Arnau Alcaide
La portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Adicciones, Lucía Muñoz, presenta el detalle de la norma integral de regulación del cannabis que describe y desarrolla el funcionamiento de las asociaciones cannábicas, bajo un nuevo supuesto legal. Sin ánimo de lucro, cultivo por los miembros, no terceros, escuetos 2.5g diarios retirables e incentivo al cultivo exterior. Desde Esquerra Republicana, la portavoz Marta Rosique replicó inmediatamente que no compartía el detalle y que debía caber la Ley Catalana en el encaje estatal. Junto a Más País e Izquierda Plural, las dos diputadas se comprometen a un acuerdo final y destacan la importancia de sumar al PSOE.
«Quería presentar aquí en el contexto de organización de la ConFac lo que nosotros entendemos como club social cooperativo», arrancaba Muñoz en las mesas Sembrando el Cambio de esta Marihuana en Marcha. «Entendemos una asociación sin ánimo de lucro para el autoabastecimiento de cannabis en la que los socios participan de manera técnica para […] el cultivo», proseguía. «Tiene los mismos derechos que cualquier asociación […], respetando estas limitaciones: no puede operar en cuanto que no reciba la autorización de la agencia [estatal de nueva creación] y no pueden comprar en ningún caso, deben hacer un cultivo propio».
«Para ser socio habrá que ser residente en España y cada persona solo podrá ser socia de una asociación», completaba sobre cómo unirse. Dejan a cada asociacción el tema del aval, el cómo se invita. Proponen un software de control con datos «globales», «sin identificar a los socios de forma individualizada».
Limitaciones a las asociaciones
«Los CSC se constituyen como entidades de Reducción de Riesgos y Daños», describía la portavoz morada, y por eso establecen una limitación de retirada de 2.5g diarios (en un coffee shop holandés serían 5g a cualquiera), de 1m3 para cada socio en cultivo de interior, 6m3 y hasta 3 plantas en exterior, explica.
La luz utilizable será de 100 w y 0.5m3 por socio en plantones y esquejes. Se podrán realizar extracciones y concentrados, pero de forma mecánica y no con solventes. Y el incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores conllevaría la pérdida de la licencia.
También se limita la contratación de servicios: «pueden ser contratados los socios, pero no entendemos que se puedan contratar servicios de empresas para el mantenimiento de los cultivos», aunque sí deja abierta la excepcionalidad a técnicos puntuales. Finalmente, se harán y se rendirán cuentas de los análisis de calidad.
Esquerra Republicana, Más País e Izquierda Confederal de Navarra
Leopolodo Martínez, por Izquierda Confederal de Navarra, declaró: «El uso personal es libre de pena y sanción. Buscamos regular autocultivo y asociaciones». Reivindica la propuesta de Representación Cannábica de Navarra que impulsaron en el parlamento autonómico.
Pedro Vera repasó el gran apoyo revelado recientemente por el CIS de los españoles al cannabis medicinal y en menor medida recreativo, achacó al gobierno que no avanzase y recriminó al PSOE no querer debatir ni estar en el evento. Cuestionó si no hay voluntad de avanzar por qué se siguen emitiendo licencias de exportación. Recriminó la criminalización a la sociedad y recordó a Juanma. Reivindicó el comercio de cercanía frente a la aparición del oligopolio empresarial.
Marta Rosique pidió compartir más el trabajo político hacia la regulación y achacó al PSOE no estar. «Estamos en una legislatura en la que deberíamos empezar a ver un cambio al respecto, como mínimo de la descriminalización de las asociaciones cannábicas». Recordó a la portavoz de Podemos que la normativa que en Cataluña se aprobó debe caber en la estatal y que «se debe dar margen de maniobra para los detalles concretos».
Desde ERC, quieren «capacidad de desarrollo a las CCAA para impulsar centros de adicciones y medidas de salud». Respecto a los registros, piden comunicación municipio-autonomía-estado, pero rechazan la centralización. Y una cuestión del ahora, Rosique recuerda que «la mordaza está en periodo de enmiendas y tenemos la posibilidad de eliminar la sanción». «Es imprescindible desde un punto de vista cannábico», apremia.
«La mordaza está en periodo de enmiendas y tenemos la posibilidad de eliminar la sanción»
Marta Rosique, diputada por Esquerra Republicana
Muñoz argumentó que cada grupo presenta su propuesta y después se negocia. Y que eso no impide que después puedan presentarla conjunta al Congreso. Refiere que se han basado en Uruguay pero que eso no exhime de que después tenga que «aterrizar» en las Comunidades Autónomas. Descarta el interés en una gestión centralizada.
Rosique prosiguió con que primero no se debería haber tumbado la Ley Catalana de Asociaciones Cannábicas. Y reivindica que la regulación se haga desde un primer momento con descentralización. «Cualquier proposición que llegue la tramitaremos como toma en consideración de ley y dará lugar al debate y a enmiendas, pero yo sí creo que […] por temas de agricultura […] y sanidad […] la competencia debería ser autonómica«, e incluso con cabida de las ordenanzas municipales. Quieren plantear una propuesta antes del verano. «Esperamos poder cumplirlo».
Muñoz se ha desmarcado respondiendo que no tienen la «intención» de «invadir las competencias de nadie», pero que hay cosas como los tipos impositivos que no tienen otro encaje que el estatal, sostiene. Confirma que efectivamente, en ausencia de cannabis en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, la propuesta se tramitaría por la vía parlamentaria, pues no se espera un acuerdo directo del ejecutivo. Respecto al apoyo de los últimos, «va a hacer falta mucho trabajo de visibilización».
Pedro Vera, por Más País, ha asegurado que su partido trabaja en el detalle de la propuesta que presentaría a final de año. «Es la legislatura». En total, tres propuestas que manejaremos desde el espectro de la izquierda política y que están llamadas a reforzarse más que a distanciarse.
Registro de cultivos de asociaciones
Pedro Vera, de Más País, defendió el autocultivo sin tener que registrarse en una futura agencia estatal cannábica, tampoco para las asociaciones cannábicas. Aplicado en otros países, el activismo viene reivindicando que tal registro fomenta el uso discriminativo de los datos de las personas cultivadoras, o que su propia constitución supone ya tal discriminación. Sí tendrían que estar registrados no obstante los cultivos profesionales, es decir, los que pertenezcan a la industria o a cualquier agricultor, acompañando a la obtención de la licencia.
Lucía Muñoz, dentro de la propuesta de Podemos, reveló que concebían el registro de los cultivos de las asociaciones cannábicas, como entidad o persona jurídica, aunque no para el autocultivo. Marta Rosique fue la única que abogó por el registro de personas que autocultivan, además de para el de asociaciones cannábicas. Pero apuntó que «en ningún caso para criminalizar, sino para poder acabar con el mercado negro». Quiso matizar: «En todo caso estamos haciendo el debate sobre ello y os acabaremos de decir más adelante».
Precio y estructura de la propiedad
Todos se mostraron a favor de facilitar el precio del medicinal y una estructura de la propiedad que revierta el beneficio hacia abajo, frente a la propiedad de grandes capitales extranjeros.
Impuestos finalistas en Salud
En materia de impuestos Rosique sostiene que «ERC rechaza el uso de este tipo de impuestos», pero que Cataluña ya tenía en marcha la incorporación de recursos para el cannabis en planes de Salud y que desde Esquerra continuarían estudiando nuevos planes dentro de la estructura general de financiación. Un impuesto finalista consistiría en que el dinero recaudado por el impuesto iría directamente a su finalidad estipulada cuando tal impuesto fue definido.
No habría que confundirlo con un impuesto especial, como el que ya tiene el tabaco o la gasolina, y se aplica filosóficamente a modo de política que incentiva/desincentiva el consumo, además de tener cierto aspecto de gravar más el coste público de determinados consumos, aunque no se vincule al destino de la financiación como en el finalista. En este sentido, Muñoz, la portavoz de Podemos sí apuntó a un impuesto especial, pero dijo respecto al finalista que estaban «hablándolo». «Es lo más complejo», apuntó.