Arnau Alcaide
Con la cuarentena impuesta por el coronavirus, allá donde cierran sus asociaciones, el usuariado español de sustancias consideradas ilegales se ve doblemente atacado. En primer lugar, el control de la movilidad supone un elevado riesgo de ser sancionado al abastecerse de elllas en el mercado negro, pues se tendrá que contar con otro motivo para evitar ser sancionado por salida injustificada, cuando no también por tenencia. Del mismo modo, este aumento de la presión agrava la criminalización penal del suministro de estas sustancias, tipificado legalmente como tráfico, lo que ha llevado a la escasez por precauciones en la cadena de suministro y a crecidas del precio del cannabis, asegura El País que hasta triplicarse.
Con estas líneas se describe en el periódico Última Hora la incautación a un joven de 23 años en Palma de Mallorca. Al darle la policía el alto, «titubea y no atina a la hora de justificar por qué está fuera de su domicilio. Lo registran y encuentran una sorpresa: dos cogollos de marihuana. Multa doble. Por incumplir el estado de alarma y por posesión de sustancias estupefacientes. No será el único. Los policías, poco después, sorprenden por tercera vez en la calle a un hombre de 47 años y nacionalidad nigeriana. La primera ocasión que lo han visto le han recordado que estamos en estado de alarma. La segunda lo han sancionado por incumplirlo y por tener marihuana. Y la tercera ha acabado arrestado por desobediencia», narra el artículo, que acompaña una noche de patrulla.
Además, habría que ver si las asociaciones que dispensen cannabis a domicilio, o lo hayan hecho, han tenido problemas con las fuerzas del orden en el desempeño de esta tarea de seguridad protocolaria ante el coronavirus, pero no reconocida. Si habéis tenido alguna experiencia, os invitamos a que nos la contéis enviando un correo a info@cannabis.es o por redes sociales. Las asociaciones están cerradas tras decretarse el estado de alarma el pasado día 17.
Podrá comprar alcohol y cigarrillos, no cannabis u otras sustencias, bajo pena de sanción, vulneración de derechos y exposición de portador y agentes al contacto mutuo, lo que la norma trató de prevenir punitivamente. Las sanciones vendrán de la mano de la Ley Mordaza y el motivo de desobediencia, al haber quebrantado, injustificadamente para la autoridad, la cuarentena. En esta misma ley, cuyo nombre oficial es Ley de Seguridad Ciudadana, se recoge la legislación punitiva que ya conoce el usuariado de sustancias ilícitas, pues incluye las sanciones por tenencia en la vía pública, consideradas como «graves». El castigo por aprovisionarte estos días puede ser demoledor, si bien recientemente la jurisprudencia cuestionaba que la policía local tuviese competencia sancionadora por tenencia.
Plataformas como antiracismo ya han puesto de manifiesto el incremento de abusos policiales por este motivo, y es que es probable que el estado de alarma genere arbitrariedad en todas aquellas actuaciones que no estén perfectamente definidas y delimitadas, perjudicando a los grupos previamente ya perjudicados por los esfuerzos de seguridad. Y es que las malas conductas de los agentes, cuando están motivadas por un prejuicio, se acentúan con los poderes con los que se dota a las fuerzas de seguridad ante circunstancias excepcionales. Junto al motivo de clase, pues para las personas más humildes no será llevadera la cuarentena, ser racializados o el consumo de sustancias son factores que en este estado de alarma, con las libertades retraídas, nos volverán más vulnerables a la persecución legal. Ni hablar de cuando estas circunstancias están conectadas en una discriminación interseccional.
El Defensor del Pueblo realizó un comunicado amparando la limitación de las libertades, en el que no obstante aseguró que velaría por «todo nuestro catálogo de derechos y libertades que, si han de ser restringidos, temporal y limitadamente, no han de perder su esencia». Como reza el comunicado, «las limitaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos, para prevenir la propagación de la enfermedad, deben contar con un protocolo público de actuación, ampliamente difundido, que dé seguridad jurídica», una situación que debería incorporar los derechos inherentes a la personalidad de autoconsumir sustancias consideradas ilícitas en privado, y por lo tanto abastecerse de ellas. Derechos que de normal son vulnerados, pero cuya ausencia escala en gravedad ante su más que previsible persecución durante la cuarentena. Es por eso que se deberían, si no suspender las sanciones por tenencia, relegar, en pos de una gestión justa y proporcional del estado de alarma para con toda la ciudadanía, incluida la usuaria de sustancias.
Así ha ocurrido en otros países en situación de restricción de la movilidad y los comercios. Además de que países como Canadá y EEUU, donde el cannabis es legal, han decretado el servicio como esencial, ciudades como Baltimore, en el estado de Maryland, han suspendido cautelarmente la persecución de la tenencia y tráfico de todas las drogas, así como de la prostitución u orinar en público, una suerte de crímenes morales que procede obviar, según la versión de sus autoridades competentes, para centrar los esfuerzos en la pandemia. No reparan, sin embargo, en el argumento que venimos tratando en este artículo: también para evitar una vulneración excepcional de los derechos de las personas involucradas.
Además, llegado el caso de tener que justificarte ante las autoridades, deberías poder decirles que te aprovisionaste de una sustancia para autoconsumo de la misma manera que proferirás la excusa de que te diriges o regresas del estanco. Pero no será un servidor el que recomendará lo primero en España; y quizás convenga algo más de imaginación para dar con otra excusa diferente de la que probablemente sea la más recurrida del usuariado de cannabis.
En España, los servicios de reducción de daños, liderados por Energy Control, se han tenido que adaptar a labores informativas telemáticas -tras el cierre de las asociaciones cannábicas, la suspensión de los análisis de drogas junto a eventos festivos y un ajuste de horarios y servicios, «como la provisión de comida», explican a Cannabis.es desde la organización, en las salas de venopunción o consumo asistido. A nivel internacional nacen una serie de portales para la puesta en común del desempeño de la reducción de daños en la crisis vírica. Podemos ver que otras ciudades europeas como Zurich sí han mantenido unos servicios mínimos, contemplados por el departamento competente de Salud, o encontrar información de actualidad relacionada, como papers sobre el derecho de las personas presas a que no se vulnere su Salud arriesgando con nuevos y prescindibles encarcelamientos durante la pandemia. Energy Control recomienda estas webs de referencia: EMCDDA y UNODC.