Arnau Alcaide
El Congreso de Costa Rica aprueba en su primera fase la regulación del cannabis medicinal que incluye un 40% de licencias reservadas «para pequeñas empresas agrícolas cantonales, cooperativas y de producción a baja escala», según ha explicado el diputado promotor del Partido Acción Ciudadana. Una buena publicidad que no puede esconder que solo se regula el circuito comercial y no a las personas, pues no quedan recogidos ni el autocultivo ni las asociaciones cannábicas. Mientras el país aborda la regulación hasta ahora paralizada, sigue en la cárcel Mario Cerdás, abogado contra el que la fiscalía preparó un juicio montaje para revertir la jurisprudencia que garantizaba el derecho al autocultivo de toda la ciudadanía.
Se trata de la admisión a trámite del borrador para el debate y modificaciones mediante enmiendas de la regulación medicinal; finalmente, se votaría de nuevo su aprobación definitiva. Es el mismo proceso por el que ya ha sido rechazada en España la ley de Más País y queda pendiente para las de Esquerra Republicana y Unidas Podemos. En Costa Rica no obstante, solo se aborda la regulación del cannabis medicinal como medicamento en manos de la industria farmacéutica y, eso sí, con acceso a la producción de valor, al menos sobre el papel, para agricultores, al contrario que en España.
La norma, según ha declarado Enrique Sánchez Carballo, «favorece a emprendimientos de la economía social y de pequeños agroproductores que necesitan de este tipo de oportunidades, y lo otro es que permite el consumo doméstico en cantidades recetadas para pacientes diagnosticados, siendo esta una opción con la que no contaban». El texto autoriza todo el circuito comercial desde la producción a la distribución, siempre con licencia y con fines medicinales, y será el Estado mediante la Seguridad Social o un laboratorio farmacéutico, también licenciado, los únicos compradores posibles de la materia prima.
Se podrá integrar con ambas licencias todo el proceso, por lo que la única garantía que va a tener el mundo agrícola es la cuota de 4 de cada 10 licencias, pero después pueden quedar superados por los mejores costes que puedan tener los oligopolios farmacéuticos, o el control de los precios de la materia prima al tener poder de compra. No van a poder vender directamente al usuario los agricultores. El cáñamo, a su vez, quedaría libre de fiscalización y apto para todos los usos, también alimentarios, pasando a ser un cultivo cualquiera.
Sánchez Carballo, no obstante, sí que lanzó un dardo hacia más avances, cuestionando la prohibición; pero, de momento, son solo palabras: «Debemos buscar regular también el cannabis en su variante psicoactiva, no solo medicinal e industrial. La experiencia internacional nos dice que la prohibición de ese uso no cumple con los propósitos que supuestamente persigue y más bien favorece al narcotráfico. En cambio, la regulación abre la posibilidad de formalizar el mercado, atraer inversión, genera encadenamientos productivos, empleos y mayor seguridad para la población consumidora. Además, contribuye a generar más estudios, información y prevención de conductas abusivas».
