “A la mayoría de la gente se le ha pasado el plazo para recurrir. Aun así, recurrir la Ley Mordaza es caro y mucha gente prefiere pagar. Son gente que ha pedido préstamos a la familia para pagar, o que se encuentra en situación irregular”.
Desde la administración, solo hay que revisar las declaraciones del comisario de la policía local de Yecla, Pedro Vicente, a El Confidencial. “Vaya por delante que a mí los importes que impone la Ley 4/2015 me parecen una barbaridad. Y puedes poner que lo he dicho. No se puede sancionar a un chaval por llevar dos chinas de resina de hachís para fumárselo en su casa con diez mil euros que, si paga en veinte días, son cinco mil. Eso es una barbaridad”, asegura. Tras eso, el policía responsabiliza al ejecutivo bajo la premisa de que “esa ley iba a ser derogada en cinco minutos” como prometían. “¿Tú crees que en Murcia o Madrid se está aplicando la ley? No, porque no se atreven. Y tú me dices a mí: ¿y por qué en Yecla sí? Porque lo dice la ley”.
El policía asegura haber manifestado su “preocupación” al Alcalde y al pleno, que ratificó la aplicación estricta de la ley. “Yo he hablado con muchos abogados de Yecla y les he dicho: por favor, llevadnos al contencioso, al juzgado, e impugnad esto, a ver si ganáis. Porque, como yo tenga una sentencia que diga que no aplique esto, a mí me quita un peso. Si el gobierno que hay no supo quitarla en cinco minutos, si el que la puso no supo la repercusión, pero un juez me dice que no lo aplique, yo me acojo a esa sentencia. Sigo aplicando los 10.000, pero en cuanto uno recurra, digo: perfecto, pues se acabó el tema”.
Mientras el comisario derrama lágrimas de cocodrilo, hay familias rotas y vidas destruidas por el afán recaudatorio y la criminalización de la población consumidora de cannabis. Hoy es Yecla, en Murcia. Mañana, ¿quién sabe? Le podría pasar a cualquiera. Le podría pasar a usted.