Arnau Alcaide
Albert Tió y Víctor Segués han recibido el tercer grado penitenciario para salir de Lledoners, la prisión de la provincia de Barcelona de renombre por albergar a los presos del Procés, en la que cumplen 5 años de condena por los delitos morales contra la salud pública y de asociación ilícita de Airam, la asociación en la que Tió era el secretario. El preso político promotor de la regulación catalana y su homólogo, tesorero en Airam, pueden salir durante el día, regresando a dormir, desde el 14 de febrero.
Así lo ha comunicado hoy la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña (Fedcac), celebrando el tercer grado concedido a ambos tras 4 meses de prisión, en la que seguirán pero ahora pudiendo salir de forma diaria “tanto para trabajar, como para cumplir con los trabajos en beneficio de la comunidad”, que tenían pendientes antes de entrar el pasado 18 de noviembre. Posteriormente, deben regresar a la prisión hasta el día siguiente.
“Consideramos sus condenas del todo injustas y desproporcionadas, así como todas las condenas recibidas a juntas de asociaciones cannábicas por cultivar para las personas socias, siguiendo el código de buenas prácticas, bajo criterios de salud y prevención de riesgos y daños, ya que ni ellos, ni ninguna de las personas condenadas por este motivo son delincuentes, sino que han ayudado a mucha gente, tanto a pacientes que hacen un uso terapéutico, como a usuarias que hacen un uso adulto responsable, defendiendo sus derechos y libertades”. Desde Fedcac, como se sostiene desde el activismo cannábico, argumentan que no cabe delito en el consumo compartido de personas debidamente asociadas.
El fin de la vía judicial: sin recursos a la espera de un indulto que no llega
Desde que la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó, han agotado toda la vía judicial: un recurso al Tribunal Supremo, que ratificó la pena; un recurso al Tribunal Constitucional, que ni siquiera lo admitió a trámite; un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, también inadmitido a trámite, y el indulto al Gobierno, delque,tras más de un año, aún no han tenido respuesta.
La Junta directiva de Airam trabajó la incidencia política desde la Fedcac y, junto a la Catfac, la otra federación catalana, consiguieron, con el apoyo de otros colectivos y equipos jurídicos, activar la campaña La Rosa Verde. Esta, a través de una ILP, propuso una ley que regulaba el funcionamiento de las asociaciones cannábicas, avalada por más de 65.000 firmas, discutida en comisión con expertos y aprobada el 2017 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de Cataluña menos el PP.
Esta ley, como la navarra, fue tumbada por el Tribunal Constitucional “a instancias de recursos del gobierno del PP, motivadas por falta de competencias, al igual que otras leyes sociales catalanas”, critican desde la federación de asociaciones independiente de Cataluña.
“Desde Fedcac hemos hecho el trabajo a nivel autonómico y ya hemos visto de qué nos ha servido. Sabemos que hay partidos a favor de una regulación, algunos medicinal y otros integral, pero creemos que este consenso está siendo muy difícil de conseguir para poder materializar una regulación/legalización a corto plazo. Mientras, el poder judicial está enviando a prisión a las personas que la estamos defendiendo y llevando a la práctica. A las que demostramos los beneficios para la sociedad de una regulación medicinal, por un lado a nivel sanitario -por compasión y dignidad de las personas enfermas- y, por el otro, de una regulación del uso adulto -mal denominado recreativo- para la generación de actividad económica directa e indirecta, la recaudación de impuestos y la creación de puestos de trabajo. La experiencia en otros países y diferentes estudios lo están demostrando y consideramos temerario desaprovechar la oportunidad en la actual situación de crisis sanitaria, económica, social, política y ecológica”, señalan desde la organización.
“Responder a estas alturas que no hay evidencia científica, cuando sí la hay y ya hay países que se están enriqueciendo y saneando sus economías, mientras que en nuestro país se reprime y acabamos en prisión por defender un estilo de vida legítimo, aparte de ser una irresponsabilidad, sí consideramos que es una temeridad que va en contra de los intereses de toda la sociedad”, achaca la Fedcac a la ministra de Sanidad por sus recientes declaraciones en la sesión de control. “Por ello, denunciamos el bloqueo y la eternización de este proceso de regulación/legalización”.