Arnau Alcaide
(Ciudad de México)- La legalización en México tendrá que esperar al final de la pandemia. O no, pero una segunda prórroga es el escenario que anticipa la activista Amaya Ordorika (ya confirmada 15 dic), coordinadora general de ReverdeSer Colectivo, la asociación que trabaja por los derechos de las personas usuarias de sustancias ilícitas y el cambio de enfoque, de la persecución civil con recursos públicos a la reducción de daños.
Al Congreso y la Corte de Justicia se añadía la suspensión de las actividades presenciales del Senado el día 25 de marzo. Ante este escenario, el mandato de la justicia que obliga a regular el acceso al cannabis podría ejercerse de facto si vence el mes de abril sin que se apruebe una legislación. La activista, voz más conocida del movimiento en medios mexicanos, aventura no obstante una segunda prórroga de esta legalización que ya se demoró el pasado noviembre, con el motivo excepcional de dar tiempo al Senado de concretar la regulación. Si bien no ha habido una «notificación oficial», la «espera» en los «próximos días».
Ordorika no querría una legalización de facto, porque sería «incompleta» y «dejaría muchos derechos en cuestión y por definir», sin contribuir al debate transformador. «Un escenario que es conveniente evitar», recuerda la activista. Y ante la incertidumbre, mantienen la protesta: plantadas 420 se reordena para no arriesgarse al virus, pero no se cierra. La apuesta de acampada cannábica frente al Senado con cultivo y consumo públicos seguirá activa reduciendo la afluencia, así como apareciendo en google maps como plantadas 420.
«Esperemos que la cuarentena no sirva para justificar un proceso de abuso policial»
Una última revisión al borrador: faltan derechos
«Antes de salir al pleno del Senado, tiene que terminar el proceso de aprobación en las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos II. Ya se aprobó el dictamen en lo general, pero faltan las reservas. Quienes participan en esta parte son legisladores que integran las comisiones y, por tanto, este espacio tiene una composición distinta que el pleno del Senado», composición en la que confía sean oídas sus peticiones.
Derechos en cuestión
En México no existe el recoveco legal de España para las asociaciones. Actualmente, se espera que sean reguladas, pero la parada ley en el Senado brinda de momento unas “limitaciones insuperables”: máximo de 20 miembros y cuatro plantas por miembro al año. Una cantidad que en España sabemos de sobra que es insuficiente y que no favorecerá pues en México el desarrollo social del cannabis en la legalidad.
En contacto con Uruguay, Ordorika revela que ellos también aquejan que 45 miembros máximo les resulta muy limitado para enfrentar los costes mancomunados del cultivo compartido. En una casa mexicana, se podrían tener hasta un máximo de 4 plantas por persona, 6 por hogar, si hay más de una persona usuaria. Elevadas limitaciones que, junto a la trazabilidad de la semilla y los procesos de certificación de calidad, podrían alejar a la población criminalizada por el cultivo de su acceso a legal. Respecto de esto último, espera que no sirva de barrera de acceso, que la trazabilidad sea la de un cultivo cualquiera, sin perjuico de la planta.
Aunque en un primer momento se dijo que se podría fumar en los mismos lugares que el tabaco, algo que favorecería la normalización del cannabis para acabar con el estigma que sufren las personas usuarias, fruto de su ilegalidad, no será legal fumar en público. Serás sancionado con una multa cuantiosa. “Además la carga portable, que aumenta a 25g pero no se elimina, justifica la intervención policial en base a la posible cercanía a este máximo y facilita la vulneración de derechos, asumiendo la cantidad como potencialmente constitutiva de tráfico. No está garantizando los derechos. El movimiento cannábico pide que, si no se hace equivalente que al menos haya lugares. Sí hay conciencia de la necesidad de normalizar con la presencia en espacios públicos, pero todavía se pelea por legalizarlo para verdaderamente poder hacerlo”, sostiene.
“Dependiendo de la visión final que se adopte, más conservadora o no, estos aspectos pueden salir adelante, debemos pelear para que, si bien no llega ahora la modificación como la deseamos, ir introduciendo los cambios que faltan a la legalización, aunque no nos rendimos a incorporar estas modificaciones”, reclama Ordorika.
Avisa de que si se da rienda suelta al sector comercial, será mucho más difícil volver atrás, y pide precaución al respecto mientras prioriza los derechos de las personas usuarias. “La regulación también desarrolla las licencias para venta y lo que estamos pidiendo es que se entreguen al sector social, pequeños propietarios de tierras colectivas que obtienen todo el beneficio de su trabajo desde una explotación agraria más sostenible”, un modelo que ya se implementa en México para el fomento de la producción humana y ecológicamente sostenible de cultivos tan importantes como el cacao o la amapola, o en actividades mineras.
“Otra de las propuestas es una integración vertical con la que ningún propietario podría poseer dos fases del proceso productivo”, con lo que buscarían evitar la concentración de la riqueza. “Pero el problema es que en el campo solo se quede la fase de menos valor añadido”, evalúa Ordorika.
No hay asociaciones de consumidores registradas por el activismo
“El movimiento cannábico mexicano tiene ya 20 años trabajando en la convocatoria de marchas e influencia pública por los derechos, pero las asociaciones al uso son muy complicadas, solo existen en tamaños muy reducidos y privados, por miedos como la criminalización y el estigma, que implica la pérdida de relaciones humanas o laborales, y es el verdadreo causante del daño al usuariado, y no su consumo”, señala.
“Hay grupos por los derechos sociales y otros que trabajan por la política de drogas en aspectos como la situación de las mujeres encarceladas por drogas, las políticas públicas, la reducción de daños y el cambio de paradigma”, prosigue.
ReverdeSer Colectivo en la Regulación por la Paz
La organización trabaja con personas usuarias de sustancias ilícitas y todo tipo de plantas psicoactivas para la implementación de políticas públicas con un enfoque de salud diferente. Instruidos por Energy Control, la asociación de referencia española, aportan información y actividades para la incorporación de la reducción de daños sin afectación a los derechos de las personas usuarias. Arguyen que la legalización es algo necesario para que el estado incorpore un sistema de justicia proporcional allí donde se han estado vulnerando derechos. «Aquí en méxico se ha implementado una de las caras más duras de la guerra contra el narcotráfico», lamentaba su coordinadora.
Pero ReverdeSer Colectivo no disputa los derechos de las personas usuarias en solitario. Cuando se trata del cannabis, una coalición de organizaciones en representación de usuariado, pacientes y profesionales aboga por la «regulación de los mercados ilícitos». Se trata de Regulación por la Paz, coalición, que algunos políticos consultan como referencia, en la que participan instituciones como el Instituto Rias, para la creación de políticas públicas.
“Queremos acabar con todos los mercados ilícitos y el fin de la vulneración de las personas usuarias”.
La reducción de daños para Amaya Ordorika no es otra cosa que la reducción de daños para con el usuariado, la reducción de su persecución , su daño real, y no ve problemas de salud pública en la legalización, nos explica en un juego de palabras cuando le preguntamos si tiene algún temor en cuanto a potenciales efectos negativos derivados de la legalización.
Del estigma, acusa al mal trato informativo, de manera idéntica a como ocurre en España, por la vinculación de las sustancias ilícitas con la violencia y la espectacularidad. La poca presencia en medios de los colectivos implicados y sesgada, así como determinadas declaraciones políticas al respecto, tampoco favorecen al buen panorama informativo.
¿Cuánta población usuaria?
Las encuestas formales no incluyen el consumo regular, solo el consumo esporádico y con prejuicio en la pregunta, lo que hace que hayan sido «criticadas» y no sean fiables para una estadística completa. No se provee de la información necesaria para el trabajo de estas organizaciones.
Interés del capital extranjero
“Hay interés de capitales extranjeros, porque como han llegado a asegurar empresarios canadienses, ‘producir en méxico es muy barato’”, detalla Ordorika. Lo que desde ReverdeSer Colectivo tratan de proteger es “precisamente” la “entrada del modelo depredador de explotación que en el país caracteriza a las empresas extranjeras extractivas”. “Quien cultiva en el campo no quiere pasar de verse extorsionada a malvender a los cárteles a malvender a una gran empresa, valora.
Los colores de la política
“Morena no es homogéneo: pese a que impulsan el proyecto de ley, hay muchos detractores, con reservas acerca de la regulación, que han permitido restricciones que afectan a los derechos del usuariado”, lamenta la activista. Respecto al Movimiento Ciudadano -sí, imagínense al niño cantando “movimiento naranja”- completamente a favor de una regulación al gusto de los grupos sociales. En cambio la derecha se posiciona en contra, con apelaciones del PRI, principal partido en la oposición, a una regulación medicinal y corporativa, más restrictiva con el acceso a la planta.
El potencial exportador de México a EEUU y Canadá
Ordorika cree en el potencial exportador de México a EEUU y Canadá y que estos productores están pendientes. “Ya vivimos la expropiación de recursos por empresas canadienses, que muchas veces tienen buena fama, pero aquí ya conocemos que su actividad extractivista no siempre redunda en beneficio del pueblo. Incluso hay rumores de que habrían favorecido el deterioro de comunidades en áreas de potencial execrativo para comprar las tierras tras su abandono”, un modelo económico que desean evitar desde los colectivos a toda costa para que la riqueza de la legalización llegue al campo, su origen.
Medio mundo consumidor, medio productor criminalizado
«La politica de drogas divide al mundo en productores y consumidores, una suerte de sur y norte global. México es un país productor, aunque poco a poco se va aceptando que es también consumidor. Los países productores están considerados como el origen del narcotráfico, como si llegando a EEUU desapareciese el fenómeno», introduce Ordorika esta dicotomía estructurada a partir de la prohibición. Dentro de este marco, «se dan convenios para que EEUU financie la seguridad en Sudamérica, lo que lleva a la militarización de la seguridad y las fronteras», explica la también investigadora en Derechos Humanos.
La legalización en Canadá y los distintos estados Estados Unidos llega sin que se produzca dicho cambio en los organismos internacionales que han extendido la prohibición. Países con capacidad de decisión global, protagonistas, partícipes de la prohibición y eminentes consumidores de la producción, con un poder adquisitivo que facilita pagar el valor añadido de la ilegalidad, han sido históricamente responsables de los efectos de la criminalización de las sustancias ilícitas que consumen, generando el crimen, la violencia, los estados policiales, la marginalidad y el estigma en las poblaciones productoras, como en el caso de México.
El narcoestado como resultado
«Esto en México arrancó con fuerza en 2006 cuando veníamos de los índices más bajos de la historia del proceso de persecución», y por ende de criminalización. «En ese momento se aumentó el presupuesto y la presencia militar bajo el gobierno de la derecha de Peña Nieto y la asunción del discurso de Estados Unidos. Luego, con la entrada de Obrador se promete el fin de la Guerra contra las Drogas, el amor frente a las armas«, pero este discurso, asegura nuestra entrevistada, se ve diluido una vez llega al gobierno, posiblemente por la «influencia de los mandos militares», con altos presupuestos y posición de fuerza.
La prohibición mantiene esta seguridad desproporcionada, que pugna por autosostenerse una vez creada, pues la reducción de presupuestos elimina puestos de trabajo y poder en los mandos dirigentes. Además, se introducen más armas en la ecuación, lo que retroalimenta la virulencia del narco y esta el estado policial, y así sucesivamente.
En marzo de 2019 se creó la Guardia Nacional, a la que se transfirieron todos los cuerpos de seguridad con el fin de luchar contra el crimen organizado -policía, ejército y marina, aunque muchas unidades conservan sus viejos uniformes-, poniendo en entredicho si se estaba militarizando la policía, con el consiguiente incremento en la persecución ciudadana y en la vulneración de sus derechos. «Ahora se plantea la creación de una policía civil, pero está en cuestión que no tome mando militar y por lo tanto no disminuya la injerencia en los derechos a través de la Guerra contra las Drogas”, explica la activista.
“La narrativa ayuda a la gente a desviar la atención de su seguridad, pues pese a que toda la población es susceptible de recibir un delito, se creen más protegidos por no participar del relato del narco”, introduce acerca del relato Ordorika. En las estadísticas no prevalecen los delitos entre personas de la cadena de distribución, desde usuarias a productoras, sino que los delitos recaen sobre la población de manera generalizada, en demasiadas ocasiones quedando “impunes”, lamenta la entrevistada.
La consecuencia es el abuso policial legalizado
“El arraigo es una forma de detención arbitraria que existe en México”, cuenta Ordorika. “Vulnera la presunción de inocencia, pues consiste en la privación de libertad bajo el pretexto de que, dados indicios de peligrosidad”, y ahí machacan a la población usuaria de sustancias ilícitas de manera arbitraria y discriminatoria, “se utilizará para obtener pruebas”, explica la representante del colectivo.
Su existencia se deriva del marco legal de la lucha policial contra el tráfico de drogas, de la relación y control militar de esta policía, que tiene legalizado invadir al individuo sin un proceso de garantías para los posibles indicios, ni consecuencias derivadas cuando abusan de este poder, u otras cosas peores.
Además de la figura del arraigo, la activista advierte de la prolongación de estos periodos de encarcelamiento mal llamado “preventivo” por encima de lo legal y la existencia de tortura como agravante. “La Guerra contra las Drogas sirve de amparo y narrativa a estas actuaciones. Se crea una película de ciencia ficción por la que las personas que se relacionan con la planta en algún momento son delincuentes de la peor clase”, considera Ordorika.
“Cuando analizamos la diferencia entre el estado policial y un estado de excepción, nos damos cuenta que no hay tanta diferencia: el presupuesto de seguridad está orientado a la lucha contra el narcotráfico, vestida de guerra”; esa es la prioridad excepcional, explica. “Esta situación amenaza la independencia procesal y los Derechos Humanos”, insiste. “Nos obliga a preguntarnos como sociedad dónde queremos poner nuestros recursos”, expresa en referencia a la financiación con dinero público de esta persecución.
El abuso judicial
“Para probar la intención de tráfico, se debería pasar por un proceso largo para el que el sistema no está capacitado y toma un atajo que vulnera estos derechos”, prosigue Ordorika. Mientras que se concentran las sanciones y delitos penales en el usuariado de sustancias ilícitas, muchos solo por posesión, “otros crímenes de afectación a terceros tienen grados de impunidad de hasta el «99%», incide.
Narcoterrorismo: utilizado para la “influencia” de EEUU
“Ya sea México, Colombia, Venezuela, pues hacia Maduro se dirige ahora, la acusación de narcoterrorismo tiene implicaciones graves”, revela Ordorika contundente. En una acusación política, se introduce el terrorismo en esta concepción del tráfico para generar “influencia internacional”, nos explica.
Ley seca como contraparadigma en plena pandemia
Estados como Tabasco han aplicado una ley seca absoluta y en otros lugares se ha restringido la venta a horarios diurnos.»El alcohol no está considerado producto esencial y eso va a generar desabasto», explica la coordinadora. «En aislamiento, las personas usuarias se enfrentan a situaciones más complejas», prosigue. «Durante la pandemia, estas medidas no son las mejores, porque seguramente una abstinencia forzosa repentina no es forma de facilitar un aislamiento. Sobre todo porque no va a haber acompañamiento si hay problemas derivados de la abstinencia en este periodo», valora.