Benito Díaz
Las noticias sobre agentes de los cuerpos de seguridad del Estado corrompidos por el dinero de narcotraficantes aparecen con mucha frecuencia. La ratio de policías comprados con dinero negro ha aumentado desde hace diez años, con casos muy sonados en medios. Este goteo constante podría reducirse con políticas de drogas que establezcan un marco regulativo como el propuesto para el cannabis.
En la última década, se han registrado más de 140 expedientes por causa de corrupción. Resultaría inabarcable repasar cada caso, aunque sería una cuestión necesaria en otros ámbitos, como la literatura judicial. De esta manera, solo nos centraremos en los casos más actuales y en los más relacionados por distancia geográfica.
Llinars del Vallès y Barcelona
Esta localidad catalana ha sido el escenario del último ejemplo de corrupción policial por el narco el pasado día 26 de octubre. Según las informaciones, cuatro policías fueron detenidos el pasado martes, como resultado de una investigación abierta a raíz de un tiroteo en el que un confidente resultó muerto. Aquello sucedió en 2019, comenzando unas pesquisas que se han resuelto con la intervención de estos agentes corruptos, un 20% de un total de 21 que conforman la comisaría local. Al parecer, se trataba de una red que protegía a un conocido mafioso que poseía varias instalaciones para el cultivo indoor de marihuana.
No abandonamos el territorio, nos dirigimos al Prat de Barcelona. Una publicación de marzo de 2018 revelaba la relación de dos policías nacionales destinados a la seguridad del aeropuerto con una red criminal que extorsionaba y robaba a grupos de traficantes, con extrema violencia según las noticias. Al parecer, no se esforzaban demasiado por ocultar estas relaciones, grabando videos para RRSS y visitando al capo de la banda en la cárcel Modelo, donde recibían indicaciones para seguir realizando estos “vuelcos”. Ya en la ciudad, el puerto marítimo de Barcelona saltaba a las noticias en 2020, cuando se reveló la reclamación de la fiscalía de 14 años de prisión para una pareja de policías nacionales a los que se acusaba de ser cabecillas de una red de tráfico de Cocaína que podría haber introducido hasta 200 kilos de sustancia proveniente de Brasil.
Vinaròs
El viernes 22 de octubre, se daba a conocer la relación de dos guardias civiles que fueron detenidos en el transcurso de una operación antidroga en el puerto de la ciudad castellonense. En efecto, la organización estaba compuesta de ocho personas, entre ellas un guardia civil apartado del servicio y u otro en activo. Se les acusa de introducir y distribuir al menos dos toneladas y media de resina, habiéndoles sorprendido mientras movían la mercancía. También de pertenencia a banda criminal y delito contra la salud pública.
Alicante
Javier Méndez fue jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la policía Nacional en la ciudad costera. Es el 6 de septiembre de este año cuando la fiscalía actuó, denunciándole como asesor personal de un narcotraficante que comandaba una red internacional que habría llegado a mover hasta cuatro toneladas de Cocaína, según la oficina de Asuntos Internos. Habría estado involucrado con el narco Diego Moreno, a quién él mismo investigó entre 2008 y 2012 y cuyas declaraciones supusieron la absolución del traficante, sobre el que ya pesaban 19 detenciones desde 2009. Méndez, tras retirarse de la policía, habría entrado a figurar como consejero de Moreno, utilizando sus conocimientos precisos sobre el sistema interno de la policía, para facilitar los envíos de sustancias y resolver problemas de tipo legal o policial para el narco.
Almería
Las fuentes de información, aseguran que la corrupción policial se intensifica al acercarse al sur de la península. Por ejemplo, el mismo día que se realizaba el operativo policial de Vinaròs, se ejecutó otra intervención destinada a acabar con una organización dedicada al tráfico de Marihuana, que se saldó con la detención de 14 personas. Al frente de la banda, un teniente de la Guardia Civil. Se incautaron un número de 156.314 plantas, además de 6000 kg de flores listas para su comercialización.
Mérida
Uno de los casos más sonados del año, ha sido el de la Unidad Antidrogas de Mérida. La capital de Extremadura se levantó el día 17 de septiembre con la noticia de la detención en bloque de todo el grupo, cinco agentes de la Policía Nacional más otro Guardia Civil. En total, más de 20 personas que formarían una red dedicada al tráfico de Cannabis en la zona. Una operación policial iniciada en 2019 por un equipo interno de la policía de investigación contra el crimen organizado de Alicante, que encontró indicios que relacionaban a los policías extremeños con otros de Torrevieja. Según los datos, los agentes controlaban el tráfico de cannabis entre ambas ciudades o lo permitirían de facto.
Las sentencias de estos casos no suelen llegar a conocimiento público, salvo en casos muy importantes. Por ejemplo, en esta ocasión se dictó prisión provisional para la mitad de los implicados, los agentes corruptos entre ellos.
Cádiz
“Existe un grave problema de corrupción policial en el sur de España”, explicaba un atestado al respecto de los comentarios de un importante narco asentado en Cádiz. El pasado cinco de octubre, se destapa la colaboración del Guardia Civil Antonio Jesús “Ojos de Loco”, destinado en la sección de Tarifa y el grupo de los hermanos Al Moudi, narcotraficantes de Cannabis desde Marruecos. “Ojos de Loco” funcionaría como reclutador de agentes policiales para la red de narcotráfico de los marroquíes, jefes de una banda de nivel internacional. Estas relaciones se saldan con las detenciones de dos uniformados y del propio “Ojos de Loco”, aparte de la desarticulación de parte del entramado mafioso.
El documento, revelado por El Diario, afirma que las organizaciones presumen de “colaborar con la ley” y cifran la compra de un funcionario con poder en “un millón de euros”, 12.000 solo por sentarse a hablar. «El grave problema existente en la Bahía de Cádiz respecto del narcotráfico lleva aparejada la aparición de toda una serie de problemas inevitablemente unidos a esta lacra social: corrupción, asesinatos, extorsión, debilidad institucional, inseguridad, problemas de salud pública, etc. Una de las instituciones que las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico buscan corromper es, sin duda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Propuestas de regulación
La cuestión de la corrupción policial está presente en los distintos marcos regulatorios que proponen los grupos políticos al respecto del cannabis. Este mismo 21 de octubre, se celebró una charla entre la representante de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), Patty Amiguet y la portavoz para la regulación del Cannabis de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rosique, en Internet.
Ante la cuestión de la corrupción policial, Amiguet declaró que se trata de un tema de dominio público, pero del que no se dan a conocer muchos detalles. “El narco se beneficia del inmovilismo y del prohibicionismo. Tendríamos que imaginarnos cuántos recursos se utilizan para los distintos cuerpos de seguridad nacionales, locales, los Mossos d´Esquadra, para acabar con las drogas en las calles. Y los hay que tienen montado un chiringuito que se puede acabar como empecemos a hablar de sensibilización, programas de educación. Hay gente que está muy cómoda y los cambios son difíciles para todos”, comentaba la portavoz de CONFAC. “Creo que es importante dar a conocer esos casos y evidenciar que mucha corrupción en todos los estratos del Estado español. Las noticias hablan por sí solas”.
“Pienso que se ha establecido una impunidad al respecto de este tipo de corrupción, más incluso en el marco prohibicionista que está establecido”, expuso Marta Rosique. “Pero esto pone de manifiesto por qué es más necesario que nunca llegar a una regulación del cannabis. Una vez que regulas, se puede hacer un seguimiento de todo el producto, controlar por qué manos pasa, puedes ver si hay mafias detrás, facilitar el trabajo policial, y también podría proporcionar un nivel de seguridad distinto del que tenemos ahora, al que estamos acostumbradas”. Patty apuntó que hay mucha gente dentro de los cuerpos de seguridad que saben que este sistema no funciona y que se debe poner en valor que haya asociaciones y sindicatos que creen en la no-prohibición y que plantean fórmulas para renovarse.
Fuentes consultadas: El País, ABC, El Mundo, ElDiario, Alerta.