Benito Díaz
Costa Rica tiene una situación similar a España en cuanto a los derechos sobre la planta: si bien su uso personal está despenalizado, no existe seguridad jurídica al respecto, al no estar desarrollados los límites de estel. Lo reza una sentencia de 2018 a un abogado que autocultivó para probar su legalidad, un caso sonado. En la actualidad, un puñado de organizaciones continúan peleando para legislar cannabis medicinal y recreativo, con una propuesta paralizada en el parlamento para el primero y desterrando la inseguridad legal de su usuariado.
Contactamos con Juan Zúñiga, antiguo representante de Alchemy CR y actual portavoz de Fundación Sulára. Según nos cuenta, Alchemy ya no se encuentra funcionando. “Desde septiembre de 2019 que venció el nombramiento de la Junta Directiva y no se ha realizado ningún cambio en los miembros”. Zúñiga decidió renunciar el año pasado, debido a estos y a otros problemas de régimen interno. Entonces llevó a cabo la creación de Fundación Sulára, desde donde continúa con su trabajo, del que hablaremos más adelante.
Actualidad
El presente de la regulación en CR avanza lento, según las palabras de Zúñiga. “Nuestro país está afrontando su segundo intento por aprobar una ley que regule el Cannabis Medicinal, con el Proyecto de Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para fines medicinales, presentado a inicios del 2019 por la diputada Zoila Volio del Partido Integración Nacional, después de archivar su primer intento por falta de impulso”. El activista señala que Costa Rica se encuentra en la misma cortina de humo que antaño, en la que muchas personas y organizaciones pueden resultar afectadas en la legalidad, puesto que no se ha aprobado ningún reglamento, las mesas de comunicación se han cerrado y el mercado negro de productos medicinales aflora a diario.
Sobre el proyecto de ley propuesto por la diputada Volio (PIN), Zúñiga destaca que se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa. “No ha tenido el apoyo, ni las correcciones necesarias para crear un beneficio real para el país. Se han recibido muchas propuestas para mejorarlo y para realizarle los cambios necesarios, propuestos por varias personas, organizaciones y empresas, pero aún no hay una fecha clara para discutir el tema”. El fundador de Fundación Sulára comenta que se constituyó una mesa de discusión para crear un reglamento para la inscripción de productos a base de Cannabis. Para su desgracia, se abandonaron las intenciones, debido a que “solo se ocupaba un reglamento entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agronomía. De momento, no existe ningún interés por parte de ambos para llevar a cabo la regulación”.
En otro ámbito, las llamadas “dosis pequeñas” y su legalidad para transportar o poseer, continúan siendo un concepto a desarrollar. “El tema de cómo medir el significado de dosis pequeñas o cantidad de plantas permitidas en legalidad para cultivar, no se ha cuantificado, ni ha sido de interés para los legisladores. Tampoco se encuentra especificado en el Proyecto de Ley” relata Zúñiga. “El autocultivo tampoco. De momento, muchas personas del país lo practican, pero existe mucha incertidumbre respecto a si lo hacen dentro o fuera del marco legal”.
Cannabis Medicinal
La información sobre estas terapias alternativas ha sido difundida desde la realización de talleres, charlas, conferencias y foros de discusión para su aplicación en personas o mascotas. “Se han abierto salas de discusión sobre los límites legales. También se han inscrito productos a base de compuestos como el CBD, como Cannabeer o Combucha CBD. Varias universidades están estudiando la posibilidad de realizar estudios científicos sobre estos beneficios medicinales”, asegura Zúñiga.
Hoy, el activismo se encuentra impulsando la creación de asociaciones y fundaciones que apoyen el estudio, investigación e información sobre los alcances de estas propiedades medicinales del cannabis.
Las asociaciones y la sociedad civil se han organizado en la creación de organizaciones sin afán de lucro para apoyar a la población. “Brindamos asesorías y charlas sobre los beneficios del cannabis medicinal. Hasta el momento, contamos con seis organizaciones debidamente legalizadas en el Registro Nacional. En concreto, cuatro fundaciones como Sulára, FUCANNAMED, FUNDACANNA y GuanaGrow. También dos asociaciones, Club Vida Verde y Club Tokus. Además, se conformó la Oficina 420 Law CR, dirigida por el licenciado Isaac Vargas, que presentó su tesis en la Universidad de CR, “Análisis del régimen jurídico y jurisprudencial del cultivo de Cannabis con fines de autoconsumo en Costa Rica, desde una perspectiva de Derechos Humanos”, ocupándose de la asesoría legal y trabajando en la defensa de varios casos relacionados con el autocultivo para consumo personal. Aún existen muchas personas presentando solicitudes de inscripción de productos a base de CBD en el Ministerio de Salud”, afirma Zúñiga.
Activismo
La creación de nuevas organizaciones brinda esperanzas renovadas a la población costarricense. Juan Zúñiga nos relata sobre Fundación Sulára que ya se encuentra registrada y con cédula jurídica (3-006-788851): “La fundación está integrada junto a profesionales de la salud, en el campo de la enfermería, psicología y deportes. Sus fines son dar capacitaciones, talleres, charlas y asesorías. Crear proyectos de investigación y aportar en el beneficio del país, contribuyendo con estudios científicos que comprueban los usos medicinales del Cannabis en la salud. Además, damos asesorías gratuitas para la creación de fundaciones, asociaciones y clubes sociales cannábicos”.
Zúñiga, nombrado representante en Latinoamérica para la asesoría y gestación de CSCs por parte de CONFAC, explica cuáles son los pasos a seguir en el futuro: “Las 6 organizaciones cannábicas estamos en proceso de formalizar una Federación de Organizaciones sin fines de lucro, enfocadas en el estudio e investigación de los productos a base de cannabis y priorizando la obtención de un cromatógrafo, para poder realizar mediciones de los productos artesanales, saber qué es exactamente lo que las personas están tomando y dar así un mejor seguimiento a cada caso”.
“Lastimosamente”, prosigue, “nos encontramos en una persecución de activistas y cultivadores por parte de las autoridades judiciales, pero la unión y fuerza que estamos agarrando con la formalización de una Federación nos va a permitir impulsar un reglamento con el cual se establezcan los requerimientos técnicos para un laboratorio con fines de seguimiento, ya que existe una imposibilidad institucional motivada por la ausencia de normativa”.
Pueden contactar con Fundación Sulára en su correo para más información.