Benito Díaz
La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que era conocida el pasado 11 de febrero, absuelve a la dirección del Club Social de Cannabis The High Class, creada en 2004, de los delitos de Delito contra la Salud Pública y Asociación Ilícita por los que el fiscal pedía entre cinco y ocho años de prisión para cada miembro de la junta directiva, además de una multa de 6.000 euros.
Me reúno con Marta de Luxán, abogada y componente de la junta directiva del Club como secretaria. Nos vemos en una cafetería en la Plaza de las Cortes, al lado del Congreso de los Diputados.
“He sido socia fundadora y parte de la dirección desde que abrimos hasta que ordenaron la clausura en Enero de 2018”, explica Luxán. Los hechos sucedieron el 27 de Julio de 2017, cuando la Policía Nacional registró el local de la asociación. Del local, sito en Calle Magdalena número 38, se incautaron 724 gramos de Marihuana, 226 de resina, caramelos, frascos de aceite y de Spray con THC, además de 930 euros en efectivo y ficheros de los 600 socios.
“Cuando entraron no estaba presente. Acudí lo más rápido que pude y llegué cuando los policías seguían allí. Me llevaron detenida y pasé la noche en la comisaría de Leganitos. Por suerte, no se llevaron a ningún socio ni a ningún trabajador más”, expone la abogada. “La policía llamó a la puerta y, tras exhibir la orden de registro, entraron en la asociación llevando un ariete para derribar puertas, rompiendo puertas a patadas, poniendo a los socios boca abajo en el suelo, usando las esposas… una actuación bastante ruda y violenta. Según lo que dijeron los socios, parecía que entraban en un bunker terrorista o algo así”.
“Los cargos de Delito contra la Salud Pública y Asociación Ilícita son los cargos “estándar” que pide la fiscalía en casos como éstos, igual que las peticiones de cargos de entre seis meses y cinco y ocho años de cárcel. Es lo normal”, exlica de Luxán. “Teníamos nuestras medidas tomadas de antes. Creo que en el momento en el que una decide fundar una asociación de este tipo, tiene que tener claro que puede acabar detenida, con un proceso judicial y, o estás preparada para defenderte, o la cosa puede acabar mal. Asumimos una estrategia de defensa no solo con palabras, también teníamos documentos para demostrar lo que hacíamos. Al principio estuvimos cerrados, hasta que se levantó el secreto de sumario y luego no podíamos estar abiertos en el horario normal, sobre todo porque no teníamos medios, sin dinero para pagar el local, sin sustancias… todo fue incautado, ordenadores, Ipads…”.
La presión policial que ha vivido la zona de Madrid Centro es llamativa en cuanto a frecuencia y virulencia de las intervenciones. Hace unos años, en 2017, fueron tomadas un gran número de asociaciones establecidas en este distrito. Un año después, las tiendas con CBD en venta fueron las siguientes.
“Creo que es la zona que ha vivido una gran presión policial, no sé si de España, pero seguro que de toda la comunidad”, señala de Luxán. “No creo que sea una cuestión política, sino que se encargan de todo en Leganitos, una comisaría muy grande. La gestión viene por parte de muchos grupos y es la única comisaría “de barrio” que tiene un grupo especial para estupefacientes. Esto da facilidad para que ellos puedan dedicarse a presionar, a seguir socios por la calle, etcétera”.
En la sentencia se especifica que la entrada se ajustó a la legalidad tras el visto bueno del juez de instrucción, que estimó los indicios de la Policía basados en “la droga incautada a personas que salían del edificio y la sospecha de que en el interior se podía vender droga”, lo que coincide con muchos otros casos de intervenciones policiales a clubes y que acusa poca certeza, al no poder confirmarse si esas sustancias no las traía el socio del exterior y asumir por defecto conductas de tráfico para asociaciones registradas legalmente, vulnerando la presunción de inocencia al valorar su propia existencia como constitutiva de delito.
“Por decisión nuestra, solo acudí yo de parte de la junta directiva. Estuve declarando 40 o 50 minutos, con mucha tensión, aunque no hubo gritos, no es verdad lo que dice la prensa”, relata la abogada. “La declaración de los policías también fue destacable, ya que algunos mintieron en contraposición de otros que fueron honestos. En sus atestados aseguraban que las sustancias salían del club, cuando no lo saben. A través de nuestras preguntas, ellos mismos reconocieron este extremo. La investigación para confirmar esto es la siguiente: paran diez socios, si los diez llevan Cannabis, piden una orden al juez y solo con eso, el 90% de los jueces de Plaza de Castilla, se la da. Debemos tener en cuenta de la premisa de que este club es un sitio donde la gente viene a fumar”.
Marta de Luxán confirma que nunca han estado afiliados a un organismo de representación Cannábica como asociación, al no estar de acuerdo con ciertos puntos, como el número de socios que se propone desde estos lugares. “Limitar el número de socios es una postura errónea y prohibicionista, desde mi punto de vista. El derecho a la asociación es fundamental, sirve para hacer política, presión política, para que la gente se una y luche por un fin común. Si limitas el número estás limitando nuestra capacidad de hacer presión. Si bien siempre hemos apoyado el movimiento y acudido a todas las manifestaciones, eventos como la Manifiesta Acción de hace algunos años. Con posterioridad, la junta directiva decidió pasar a ser miembros del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, aunque esto fue después del caso de High Class porque antes no existía esta plataforma”.
En caso de intervención, la abogada recomienda seguir luchando. “Hay que ir a juicio en los casos que se pueda. Cada caso es distinto, lejos de lo que quiere afirmar la fiscalía. Cuidado, siempre y cuando la asociación haya funcionado correctamente, si la gestión del lugar es pésima, habría que actuar de forma distinta. Para defender una asociación, el trabajo hay que hacerlo desde el principio, pensar que los abogados no hacen milagros. Depende del fiscal, del juez que te toque…”. “Si la policía llega con una orden, no se puede hacer nada. Solo puedes permitir que hagan su trabajo, que incauten las cosas y que se lleve detenida a la junta directiva. El trabajo empieza mucho antes, teniendo los documentos bien y luego, mantener la calma, llamar a tu abogado y no diciendo nada hasta que llegue. Si viene sin orden, hay que explicar a la policía que nadie está autorizando esa intervención y que están violando la entrada. Tampoco hay que hacerse el héroe interrumpiendo el paso de los agentes, porque si quieren entrar, van a entrar y te van a detener por desacato o algo similar. Si no tienen orden, lo normal es que el juez lo anule. La Policía Nacional no tiene derecho a entrar sin orden. La Policía Local es más discutible, teniendo en cuenta las licencias del sitio”.
De Luxán desea que la sentencia sea buena para todos y que anime a mucha gente a abrir nuevas asociaciones que continúen la lucha por la regularización en España.