Arnau Alcaide
Marta Rosique es diputada en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya. Periodista y politóloga, es la representante y portavoz del partido en la Comisión de Adicciones, donde además de las principales fuerzas a nivel nacional, ERC y el Partido Nacionalista Vasco cuentan con representación.
Ella misma firmó el indulto de Albert Tió por su formación, en señal de apoyo al que fue impulsor de la regulación de las asociaciones, que la diputada reivindica «promovieron» desde ERC en el parlamento catalán. La iniciativa legislativa desembocaría en la aprobación en 2017 con todos los partidos a favor menos el PP de la Ley Catalana de Asociaciones, posteriormente tumbada en 2018 por el Constitucional.
Entonces también votó a favor de regular la actividad de las asociaciones cannábicas un PSC en el que ahora tomaría el relevo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tendrá que enfrentar por qué la sociedad catalana tiene una realidad social y unos planteamientos autonómicos en Salud negados por el Tribunal bajo la pasividad del Estado.
La del 18 de noviembre fue la «única sesión de la Comisión de Adicciones» en la que se ha tratado la regulación del cannabis. Por ser la primera y contar con una ponente externa, Araceli Manjón, exmagistrada y exdirectora del Plan Nacional de Drogas que trabaja en proyectos regulatorios que identifican y solucionan los daños de la prohibición, Rosique entiende que «debe repetirse» la sesión, y que «se seguirá debatiendo» al respecto de la regulación del cannabis.
De las posibilidades de llegar a un acuerdo para regular esta legislatura, bien sea a nivel medicinal solamente o se incluya también el acceso al cannabis recreativo, la diputada ve al PSOE «sin posicionarse casi» y a un Podemos que lo «intenta», pero que «una vez en el Gobierno» no se ha «atrevido tanto». Sería su portavoz, Lucía Dalda, quien tras sus primeras entrevistas y participaciones en congresos, invitó a Manjón a la Comisión, al romper el silencio el partido respecto del cannabis en una entrevista de Público a Iglesias sobre los presupuestos.
¿Cuál es la postura de ERC con el cannabis?
«La regulación la habíamos promovido nosotros. En todo momento hemos querido trasladar que las asociaciones cannábicas se han de mantener reguladas. Y defendemos que las competencias en materia de asociaciones son autonómicas«, sostiene diferenciando que el derecho de asociación debería cumplirse independientemente del acuerdo al que se llegue políticamente, en línea con lo que planteó la especialista de Regulación Responsable, Araceli Manjón, en la que fuera la primera edición de una comisión reguladora del cannabis en España.
«Eso para las asociaciones, respetando la jurisprudencia. Pero la regulación, recreativa o medicinal, la tiene que hacer el estado español. Se tiene que regular vía ley orgánica, junto con una nueva concepción de la Ley Mordaza», considera Rosique. Pese a estar a favor del recreativo, no le hace falta entrar mucho en los detalles regulatorios, pues su planteamiento se centra especialmente en el reconocimiento de facto de las asociaciones, que sin multas Mordaza ni criminalización ya serían un buen punto de partido para un uso adulto del cannabis sin castigo.
Los departamentos autonómicos de Salud, que ostentan casi todas sus competencias, incluyen las adicciones y permitirían el desarrollo normativo del uso personal adulto, que no interfiere con el código penal al no incurrir en ningún delito. Este planteamiento lo hizo valer, con matices, el Constitucional para la Ley de Adicciones vasca, a diferencia de las navarra y catalana, que desarrollaban el fin de la asociación, al que se infiere la afectación a la salud pública, y por lo tanto la asociación ilícita, contra la jurisprudencia que se había generado anteriormente, que solamente penaba el tráfico, requiriendo este de lucro, y no el autoconsumo de personas asociadas.
Hasta la fecha además de la regulación en estas tres comunidades, otras 9, casi toda España, han aprobado propuestas a modo simbólico, con el voto a favor del PSOE en la mayoría de ellas.
¿Qué pensáis de la situación actual, política y jurídicamente, que se expresa con Albert Tió preso?
«Debería ser el Gobierno más favorable, pero el PSOE no se ha posicionado mucho, tampoco el Ministro Illa. De conversaciones informales se desprende que ellos solamente estarían dispuestos a regular el cannabis terapéutico. Por Podemos ha habido intentos de regularlo, pero parece que una vez en el Gobierno no se han atrevido tanto. Somos nosotros ahora quienes tiramos del carro».
Lo que vimos en la comisión, ¿era la posición de los partidos o no está madura?
«Para la regulación del medicinal puede avanzar, pero el debate del recreativo lo tendremos que impulsar nosotros, que nos lo creemos», defiende. Y es que, pese a que se abogue por el reconocimiento de facto de las asociaciones, el retroceso en los tribunales obliga a que se vean reconocidas políticamente en la regulación que pueda salir de esta comisión, por lo que ERC tendrá que apostar por una regulación integral que las incluya.
¿Hay pues opciones de ver una regulación esta legislatura?
«Medicinal, sí; integral, trabajaremos para ello. Se tendrá que intentar. El compromiso de las diferentes fuerzas con el medicinal es mayor», como sería el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, o de un PNV que no obstante también ha echado un cable al pedir que se aclare para todos el modelo de asociaciones. «Hará falta ver cómo se actúa si la mayoría apuesta por el medicinal».
¿Consideráis o consideras a Albert Tió un preso político?
«Hay una cuestión evidente, y es que ha existido una persecución de las personas que han trabajado para el cannabis. Si no hubiese Mordaza, o se excluyese el cannabis completa o parcialmente del código penal, no tendríamos estos casos de presos, causas judiciales y sanciones por doquier». (ERC considera a Tió un preso político e impulsará la regulación para España si no lo hace el Gobierno. Además, de ser investido, Pere Aragonés se declararà el primer President a favor de la regulación integral, dijo posteriormente el 22/2/21).
¿La regulación de un modelo de clubes creado en Cataluña era patrimonio cultural y expresión democrática soberana?
«Fue tirando en función de las competencias que teníamos, pues en Cataluña se ha hecho mucho trabajo como este en materia de adicciones por el departamento de Salud. Era muy positiva y la tenemos que seguir reivindicando».
Ironía del destino, la primera cara presa del activismo es catalán:
«En Cataluña hay un asociacionismo muy fuerte y nos encontramos con que muchas veces las personas represaliadas son catalanas. Y esto es así también a nivel antifascista, feminista, o, como ahora comentamos, con la regulación del cannabis. No me sorprende, en cualquier caso, que haya catalanes en este movimiento».
A la espera de avances, también más criminalización a empresas del sector:
«Si logramos regular, también deberíamos ser capaces de proteger estos negocios», perfectamente legales, recordaba recientemente el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, aunque no lo está creyendo así la fiscalía antidroga en España.
«Debemos avanzar hacia una regulación que explique qué actividades empresariales se pueden realizar y dé garantías de que no van a ocurrir estos procesos judiciales», apunta. Procesos de características penales en base al propio concepto de las empresas, legales hasta la fecha, como Dinafem. Para preservar el «derecho al autocultivo» se requiere también de la obtención de lo necesario para plantar, por lo que reclama «una regulación que explique qué implican las dos cuestiones».
¿Reparaciones a la criminalización? ¿Aumenta con ella la responsabilidad política?
«Si hacemos una regulación, tendremos que dar una respuesta reparando vinculada. Toda la representación política debemos ser conscientes de esta persecución, y dar una respuesta para evitar que casos como el de Albert se repitan, a la vez que se defiende el derecho a asociarse».