Arnau Alcaide
Una gran manifestación ha recorrido este sábado la capital de Túnez, del mismo nombre. La avenida Habib Bourguiba, la más importante de la ciudad, se ha llenado para protestar por el atropello judicial a tres jóvenes, que han recibido penas de 30 años cada uno por fumar en un espacio público. (Actualización: Salah y Faycel salieron de la cárcel el 9 de marzo tras reducirse su sentencia de 30 a 1 año, que ya habían cumplido en prisión preventiva. Sameh, a sus 28, tendrá que perder un año más al ser condenado a 2).
La audiencia provincial de la ciudad de El-Kéf, al norte, de nombre original Al-Kāf, ha condenado a 30 años de prisión a cada uno de tres adultos jóvenes por fumar en un recinto deportivo. La sentencia, que aún se puede recurrir, se fundamenta en que la ley tunecina reserva duras penas para el uso de drogas en espacios públicos, aunque esto, como indican los nuevos postulados tímidos de la ONU, puede incurrir perfectamente en violación de Derechos Humanos, ya que de las leyes internacionales no se derivan las penas al consumo.
Amnistía Internacional, a través de su portavoz Amna Guellali, calificó las condenas de «inaceptables en principio» y de «medio de disuasión dirigido a los jóvenes» para «doblegar a la juventud». El 30% de presos del país, según un informe de 2015 de Human Rights Watch, lo está por motivo de drogas, y de estas 8000 personas encarceladas por drogas, 9 de cada 10 lo está por posesión simple. Pese a que solo 3 de cada 100 reclusos son mujeres, el 65% de ellas lo está por este motivo. Desde 2015, se debate sin aprobar un proyecto de descriminalización que evite el problema real de Salud Pública que supone tal cantidad presa.
Cuando allá por el 2010 se iniciaran las primaveras árabes llamadas al acercamiento a la democracia occidental por el norte de África y Oriente, solo Túnez realizó la transformación que ahondó en los derechos y libertades civiles propios de dicho sistema. Pero no quien tiene retiene, pues la degradación de estos valores es palpable al norte del Mediterráneo y cierto es que, aunque la ONU se intente desentender de las consecuencias del prohibicionismo, su política de drogas es el marco de excesos con los Derechos Humanos de otros países.
