Arnau Alcaide
El ayuntamiento de Barcelona comunica a las asociaciones cannábicas vía carta que tendrán que dedicarse a tareas informativas, educativas, de concienciación, investigación y participación a falta de la posibilidad legal de articular cultivo, distribución y consumo en circuito cerrado. Barcelona deja de ser la ciudad más avanzada del mundo en la materia para pasar a engrosar la lista de las que poseen clubes de cannabis que, sobre el papel, solo son asociaciones para hablar al respecto, primando la prohibición sobre la posibilidad de asociarse para el ejercicio de los derechos individuales al consumo personal, libre de imposiciones a la personalidad.
La presidenta de la Federación Catalana de Asociaciones Cannábicas (CatFAC), Patricia Amiguet, explicó a Cannabis.es en exclusiva el pasado jueves 29 de julio que «no creía» que fuese a implicar el «cierre masivo de asociaciones». «Pienso que la inspección será una visita administrativa de revisión y si en principio todo funciona como debe funcionar no habrá revuelo. No creo que sea la intención cerrar las asociaciones ni mucho menos», comentó entonces de una acción que notificó el ayuntamiento el 26, tres días antes, cuando comunicó en su web la entrada en efecto de la sentencia. De las inspecciones, no obstante, no se habla en la carta, por lo que permanecen a la espera de ver en qué consistirán. Muchos medios las han interpretado como cierres, pero Amiguet no cree que sea así. Esta es la primera comunicación que reciben como asociaciones después de la primera y única reunión que mantuvo CatfAC con el ayuntamiento el 20 de mayo.
«La habilitación de la que disponen (club social privado) solo permite llevar a cabo la actividad de club social, que se ha de limitar a informar, elaborar, difundir estudios, realizar propuestas, expresar de cualquier forma opiniones sobre la materia y promover reuniones o seminarios sobre cuestiones referentes a las finalidades expresadas en sus estatutos. Por tanto, en ningún caso se permite la promoción del consumo de cannabis, su cultivo, su distribución ni ninguna actuación o conducta que pueda ser constitutiva de sanción administrativa o sanción penal», recoge la carta del ayuntamiento, retirando el epígrafe de «asociación cannábica» y con esta última puntilla que menciona expresamente dónde la Justicia les ha dicho que no son competentes.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 1627/2020, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo ante un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona, los ayuntamientos no son competentes para regular las asociaciones cannábicas porque al regularlas se acepta una actividad que consideran ilegal según está recogido en el Código Penal, competencia del Estado. El Tribunal Supremo fue el que amplió, además de ratificar, la nulidad a toda la norma, acercando el escenario actual, pues la nulidad parcial dejaba más opciones abiertas para el encaje de las asociaciones cannábicas por parte del ayuntamiento.
Barcelona cuenta con más de 200 de estas asociaciones que han visto cómo la norma autonómica y posteriormente la municipal desaparecían después de haber establecido el funcionamiento, derechos, responsabilidades, límites y encaje para una realidad social que está mejor regulada. La vía judicial se apunta ya otro crimen en una novela negra cuya víctima, ante el inmovilismo político estatal, son las políticas de drogas.
