Benito Díaz
La Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), dependiente de los Mossos d´Esquadra, encargó al Área Central de Análisis de la Criminalidad (ACAC) un estudio sobre el estado del cannabis en Catalunya. Elaborado durante el mes de marzo y entregado en junio, este informe de 75 páginas advierte sobre los supuestos peligros que achacan a la legislación catalana, derogada hace dos años.
El estudio dibuja un escenario preocupante. Habla de redes de narcotráfico de origen extranjero que se ocuparían de distribuir cannabis por toda Europa, aumento de violencia derivada y corrupción de funcionarios públicos.
Los Mossos, que desde 2018 activaron un protocolo especial para la “lucha contra el boom de esta droga”, han desarrollado un operativo intenso durante agosto. En este mes se han llevado a cabo varias actuaciones contra una organización que cultivaba cannabis en la provincia de Barcelona, al parecer, para su reparto por países del centro de Europa. Si bien estas actuaciones son de carácter público, no tanto lo es el informe, entregado solo a la fiscalía. También debemos señalar la implacable persecución del cannabis por parte de este cuerpo autonómico, que en 2019 presume haber arrancado 221.291, desmantelado 368 plantaciones y arrestado a 2.729 personas.
“El Mercat de la Marihuana a Catalunya”
Los datos obtenidos apuntan que el memorando está basado en datos policiales nacionales y europeos. Parte de una premisa, según la cual Catalunya es el centro del comercio ilegal de cannabis de toda Europa. Entre 2013 y 2017, las incautaciones de plantas crecieron un 538% (de 176.165 a 1.124.674) situando nuestro país como primer productor europeo de cannabis. Según estas fuentes, el negocio produce tanto beneficio que los cultivadores autóctonos se han visto desplazados por las mafias.
Según la ACAC, la infiltración de organizaciones criminales se produciría como si de una infección se tratase. En una primera fase, llamada “Predatoria”, se explica cómo una oleada de grupos procedentes de la Europa Central y del Este han tomado posiciones dentro del mercado del narcotráfico catalán. Esto daría lugar a enfrentamientos con productores locales, aumentando la narcoviolencia. Señala que “Entre el 2018 y el 2019 ha habido seis muertes violentas conectadas con este problema”.
En una segunda fase, llamada “Parasitaria”, se predice que las organizaciones criminales asentadas de forma segura, tratarán de adentrarse en las estructuras de poder. La corrupción de entidades políticas o policiales, para la protección y expansión de sus negocios, parece ser el escenario final más preocupante para las autoridades.
“La creación en Cataluña de un ‘sistema paralelo‘ (legislación legalizadora), prepararía una “narcoeconomía” con fuertes conexiones, excluida del sistema legal para quienes se lucren de la marihuana, además de la creación de una cultura e identidad del cannabis, como hacen en Holanda”, afirman fuentes policiales en declaraciones al diario El País.
“Hemos pasado del consumo de proximidad al crimen organizado. Estas organizaciones dedicadas a la actividad delictiva están eligiendo Catalunya para aposentarse y dirigir sus negocios desde aquí. Esto implica posibles narcoasaltos, mucha violencia, tráfico de armas, posibles homicidios, incluso podría conllevar un aumento del tráfico y la explotación de personas y, sin duda una amenaza para la economía real, una amenaza para la calidad democrática de Catalunya”, aseguró el Jefe de la policía catalana, Eduard Sallent, en declaraciones al diario El Taquígrafo.
La Ley Catalana
El camino seguido por la ley sobre Cannabis en Catalunya, es largo y retorcido. Como vimos en anteriores artículos, el trabajo comienza en 2014 cuando la instancia para regular los CSC y Asociaciones Cannábicas se eleva hasta el Parlament. Después, la recogida de firmas de la Rosa Verda y el impulso de la ILP por parte de CATFAC o FEDCAT, que desembocaría en la aprobación de la norma que regula la tenencia, el transporte y el cultivo de la planta. En 2017, regula el Cannabis Medicinal, siendo junto a Euskadi, una de las dos únicas regiones de nuestro país en las cuales esta terapia es por entero, legal.
En 2018, sin embargo, El Tribunal Constitucional anula la ley que regulaba las Asociaciones Cannábicas y los CSC. En Septiembre de aquel año, los magistrados deciden que la normativa “invade las competencias del Estado”.
No es casualidad que el Gobierno de Mariano Rajoy la hubiera recurrido en el mes de Octubre, con alegaciones sobre el amparo legal a actividades tipificadas como delito, pues se trata de una sustancia identificada como estupefaciente, lo que impediría su regulación por parte de las autonomías, como competencia en materia penal reservada al Estado según la Constitución en su artículo 149.1.6.
En la actualidad, los CSC y las Asociaciones en Catalunya han vuelto a la inseguridad jurídica. Algunas voces se alzan, asegurando que la corrupción por parte de los propios CSC se demuestra en la práctica. “Creo que muchos de los CSC de Barcelona no son activismo porque muchos se lucran y no se interesan por ninguna causa salvo la del dinero. He visitado lugares que parecían hechos para turistas adinerados. Algunos dueños de esos sitios han acabado en la cárcel por tráfico” afirma @elsupersativa en Twitter. A este respecto, se han establecido Códigos de Buenas prácticas por parte de la Confederación de Asociaciones Cannábicas al que se adhieren muchas de las Asociaciones locales. Esto no impide que el mercado negro y los CSC corruptos sigan ejerciendo su actividad, pero si los distingue de forma clara del resto.
Una de las conclusiones del informe, señala que la legalización debería suceder en toda Europa a la vez, dado que, si solo sucediese en nuestro país, “agravaría la situación”. Se trata de un enfoque algo simplista, que adolece de apuntar con ceguera en una única dirección, la del prohibicionismo. En otras naciones se ha regularizado el cannabis sin que esto haya necesitado la normativa en otros países, tal como Uruguay no necesitó la legalización de Canadá. Tampoco ha afectado en lo más mínimo a las economías de países vecinos, ni desplazado a sus mafias a lugares donde es seguro que hay un incremento de efectivos policiales a la caza de los infractores. Lo que sí es posible es que sea necesaria una norma para todo el territorio español, que cuente con las organizaciones activistas, sus reivindicaciones y logros legislativos regionales.