Arnau Alcaide
Los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, piden en su último informe interno sobre el cannabis que se regule integralmente su cultivo, venta y distribución para «alejar al consumidor de las relaciones clandestinas y los circuitos ilegales». Se trata del tercer informe desde que en 2018 se iniciase un plan de análisis del alcance y efectos del tráfico de marihuana en Catalunya; y ya han llegado a la conclusión de que la prohibición es una política fracasada.
Así lo ha revelado en exclusiva el programa Planta Baixa de la Tv3, la televisión pública catalana, que ha tenido acceso al informe interno de los Mossos en el que se pide una «nueva estrategia» para hacer frente a la actual «amenaza para la estabilidad social y económica de Catalunya» que supone el tráfico. También para combatir la capacidad de permear en las instituciones del crimen organizado.
«El escenario de regulación del mercado de la marihuana, o parte de él, debería pensarse para alejar al consumidor individual de las relaciones clandestinas y circuitos ilegales. Debe garantizar también un mayor espacio visible para la educación y el conocimiento en la materia, y privar al espacio ilegal de su influencia y condicionamiento sobre las relaciones de los consumidores y la sociedad en general con la marihuana», explicaría textual el informe.
Y hablan de una «guerra contra las drogas» fallida, con un crimen que podría adentrarse en las instituciones, capturando con sobornos a la justicia, la policía o incluso a los partidos y administraciones locales; consolidándose en barrios como poderes paralelos que no responden a nadie dentro de la sociedad.
«La actual situación se puede calificar de alarmante. Existe riesgo de consolidación en la creciente penetración del crimen organizado en las estructuras formales y sociales. Los postulados del prohibicionismo han sido superados por esta realidad, lo que ha provocado que, en el contexto político, se estén produciendo movimientos legislativos para cambiar la inercia».
Tercer informe de los Mossos
Dejando claro que no quieren arrogarse ninguna capacidad legislativa, sugieren algunas guías de regulación.
- Regular venta y consumo terapéutico
- Acceso legal al consumo individual con un modelo europeo común contra el turismo cannábico, que consideran puede generar circuitos ilegales
- Normativa para las asociaciones cannábicas, que se encuentran en una situación de «precariedad», lo que consideran una «oportunidad de promoción al consumo o tráfico». «Se trataría de regular las condiciones de consumo compartido en estos espacios, eliminando el efecto llamada, limitando el número de socios, con obligación de acreditar la trazabilidad y correspondencia entre producción y consumo, con plantaciones declaradas e inspeccionadas».
- Consumo y transporte en lugares públicos ligado al tabaco, no sancionable excepto para turistas si no hay normativa europea
- Venta al público con el precio «más favorable que el de mercado ilegal, algo difícil de conseguir». El precio debe servir para «atraer al consumidor a las vías seguras y legales» porque «si el circuito criminal ofrece un producto de similar calidad a un mejor precio seguirá marcando la pauta del mercado». Esto incluye «lugares de venta suficientes para proveer de producto al consumidor».
- Régimen de sanciones por malos usos: «Hay que replantear las actuales medidas para el control y aumento de las sanciones de las conductas sociales que, por el hecho de consumir marihuana, puedan poner en riesgo al resto de los ciudadanos». Ejemplifican con las sanciones a la afectación en la conducción.
- Judicialmente proponen el aumento de las penas para el narcotráfico «una vez los ciudadanos tengan un espacio legal e informado sobre el consumo de la marihuana», premiar a quien delate y modular la acusación, formas más eficaces de proteger a testimonios y arrepentidos, más protección en la gestión de las fuentes por parte de los policías y modernizar y agilizar el sistema de cooperación internacional.
- Policías especialistas en tráfico de marihuana que coordinen antidroga en esa materia y se comuniquen con la Agencia Tributaria para los negocios legales.
- Implicación de colectivos y gremios afectados. Piden establecer «planes de información y participación en foros de conocimiento y compartir información y campañas concretas en cada gremio», para que tengan «el máximo de conocimiento y una vía fluida de relación e intercambio con la policía u otros actores implicados». También con algunas obligaciones como la prevención del blanqueo.
- Sistema de evaluación: «Habría que definir y establecer indicadores y mecanismos de evaluación continua sobre el funcionamiento del sistema» con el fin de aportar «nuevas necesidades y medidas correctivas». Plantean analizarlo «desde todos los puntos de vista: económico, de salud, de seguridad y de información, conocimiento y educación».
