Benito Díaz
El cannabis ya se encuentra fuera del Anexo 1 de Sustancias Controladas en EEUU. La votación, llevada a cabo por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington, aprobó el nuevo estatus de la planta el pasado 20 de noviembre.
El resultado, de 24 contra 10, facilitó que la propuesta de regulación pasase a la siguiente fase, su votación en el Congreso, de mayoría demócrata. Tendrá que salvar su primer obstáculo real cuando se enfrente al Senado, de mayoría republicana liderada por Mitch McConnell, señalado por los activistas como el máximo prohibicionista del Estado. Luego, deberá ser ratificada por el presidente Donald Trump. El resultado de la suma de estos factores arroja sombras de duda sobre su aprobación en último término.
El proyecto de ley permitiría a los estados americanos promulgar sus propias políticas al respecto del cannabis e incentivaría la revisión de antecedentes penales de personas con delitos de bajo nivel relacionados con la Cannabis, sus flores y derivados. También incluye un impuesto sobre el cannabis del 5% en todos sus productos, que se destinaría a la capacitación laboral y asistencia legal de las comunidades más perseguidas por la fallida Guerra contra las Drogas, respetando una relación tradicional y antropológica y haciendo ademán de cierta reparación a estos colectivos ante la consolidación blanca adinerada del sector.
Al estilo de Illinois, las nuevas leyes del cannabis contemplan las peticiones que la Unión Americana de Libertades Civiles lleva décadas reclamando. Más de la mitad de los arrestos al año en EEUU por causa de estupefacientes están vinculados con la marihuana. Tal como explicaba en su día el gobernador de Illinois, es preocupante el impacto desproporcionado que las leyes antidrogas han tenido en comunidades afrodescendientes.
«La criminalización de la marihuana ha sido un error. (…) La disparidad racial en las leyes de aplicación de la marihuana solo agravó este error con graves consecuencias, particularmente para las comunidades minoritarias», expuso el presidente del Comité Judicial, el demócrata Jerrold Nadler.
EEUU, país prohibicionista
Las políticas llevadas a cabo por Estados Unidos desde hace décadas llevan trayendo un océano de injusticias a nivel mundial, donde se han ahogado desde grandes narcotraficantes hasta pequeños productores y consumidores. Desde los años 70, cuando Nixon lanzó las primeras incursiones en el prohibicionismo, llegamos hasta su extensión por parte de Reagan ya en los 80 que dura hoy en día. En EEUU se está dando un cambio radical en el punto de vista respecto al cannabis.
Hoy en día, 11 estados americanos y el Distrito de Columbia han legalizado el cannabis para uso recreativo. La marihuana medicinal, recetada por médicos, es legal en 33 estados.
Políticos jóvenes están avanzado en materia de regulación, consiguiendo en muchos casos que el tema se ponga sobre la mesa para su discusión seria. Un avance que podría observarse nimio, sin embargo, se trata de una postura mucho más comprometida que la que tienen en otros lugares como, por ejemplo, nuestro país.
“No me importa, está bien para mí. No estás haciendo daño a nadie… Creo que la gente suele huir de ello, pero solo tenemos que aceptar que no hay nada más dañino inherente a la marihuana que en, digamos, sustancias legales como el alcohol o cualquier otra cosa. Hay mucha gente que bebe, ¿cuál es la diferencia?”, preguntó en junio la congresista Alexandria Ocasio – Cortez, una de las nuevas voces de la política norteamericana que defiende la regulación. “Me alegro de que nos estamos moviendo hacia una posición más justa como partido y que estamos moviéndonos, no solo para legalizar la marihuana, sino también para compensar los daños causados por la Guerra contra las Drogas y las personas que fueron injustamente encarceladas”.
Por el camino han quedado otras propuestas para regular el cannabis como la ley MORE que pretendía un escenario similar al actual.
Presión económica
La medida, aprobada por el Comité Judicial, tiene un reverso del cual se preocupan los activistas. Las grandes multinacionales ya tienen echado el ojo al potencial económico del mercado del cannabis. Farmacéuticas, cosméticas, empresas del ramo de la salud y la alimentación ya presionan a los gobiernos para una regulación del cannabis en la que obtener las mejores licencias, o quizás las únicas. Esto se favorece en un país como EEUU, donde la actuación de lobbies está permitida y aceptada como normal.
La aprobación días antes de la ley SAFE asegurará que las empresas de cannabis legales estatales y sus empleados tengan acceso a los mismos servicios bancarios y financieros básicos que están disponibles para otras industrias legales. Permitirá que la industria del cannabis acceda a servicios bancarios, reduciendo su dependencia del efectivo y mejorando en gran medida la seguridad para las empresas. También “aumentará la transparencia y ayudará a la policía a disuadir y detectar operaciones ilegales”, como explicaba en declaraciones a Forbes el CEO de la Federación de Comercio de Cannabis, Neal Levine, conocido lobby pro-legalización.
Dominado por una mayoría demócrata, el proyecto todavía podría llevarse a cabo. Esto hace que empresas tales como Canophy Grow se froten las manos. Al día siguiente de aprobarse la nueva legislación en la Cámara, el índice mundial del cannabis en bolsa (CFD), subió más de un 8% alentado por las alzas de más del 15% de las empresas del sector, como la mencionada Canophy Grow Corp.
Recordemos que el sector industrial del cannabis tiene una capitalización de 80.000 millones de dólares y más de 200 compañías cotizadas participando de ese bizcocho cannábico.