Arnau Alcaide
Propietarios de tiendas de CBD navarras denuncian la reciente entrada de la Guardia Civil de manera prospectiva, sin orden judicial, en sus tiendas en busca de delito, y contemplando como tal la mera presencia de cannabis proveniente de cáñamo legal. Pero la operación puede tener alcance nacional. La no asunción por España de la normativa europea en materia de cultivo y comercialización del cáñamo se traduce en la entrada de la policía militar a los diferentes establecimientos que venden la flor no psicoactiva como objeto aromático, algo completamente legal.
España puede verse abocada a la sanción por violar la competencia al incumplir la normativa comunitaria, de acuerdo con el mismo Tribunal Superior de Justicia que falló que todas las partes del cáñamo son legales, aunque este no esté contemplado para alimento a excepción de sus semillas, y que para interrumpir su comercialización habría que demostrar que su perjuicio para la Salud Pública no estaba basado en «consideraciones hipotéticas». Cuestión esta, la de demostrar algún perjuicio por el que se inician las operaciones, que no solo no aportan los organismos reguladores españoles, la Agencia del Medicamento, sino que además se permite el trato discriminatorio de la policía a estos negocios.
El OECCC recoge la trayectoria reciente de atropello al cáñamo
Comunicado oficial
La falta de regulación sobre el cultivo de cáñamo industrial y la comercialización de productos con CBD, suscitan muchas dudas a órganos judiciales y fuerzas del orden, por lo que han solicitado, en varias ocasiones, informes a la AEMPS, acerca de la legalidad de éstos. Todos los Informes a los que ha tenido acceso el equipo jurídico del OECCC, recogen una serie de afirmaciones, que según el criterio de este grupo de expertos, son interpretaciones sobre unas leyes obsoletas. Estas interpretaciones, lejos de ser acordes a la realidad social actual, no solo a la española, sino a nivel global, son contrarias a la misma. Dicha versión, parece dirigida a acabar con los entes, que actualmente y desde hace más de 20 años, vienen conformando el Sector o Industria del Cannabis y del Cáñamo en España. Desde este Observatorio del Cannabis opinan que esta industria podría estorbar de alguna manera a las corporaciones farmacéuticas, que pretenden convertir la regulación del Cannabis medicinal en su oligopolio.
Así, en el último año, son numerosas las noticias desalentadoras, que están aumentando, más si cabe, la inseguridad jurídica ya existente en el sector.
- Intervención Judicial del mayor banco de semillas de España: con casi 100 trabajadores en paro, actividad suspendida, cuentas bloqueadas y un largo etc, sin que 9 meses después, siquiera se levante el secreto de sumario. Según la Nota de Prensa de la Guardia Civil, han estado asesorados, durante la investigación, por la AEMPS.
- Intervenciones en todo el territorio nacional de plantaciones de cáñamo industrial: en ellas, las Fuerzas del Orden exigen licencia de la AEMPS para cultivar flor de cáñamo, aunque tenga menos del 0,2% de THC. Según el OECCC no es más que una interpretación muy restrictiva de una norma obsoleta. Recalcar, que muchos agricultores de cáñamo, antes de cáñamo cultivaban hortalizas, y que no solo les han cortado sus campos, con las pérdidas
económicas que supone, sino que varios han pasado largas temporadas en prisión preventiva por un supuesto delito contra la salud pública, por cultivar una planta que carece de principio psicoactivo, para ser considerada droga.
Desde el OECCC recuerdan que lo que debería tenerse en cuenta a la hora de analizar Cannabis, para determinar si estamos ante una sustancia ilícita, es el e l ÍNDICE DE PSICOACTIVIDAD, para determinar si se trata de cannabis apto para su consumo como estupefaciente. Índice cuya utilización es recomendado en los protocolos de Naciones Unidas,
concretamente el UNODC ST/NAR/40, para determinar si estamos ante cannabis psicoactivo o cannabis tipo fibra.
- Inspecciones en todos los growshops de Granada, en los que la Guardia Civil, ha procedido
a precintar las semillas de cannabis que se venden como producto de colección, manifestando a
los regentes de las tiendas, que solo pueden vender semillas de cáñamo de las certificadas por
la Unión Europea. Entonces el OECCC se pregunta: ¿pueden venderse sacos de semillas
para uso agrícola de cáñamo industrial certificado, y luego te meten en prisión preventiva
si lo cultivas? - Inspección en numerosas tiendas de productos de CBD, en las que también se repiten las
interpretaciones de la AEMPS, con situaciones diversas según la zona, precinto de productos
con posible sanción administrativa, imputación por supuesto delito contra la salud pública, o
imputación por supuesto delito de contrabando. Esto resulta rocambolesco, y dista mucho de lo
que debería suceder en un Estado de Derecho, ¿cómo pueden ser hechos similares, tratados de
manera tan diversa? - Falta de transparencia en las licencias Cannabis, aunque han pasado de 9 en junio del
2020, hasta 21 en junio del 2021, todavía no existe un procedimiento estandarizado para su
concesión, y la AEMPS asegura al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se adaptan
a las “circunstancias de cada caso concreto”, lo que no coincide con un estado democrático y
de derecho. Además el OECCC defiende que también se den licencias a las personas para
autocultivo terapéutico de marihuana, tal como ha solicitado Juan Manuel Rodríguez Gantes. - Al mismo tiempo que la represión sobre el Cannabis llega a máximos históricos en España, la
AEMPS participa en la elaboración de una Guía Cannabis, que prepara la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. El OECCC entiende que el fin de
esta iniciativa sería encorsetar el avance la de la reclasificación del Cannabis en la ONU, al
limitar el cannabis medicinal a un mero negocio de algunas empresas. Por esto el OECCC pide
que la representación de la AEMPS recoja, para futuras reuniones, la opinión de la sociedad
civil.
Desde el OECCC reclaman una Regulación que acabe por fin con la Inseguridad Jurídica, y en su defecto, que se interpreten y apliquen las Leyes, en atención a la realidad social actual, sin olvidarse de las personas, en vez de regular a medida de algunas farmas. Conviene recordar que hay empresas con licencias para cultivar, procesar, y exportar Cannabis desde España a varios países del mundo, mientras que hay personas en prisión, incluso de forma preventiva, no solo por cultivar marihuana, sino incluso por cultivar cáñamo industrial. Por último, el OECCC aclara que sus críticas a la AEMPS, en ningún caso quieren perjudicar a la imagen o credibilidad de la AEMPS, una institución que ha desempeñado un gran trabajo en muchos frentes, tanto en la pandemia, como años anteriores, por lo que tiene un merecido prestigio. Todo lo contrario, el deseo del OECCC es ayudar a la mejora en las actuaciones de esta Agencia, para conseguir que España sea una referencia mundial de transparencia y buen Gobierno, en lo relativo al Cannabis, como corresponde a la sociedad civil española, que lleva décadas de trabajo por un modelo que ponga primero a las personas.