Arnau Alcaide
Representantes de CatFac, la federación catalana de asociaciones cannábicas, se reúnen con responsables del Ayuntamiento de Barcelona en busca de una solución que posibilite de nuevo la creación de asociaciones cannábicas, en la ciudad con más presencia del movimiento civil en número de asociaciones. De momento, lo único claro es que no se podrán ordenar las asociaciones cannábicas y, en el peor de los escenarios, no se podría asegurar la licencia urbanística a las que ya lo tienen, de acuerdo con la sentencia que tumbaba el ordenamiento urbanístico de las asociaciones cannábicas dentro de las competencias municipales.
Prioridad: mantener las licencias en funcionamiento
Contactamos con el portavoz de CatFac, Eric Asensio, quien se reunió el jueves con el Ayuntamiento para abordar cómo intentar restablecer la posibilidad para las asociaciones cannábicas de obtener una licencia urbanística que regule cuestiones como los accesos, las distancias a centros educativos o parques o las salidas de humos. De momento, no nos puede adelantar un plan común, pues la situación es muy complicada y seguirá tratándose en privado, pero sobre la mesa están cuestiones como recurrir la sentencia o lograr, como la mayor de las prioridades, que la sentencia no se aplique con «efecto retroactivo» e implique «la retirada de las licencias que ya están en activo».
El Ayuntamiento de Barcelona había emitido a comienzos de mes un comunicado en su página web anunciando que ya no se tramitarían más licencias urbanísticas para este tipo de asociaciones de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo. La nota se liberaba entonces, pero la imposibilidad de tramitar las licencias había entrado en vigor este enero con la sentencia. No obstante, de la posición del Ayuntamiento depende reivindicar estas competencias, sea mediante el recurso o por otras vías a explorar. Esta ordenanza existe actualmente en Bilbao y se prevé su desarrollo en otros municipios dentro de la Ley Vasca de Adicciones, pero cuando el Supremo tumbó la de San Sebastián, el Ayuntamiento no recurrió, una primera decisión a la que se enfrentará el de Barcelona.
Asensio sí nos explica que «para el Ayuntamiento, la sentencia no tiene lógica porque no entienden que no puedan regular cuestiones urbanísticas». «No entendemos cómo se puede suspender un plan que regula aspectos tan relevantes para el encaje municipal en estas condiciones», lamenta. «Es una cuestión que va a afectar a todos los municipios que tengan regulación urbanística; esto será un efecto dominó».
En el caso de que no se opte por el recurso, Asensio pide otro plan alternativo y «sobre todo, que no sea retroactivo». Su propuesta imprescindible debe contemplar «mantener las licencias en el término que se otorgaron o con otro nuevo epígrafe», pero siempre manteniendo la seguridad de tener que cumplir una norma urbanística bien planificada, unos «temas de instalación más relevantes ahora con covid» y por el reconocimiento simbólico institucional. Tras ser tumbada la Ley Catalana de Asociaciones, las ordenanzas municipales son el último escollo legal de estas asociaciones.