Arnau Alcaide
El Ayuntamiento de Barcelona comunica la retirada del permiso municipal de ordenamiento urbanístico para las asociaciones cannábicas, que delimita cómo deben ser las entradas, las salidas de humos y demás cuestiones de disposición de obra para el encaje en la ciudad. Estos criterios dejarán de funcionar, así como la ley que los recoge, y la licencia de asociación cannábica válida, de acuerdo a cumplirlos, dejará de existir. Las asociaciones que ya la poseían se ven abocadas a un proceso de transformación en otro tipo de asociación, en el que se inspeccionará por parte del ayuntamiento que así sea.
La decisión es el resultado del análisis de las opciones posibles tras la sentencia que dejó sin competencias al Ayuntamiento de Barcelona para delimitar urbanísticamente estas asociaciones por su fin, considerado ilegal incluso en el ámbito privado, y que tumbaba la ley de 2016 que las amparaba en cuestiones urbanísticas. Este escollo legal era el último en pie, ya que ahora no queda para las asociaciones cannábicas de Barcelona ninguna ley que ampare su existencia, con el consiguiente agravante en posteriores juicios.
La ley era anterior a la de asociaciones cannábicas catalana de 2017, que sí delimitaba el cultivo, consumo, distribución y membresía, pero esta no se extralimitaba en sus competencias más allá de, como argumentó en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y posteriormente ratificó el Supremo, regular las disposiciones urbanísticas de algo ilegal; pero la ley urbanística no articulaba ninguna práctica ilegal, solo reconocía la existencia de estas asociaciones, lo cual ya supone según los tribunales la invasión de competencias.
El ayuntamiento se posiciona a favor pese a ejecutar el peor escenario
En este sentido, pese a que Eric Asensio, representante de la Federación Catalana de Asociaciones (Catfac), nos explicó que se estaban reuniendo con el ayuntamiento para buscar una salida que no implicase la retirada de las licencias ya en funcionamiento, es decir, que no se aplicase la ley con efecto retroactivo y se acabase con las asociaciones cannábicas, el ayuntamiento no ha encontrado otra salida en el corto plazo que cumplir así con la sentencia. Pero el comunicado es también una declaración de intenciones, posicionándose a favor de la existencia de estas asociaciones, del cannabis terapéutico del que destaca el tratamiento ante cáncer y crea un grupo de incidencia política para establecer un diálogo autonómico y estatal que avance en estas cuestiones.
Las asociaciones cannábicas solo podrán funcionar como clubes sociales privados
«Las asociaciones cannábicas sólo podrán funcionar como clubes sociales privados y no podrán promover el consumo, la venta ni el cultivo de cannabis. Así lo prevé el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que concluye que los municipios no son competentes para hacer una regulación propia a través de un plan especial urbanístico, como hizo el año 2016 el Ayuntamiento de Barcelona con una propuesta que obtuvo un amplio apoyo político», desarrolla el comunicado.
Una iniciativa pionera
«La ciudad aprobó en 2016 esta regulación, un plan especial urbanístico que ordenaba territorialmente los clubes cannábicos con el objetivo de evitar su concentración y proximidad a los equipamientos protegidos, reducir las molestias a los vecinos y mejorar la convivencia. Se trataba de una iniciativa pionera, que ayudaba precisamente a dar un marco normativo propio para regular esta actividad», reivindican desde el ayuntamiento.
Un consenso amplio para el ejercicio de los derechos del individuo
«El documento recibió un consenso amplio por parte del plenario municipal, y tenía como ejes principales hacer compatible el derecho de asociación de las personas consumidoras de cannabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales como son la protección de la salud y el disfrute de un medio ambiente adecuado. Era una herramienta al servicio de las políticas de salud pública para abordar el fenómeno, y establecía los requisitos urbanísticos -Distancias, superficie, ubicación, etc.- que debían cumplir las asociaciones para poder llevar a cabo la actividad en sus locales».
Hace un año invalidada, desde abril en firme
«El plan, sin embargo, fue recurrido judicialmente, y una sentencia de junio de 2020 del TSJC lo anuló. El tribunal entiende que el Ayuntamiento no tiene competencia para regular los clubes de cannabis, ni siquiera desde la vertiente urbanística, ya que considera que son espacios susceptibles de comisión de delitos, y por lo tanto la materia penal es de competencia exclusiva estatal. Recientemente, en abril pasado, quedó desestimado el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento. Esto implica que los clubes de cannabis pasan a tener únicamente la habilitación de club social privado, y en ningún caso podrán llevar a cabo actividades que promuevan el consumo del cannabis, así como tampoco su cultivo, venta o consumo», explican de la cuestión judicial.
El ayuntamiento toma medidas en respuesta a la sentencia
«Por parte del área municipal de Seguridad, se desarrollará una campaña de inspección y control de los clubes. Se comenzará por aquellos clubes cannábicos que más impacto negativo generan, enfocados al turismo y la venta masiva, y más adelante se abordará los grupos comunitarios y de autoconsumo. También se enviará una carta explicando la situación actual en todos los clubes existentes para que puedan adaptar sus actividades a la legalidad vigente«, es decir, desaparecer como tales para ser simplemente clubes privados. Esto implicará a alrededor de 200.
Un grupo de trabajo político del ayuntamiento
Para no ser meramente el brazo ejecutor de la justicia, crean también «un grupo de trabajo interno del Ayuntamiento con las áreas de Servicios Jurídicos, Salud, Seguridad y Urbanismo para hacer propuestas de cambios legislativos a nivel estatal y autonómico, y estudiarlas conjuntamente con las administraciones competentes, que son la Generalitat y el Estado». El objetivo de este grupo de incidencia es «dar una respuesta conjunta a la situación y poner sobre la mesa la necesidad de espacios donde se pueda producir el consumo -y no la venta- de forma controlada, que está permitido por el código penal», un derecho que se vulnera por los tribunales, al hacerlo prácticamente imposible.
Piden «una regulación necesaria»
«El Gobierno municipal continúa defendiendo la necesidad de una regulación de esta actividad desde el punto de vista de la salud pública, que es desde donde entiende que se debe tratar el fenómeno. Hay que tener en cuenta aspectos como las utilidades terapéuticas del cannabis, que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de cánceres y otras enfermedades», reclaman desde el ayuntamiento, manifestando su completo desacuerdo con la decisión.
Catfac carga contra el poder judicial y se presta al grupo del ayuntamiento
«Una vez más el Poder Judicial carga contra las asociaciones, sin tener en cuenta la realidad social de la ciudad de Barcelona, una ciudad que convive desde hace más de 30 años con estas entidades. En lugar de analizar un modelo claramente orientado a conseguir el bienestar de las personas, aplica de nuevo su estrategia punitiva de represión y acoso a un modelo de acceso a la sustancia reconocido internacionalmente, y prohibiendo a las personas su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la prevención de la salud y a la seguridad«, han querido trasladar en su propio comunicado desde Catfac.
«Hoy pedimos a todas las representantes políticas que tenéis las herramientas democráticas para poder revertir y convertir esta situación, que no os rindáis y que no cedáis al inmovilismo del Estado y a su voluntad de perpetuar políticas de drogas obsoletas que impiden avanzar y evolucionar a la sociedad. Si hay un momento en que ha sido necesario ser valientes es ahora y regular las asociaciones cannàbicas, hoy, es una urgencia.
La sociedad civil no se rinde y resiste, porque esta es nuestra vida, nuestra lucha y por eso desde CatFAC expresamos la más firme voluntad de trabajar conjuntamente en el grupo de trabajo interno del Ayuntamiento para buscar los mecanismos necesarios que nos permitan desarrollar una respuesta coordinada, organizada y consensuada, al ataque de un modelo pionero en Europa, exportado a escala internacional, que comporta la aplicación de nuevas políticas de drogas que apuestan por las personas y su salud, sin dejar a nadie atrás.
Informamos, que desde ahora mismo, el equipo de CatFAC no nos quedaremos de brazos cruzados, iremos informando de todas las acciones programadas para responder de forma activa ante la maquinaria represiva, hasta que consigamos el reconocimiento de nuestro derecho adquirido».