Arnau Alcaide
En Uruguay, Gobierno y Junta Nacional de Drogas, el organismo competente encargado de la reglamentación nacional de las sustancias consideradas estupefacientes en los tratados internacionales, se reunieron ayer lunes con empresariado del país. El resultado ha sido el anuncio del compromiso del Gobierno de hacer modificaciones para la sencilla comercialización del cannabis, lo que permitirá el crecimiento de un sector con potencial para exportar.
La reunión entre la industria del cannabis y los departamentos encargados del Gobierno, Salud y Agricultura, terminó con el nombramiento de un nuevo Secretario de la Junta de Drogas, el organismo regulador, y la «puerta abierta» a la expedición de nuevas licencias. Parece la vía de preferencia para aumentar la producción en el país, pues hasta la fecha, hay 9 empresas licenciadas para el cultivo psicoactivo, 42 no psicoactivo, 9 de cáñamo industrial y 18 para investigación, pero existe potencial tanto para abastecer al completo su demanda interna como para exportar.
«Estamos pensando en avanzar modificando algunas normas reglamentarias, algunos decretos, que tienen que ver con el desarrollo de esta industria para tratar de mejorar todo lo que es la operatividad en la instalación de las plantas, la fase de industrialización y de exportación de estos productos», ha explicado el Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, del Partido Nacional, en declaraciones a los medios. Sería mediante «decretos» ley del «poder ejecutivo», lo que les permitiría avanzar directamente sin contar con la oposición.
Una regulación obsoleta para la industria
A su vez, desde la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, la patronal uruguaya en el sector, su presidente Marco Algorta se congratulaba por lo anunciado a la salida de la reunión: «La reglamentación que tenemos es de febrero de 2015 y en ese momento no existía el comercio exterior de cannabismedicinal, entonces es una normativa que precede a la práctica […]. Un ordenamiento tiene que tener en cuenta cómo hoy en día ocurre el comercio internacional […]. La calidad está, las vías comerciales están; falta la adecuación de la normativa».
Uruguay, primer país en regular los derechos de acceso al cannabis y que además rechazó una visión comercial, había sufrido escasez en el provisión pública de cannabis, pues su sistema de concesiones de licencias a las empresas implica tanto máximos de producción como precios fijados, lo que limita las ganancias empresariales a falta de contratos para la exportación del cannabis, que se han sucedido de manera puntual, como la primera exportación legal en el mundo de flor a Australia, pero se enfrentaban también a limitaciones legales. En lo que algunos titulares han tachado de «desregular», el Gobierno tenderá a hacer desaparecer los apartados de la ley más restrictivos con la actividad productiva y comercial.
El Partido Nacional, el principal en la derecha del país, gobierna en minoría después de ganar la segunda vuelta de los comicios del 27 de octubre de 2019, en los que se impuso al Frente Amplio del conocido y ya retirado dirigente, José Mujica, protagonista de la filosofía de la legalización cuando todavía la industria no imaginaba explotar el cultivo de cannabis. La primera vuelta, no obstante, la ganó el Frente Amplio, que cuenta con 42 diputados frente a los 30 del Partido Nacional, pero el resto de partidos menos los ecologistas pidieron el voto para el Partido Nacional.
«Tabaré Vázquez», el anterior presidente del gobierno por parte del Frente Amplio, «no fue un entusiasta del modelo; no es que haya ido a vía muerta como algunos pregonaban, pero para un modelo tan innovador se necesita temple y mano firme. La instrumentación de la ley no ha tenido en la agenda de gobierno ni la prioridad ni la importancia política que tuvo anteriormente», sostuvo hace un año el exsecretario de la JND, Milton Romani.
Curiosamente, es la derecha quien impulsa ahora el modelo comercial, pero cuenta con el buen argumento de dejar que tome carrerilla un sector agrícola en el que pueden ser pioneros y con un uso intensivo de mano de obra, que genera puestos de trabajo.