Arnau Alcaide
Recientemente las licencias de producción de cannabis en España han florecido como no la regulación. Ya son ocho las de producción que, bajo los accesos propios de los compuestos para medicamentos que solo ostentan las farmacéuticas, tienen permiso para producir en exclusiva el único cannabis psicoactivo legal de España. Tres empresas cuando nos fijamos en las que pueden exportar. Unos permisos y epígrafes que se fraguan en el silencio en ausencia de reglas específicas, mientras se sanciona o pena en España a las personas usuarias de ese cannabis medicinal.
La primera fue Linneo Health, antigua Alcalíber, con el monopolio del opio heredado del franquismo y primera exportadora a Alemania tras ser capitalizada por un fondo inglés. Alemania, el mercado previsto como más grande, fue suyo en solitario desde España durante un tiempo; es decir, también en monopolio. Se tendrá que repartir el pastel de ahora en adelante con Cafina y Medalchemy, un pastel que ya no está claro si abarca solo Alemania u otros países.
En el comunicado de la propietaria de Medalchemy, el conglomerado integrado verticalmente de empresas del cannabis estadounidenses Curaleaf, presume del permiso de exportación en general, el certificado GMP de calidad y de ser la empresa con más licencias en Europa, continente llamado a ser el mercado más grande del mundo para el cannabis. De Cafina, propiedad de la canadiense Canopy Growth, sabemos que su permiso para exportar ha sido volátil en el epígrafe del breve documento de transparencia de la Agencia del Medicamento, pues en un primer momento, tanto esta empresa como Linneo Health figuraban con permiso para exportar, para después conocerse que dicho permiso se aprobaría exprofeso para Linneo Health con dirección Alemania, sembrando las dudas sobre lo que era posible hacer y lo que no para estas empresas.
Recientemente, han aumentado las licencias y sus posibilidades, y lo hicieron coincidiendo con la entrevista al diputado socialista portavoz en cannabis, Daniel Viondi, y representante del partido en las comisiones de Salud y Adicciones. Sus posibilidades, no obstante, quedan al alcance de estos grandes conglomerados, con muchas más facilidades burocráticas de acuerdo a los estándares de la Agencia del Medicamento para acceder a la producción de esta flor. Regalársela frente al productor agrícola es una decisión política, no una opción natural.
Hace 3 años, anunciamos que íbamos a perder las fases de mayor valor añadido del proceso productivo para solamente producir la materia prima, negando la oportunidad a la investigación pionera que tenemos en el país de consolidar una industria del procesamiento que les absorba, así como la recaudación correspondiente a las sedes fiscales. También negando la propiedad de los cultivos entre la industria nacional.
Si los agricultores no tienen las herramientas para acceder a los estándares de calidad, la Agencia del Medicamento podría facilitar estas herramientas para que puedan vender flor de calidad a las industrias farmacéuticas. También que se reconozca que, a diferencia de los fármacos al uso, en la producción de flor de cannabis medicinal de calidad no hace falta el tipo de conocimiento y procesamiento que se podría entender reservado a la industria farmacéutica, aunque sí se les reserve después la elaboración de un fármaco.
