Equipo de redacción Brotsanbert/ Arnau Alcaide
(Villahermosa, Tabasco, 6-3-20) Al igual que en España, en México se ha cultivado en hogares desde hace años la cannabis en la clandestinidad. El conocimiento tácito de la existencia de los cultivos, no obstante, choca frontalmente con la percepción social de la planta: una droga indeseable de la que es mejor guardarse para evitar las miradas de un estigma forjado por criminalidad, marginalidad y bolsas de pobreza. Tampoco la constante presencia policial en zonas públicas facilita que nos sintamos cómodos fumando al aire libre.
La normalización será el próximo paso a la legalización en un país en el que el partido Morena en el gobierno ha necesitado hasta distribuir un cómic llamado Mariguana para tratar de erradicar el ideario prohibicionista de la mente de una población que lo sufre y se lo autoinflige. Aquí en México, al que fuma se le llama “mariguano” de manera despectiva, y la inminencia de una legalización políticamente muy trabajada se contrapone con un sentimiento de incomprensión popular. Un patrón contrario a España, donde sabemos por el Centro de Investigaciones Sociológicas de la aceptación social del cannabis y peleamos, sin embargo, porque la política incorpore nuestras peticiones.
Antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial de México, en 2015 determinó que la prohibición del uso personal del cannabis es inconstitucional porque atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como por impedir el libre acceso a la salud, para aquellos casos en los que se usa como alternativa medicinal.
Esta interpretación se ha ido consolidando en reiteradas sentencias, fijándose así un verdadero criterio interpretativo, y, a su vez, abriendo la puerta a una regulación integral del cannabis, tarea encargada al Congreso mexicano.
Actualidad de la ley
Lamentablemente la tarea no ha sido llevada a cabo, todavía. El mandato debía cumplirse en el mes de octubre del pasado año, pero tras numerosas iniciativas, foros y discusiones, se llegó al plazo sin ningún acuerdo alcanzado. No obstante, se concedió de manera excepcional, una prórroga hasta el 30 de abril de 2020.
La tarea que tiene por delante el Congreso no es sencilla: una regulación integral del cannabis exige, como bien han hecho, la creación de una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Sin embargo, es necesario que se adopten medidas en otros ámbitos afectados por el consumo. La propuesta del Senado hoy en día incluye reformar la Ley General de Salud para normativizar los usos médicos del cannabis, así como la modificación del Código Penal Federal para conseguir su despenalización.
De manera favorable, prácticamente todo el ámbito legislativo mexicano ha manifestado estar a favor de la legalización del cannabis, incluso con fines lúdicos. Curiosamente, la población esta dividida en lo referente al Proyecto: un 45.2 por ciento de la sociedad mexicana está a favor de aprobar esta reforma, mientras que 42.7 por ciento la rechaza, y 5.4 por ciento se pronunció a favor del uso medicinal, pero no con fines recreativos.
El adelanto político-jurídico de México a España
Dispar situación es la que vivimos hoy en España. Actualmente, la regulación relativa al cannabis se encuentra gravemente desfasada, donde un único y ambiguo articulo regula todo lo relacionado con el cannabis. A ello hay que añadir las incongruentes y contradictorias interpretaciones que los tribunales están dictando, produciendo una grave inseguridad jurídica para los consumidores. Nada que ver con México, donde la jurisprudencia ha unificado y consolidado el criterio adoptado por el poder judicial.
No es una cuestión baladí el hecho de que el cannabis sea la sustancia ilegal más consumida en España. Respecto al porcentaje de consumidores, el 35,2% de la población de 15 a 64 años ha consumido cannabis alguna vez en la vida, más de un tercio de la población (XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España)2 . Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una regularización, que proteja los derechos y libertades de los consumidores.
Ante tal situación, la respuesta política ha sido insuficiente, contamos con diversas propuestas de grupos políticos, pero en la práctica no se ha materializado ningún avance. En suma, como anteriormente se ha puesto de manifiesto, los tribunales están adoptando decisiones que propician una inseguridad jurídica. Esto se opone con lo que ocurre en México, donde el poder judicial y el legislativo colaboran y van de la mano en la redacción del proyecto, viéndose esto favorecido por la congruencia de los actos que cada uno lleva a cabo en relación con este asunto.
Ante el creciente avance internacional en este contexto, y por supuesto ante la pasividad e insuficiencia del Estado, ha sido la OECCC, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, una institución ajena a los poderes del Estado, la que ha materializado por fin, la necesaria propuesta de regulación, poniendo su enfoque en las personas.
De uno u otro modo, España y México comparten unos objetivos comunes en este ámbito. Ambos países necesitan reformar su política de drogas como se ha resaltado, más aún México, donde el poder que ejerce el narcotráfico ha dado lugar utilizar términos como narcoestado o narcoeconomia. La implantación de una visión represiva y policial frente a este fenómeno ha sido un fracaso, enfrentarse al tráfico de drogas sin una estrategia integral de seguridad humana, salud pública, derechos humanos e inteligencia es un inmenso error.
En este contexto, el cannabis representa la droga – hasta ahora ilegal – con mayor consumo; es por esto por lo que el avance hacia la despenalización y su regulación supondría poner en jaque a las organizaciones del tráfico de drogas, así como respetar los derechos de los ciudadanos que deciden hacer uso de él, o que pretenden, en un entorno regulado, producirlo o distribuirlo. Protegiendo la salud pública, proporcionando información y estableciendo los limites relacionados con los usos del cannabis. Preservando la seguridad pública transformando la visión de la política de drogas policial a una de reducción de riegos y daños. Asimismo, dándole al cannabis, para uso médico y científico el mismo tratamiento que para las sustancias controladas.