Arnau Alcaide
A una persona usuaria medicinal de cannabis le anulan una multa al admitir sus alegaciones «por cuanto la sustancia intervenida resulta ser de prescripción facultativa en tratamiento que sigue». Así, la Delegación del Gobierno de Andalucía resuelve sobreseer y archivar la multa y lo hace «en aras de los principios de la legalidad y la tipicidad, y de la presunción de inocencia».
Se trata de una persona socia de la asociación Ifrén, en la provincia de Cádiz, a quien han preservado la identidad. Le incautaron cannabis y le sancionaron, pero optó por el recurso avalado por su red de atención médica. La persona que tramitó el recurso fue nada menos que el presidente y fundador de la asociación, Juanma Rodríguez, y lo hizo aportando el certificado médico de la doctora Sarah Chinelo, del programa medicinal cannábico común a varias asociaciones Smoking Maps. Este estaba sellado por el Club Social Cannábico IFREN en calidad de dispensario para pacientes.
De esta forma se pretendía acreditar, y así se ha considerado logrado por la Delegación de Gobierno responsable de las sanciones por tenencia, que el usuario era terapéutico y por lo tanto la sustancia incautada no podría causar una infracción por droga ilícita, en cuanto que estaba sujeta a prescripción médica con todo un protocolo en el acceso a ella acreditado.
Desde la asociación nos facilitan estos datos y nos trasladan que «para la Autoridad gubernativa [Delegación de Gobierno de Andalucía], la tenencia por uso terapéutico no reúne el tipo para que exista sanción o represión, y debe ser igual en todas las áreas territoriales». El recurso debería ser una vía válida para que las personas usuarias medicinales en Andalucía eviten las sanciones de ahora en adelante.
La asociación Ifrén nació en 2012 en Sanlúcar de Barrameda. Con dos sedes en la actualidad, forma parte de la red Smoking Maps, que se define a sí misma como «un mapa de servicios terapéuticos en asociaciones privadas de consumidores; tanto para pacientes que no han probado previamente el cannabis, como para miembros de asociaciones preocupados por la calidad y cantidad de su consumo».
Unidas Podemos anunció este lunes en un evento por la regulación en el Congreso con la sociedad civil y ponencias internacionales por la regulación que ha aceptado la propuesta del PSOE de pasar las sanciones por tenencia de graves (600-10.400€) a leves (no se sabe qué rango entre 100-600€) sin el matiz que aspiraba a introducir en solitario previamente, cuando tuvimos acceso al acuerdo de enmiendas a la Ley Mordaza, aún pendiente de votación en el Congreso.
Una concesión, pues se pedía excluir el cannabis de la sanción, que justo antes reivindicaban que no ocurriese desde el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, un think tank cannábico de origen español y ámbito internacional, presidido por la investigadora responsable de los únicos datos de pacientes del Estado, junto a los de la Confederación de Asociaciones Cannábicas española.
