Arnau Alcaide
El próximo 5 de octubre tendrá lugar en la República Checa el juicio al editor de la revista Legalizace, Robert Veverka, activista miembro de una ONG cannábica y que tiene también asiento en el consejo para la política de drogas de la ciudad de Praga. Con una acusación que puede pedir hasta los 5 años de prisión, el motivo de llevar a Veverka a juicio no es otro que el de ‘incitar a la toxicomanía’.
Se trata de una figura jurídica que en España se utilizó en la acusación a Dinafem, entre otras cosas, con el nombre de promoción del consumo y que se retuerce para castigar la información, la sacrílega con el prohibicionismo, como delito contra la salud pública. Pero en el caso de Veverka no había producción y distribución de semillas vinculada; actividades que legalmente realizaba Dinafem pero que tienen, quizás, más matices. El editor checo solo ha informado y representado a su ciudadanía para cambiar a mejor la política, lo que aumenta la gravedad de su procesamiento.
“La acusación, que es calculada, estigmatizante, casi falsa y basada en conjeturas falaces e interpretaciones limitadas por parte de la policía de que el cultivo y procesamiento de cannabis es automáticamente ilegal o que cualquier mención al cannabis equivale automáticamente a ‘incitar a la toxicomanía’, comprende un precedente comparable a la represión y la censura totalitarias. Considero que es mi deber luchar no solo por el derecho de la revista Legalizace a existir, sino también por los derechos de todos los medios impresos y electrónicos que alguna vez se han atrevido a mencionar la palabra ‘cannabis’, o planean hacerlo en el futuro ”, ha dicho Robert Veverka a Cannathemag con respecto a la acusación.
El acusado ha recibido el apoyo de los medios de información cannábicos nacionales en lo que todos tachan de persecución ideológica sin sentido, una caza de brujas, con una interpretación tendenciosa de lo que implica incitar a consumir una droga que es conservadora hasta el punto de vetar toda información como forma de prevenir el consumo. Hay que tener en cuenta que la información es un derecho y el conocimiento no puede ser tabú, incluso si se habla de sustancias prohibidas y sus efectos. Es una premisa básica para una sociedad democrática en la que se respetan los derechos.
