Benito Díaz
El pasado día 10 de febrero tuvo lugar una reunión entre distintas representantes de grupos cannábicos en torno a un análisis sobre los cambios efectuados en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. En concreto, se analizaron las medidas relacionadas con el ámbito cannábico, tales como sanciones, identificaciones y otras intervenciones policiales y jurídicas.
La mesa fue organizada por la Confederación de Federaciones Cannábicas (ConFAC) y moderada por Sara Casado, socia de la Asociación Madrileña de Estudios Cannábicos (AMEC). A ella se sentaron Fran Azorín del estudio jurídico BROTSANBERT, como representante del Observatorio de Estudios del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC); Sara Pérez, por parte de la plataforma No Somos Delito (NSD); Beatriz Macho, de Cannabis en Lucha (CE) y Ana Afuera, portavoz de la propia ConFAC.
Tras recorrer el intrincado laberinto que constituye el barrio de Lavapiés, encontramos el lugar de la conferencia, el Teatro del Barrio, en la calle Zurita número 20. Un lugar que cedió sus instalaciones para dar voz pública a estos colectivos, preocupados por las reformas propuestas por el gobierno en cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Una ley de la que el PSOE hizo bandera, al asegurar en campaña que sería la primera medida que derogarían, por su alto contenido represivo, tanto en el ámbito cannábico, pues endureció las penas con severidad, como en cualquier entorno de protesta social, trayendo las conocidas medidas que impiden tomar imágenes de las fuerzas de seguridad, que estableció la presunción de veracidad para las autoridades frente a las declaraciones ciudadanas, etcétera.
No Somos Delito
Sara Pérez explicó que en este momento contamos con una ley a la que se han presentado enmiendas, pero en ningún caso aparece una voluntad de derogación. Pérez señaló que estas enmiendas se están presentando a puerta cerrada, lejos de la Sociedad Civil. “Sobre estos acuerdos se presentan enmiendas, pero solo observando lo que ya está pactado, sin aportar ningún punto nuevo”, aclaró Pérez. “Lo que podemos anticipar es que, en las enmiendas de PSOE y Podemos, la base de la negociación y lo que es más seguro que salga, el consumo seguirá figurando como una infracción grave”, lo cual implica una sanción económica de 601 hasta 10.000 euros. Pérez continuó diciendo que, al parecer, van a separar tenencia y consumo, estableciendo la tenencia como una infracción leve, penada con hasta 600 euros de multa.
La ponente continuó con los criterios, imprecisos según lo escrito, sobre controles de carretera, registros y cacheos, que no se modificarán en la práctica, dejando las enmiendas solo como mero recurso estético. Quizá el único cambio sustancial en estas reformas, sea la recuperación del intercambio de sanción económica por tratamientos de desintoxicación en el caso de una sanción leve.
OECCC
Fran Azorín, comenzó su disertación con un repaso histórico de las leyes previas a la Mordaza, con recuerdo especial para la Ley Corcuera, también conocida como “Ley de la Patada en la Puerta”, abalada por un gobierno que se encontraba sumido en una crisis social y económica, asolada por la epidemia de SIDA y el consumo disparado de Heroína. “En 2019 tenemos 381.000 denuncias que acaban en 177.000 sanciones por consumo o tenencia”, denunció Azorín, para referirse a la arbitrariedad con la que se producen los cacheos, por cuestiones referentes a los rasgos raciales, orientación sexual o al aspecto físico y la indumentaria, como prendas relacionadas con alguna tribu urbana. El abogado trajo el ejemplo de los casos de recursos de multas en su ciudad, Yecla. “La policía de mi localidad empezó a aplicar el artículo 33 de la ley, que contempla como reincidencia la segunda vez que se haya a una persona en posesión de cannabis, ascendiendo al grado de infracción grave, e imponiendo una sanción de 10.401 euros”, un caso que ha sido analizado en estas mismas páginas y por el cual algunas personas han visto embargados sus bienes al no poder afrontar los pagos.
Para Azorín, los tribunales no han tenido ninguna muestra de comprensión, ni la jurisprudencia ha avanzado en ningún momento, si quiera a la vista de la ola de legalización que avanza por todo el mundo, incluso en la propia UE.
Cannabis en lucha
Beatriz Macho, abogada por los derechos del cannabis, expuso que, desde el momento en el que entró a formar parte de la lucha por la libertad de la planta, se asombró del grado de represión y de persecución que se lleva a cabo por parte de las autoridades del gobierno, contra las personas usuarias. “Analizando un poco las cifras del Ministerio, me salían como unas 1000 multas diarias, lo que significa que hay al menos 4000 policías dedicados en exclusiva a sancionar por cuestiones de consumo y tenencia. 1200 personas detenidas por estas causas, que acaban en su mayoría archivadas o absueltas. No se comprende esta represión desmedida”, aclaró Macho.
“La represión no ha hecho más que crecer. Por eso, creamos esta plataforma, que conduce toda la frustración fruto de estas circunstancias y responder a esa violencia que se ejerce por parte del estado”, declaró la letrada que conversó al respecto de las peticiones que se elevan por parte de las personas consumidoras de Cannabis. “Pedimos que se respeten nuestros derechos humanos al consumir”, dijo Macho, evidenciando la preocupación de las asociaciones cannábicas en lo referente a la salud pública, sus actividades informativas y de seguridad para sus miembros. “Hay jueces que prefieren que vayamos al parque a comprar nuestro cannabis, algo que deberíamos empezar a denunciar, porque eso sí que constituye un delito contra la Salud Pública”.
Macho aseguró fuera de micrófono sentirse traicionada por los acuerdos alcanzados con Podemos y su portavoz, la diputada Lucía Dalda, pues la agrupación ha dado pasos para presentar proyectos de regulación del acceso al Cannabis que han sido llevados de espaldas a la sociedad civil. En la reunión, manifestó su descontento con los sistemas que permiten acuerdos al gusto de organizaciones multinacionales que buscan el comercio y una regulación basada en impuestos y empresas privadas.
ConFAC
Ana Afuera inició su disertación, hablando sobre los derechos vulnerados por una ley como la de Seguridad Ciudadana. “Por ejemplo, el derecho a la intimidad, porque nadie debería poder venir a registrarte por el mero hecho de caminar por la calle. También podríamos hablar del Libre Desarrollo de la Personalidad, a la libertad de información, pues si es que corres con el riesgo de que te van a multar, lo que haces es esconderte, ocultar tu consumo, sin ir a lugares donde te puedan asesorar para llevar un consumo menos dañino para tu salud. Tampoco compartirás tu experiencia con grupos de pares que podrían ayudar también a tener un consumo menos problemático”, enumeró Afuera.
“Una persona con un nivel adquisitivo alto no tiene ningún problema en pagar una multa. Al final, las personas con un menor poder adquisitivo son las más perjudicadas. Son las que no tienen dinero a las que embargan sus bienes, sus casas… Esto, sumado a la arbitrariedad, centrada en personas racializadas, que llevan una cierta indumentaria, activistas, que solo por serlo ya te persiguen, junto a la desaparición del pronto pago en el recurso, la cuantía injusta de las sanciones, sin criterios claros y la presunción de veracidad de las autoridades… ¿qué justicia social es esa?”, se preguntó la portavoz de ConFAC.
Afuera continuó examinando el tema del autocultivo y de la falta de fundamento jurídico para su persecución, en un sistema carente de garantías.
En la ronda de preguntas, las ponentes fueron cuestionadas al respecto de la fuerza que puede hacer el movimiento cannábico para presionar a la clase política y, de esta forma, alcanzar una regulación que permita la libertad del Cannabis.
“Para el tema de la ley mordaza, creemos que cualquier pequeño paso, es un gran paso. Por ejemplo, pasar de 600 euros a 100, es algo que repercute en las personas que no tienen. Creemos que van a haber avances en cierto modo significativos, pero que no buscan el fin último que debería tener cualquier ley, que es proteger a la gente. Esta ley no busca proteger a la gente, busca proteger al poder y los movimientos sociales contra eso, poco podemos hacer, más que quejarnos, incidir y dar nuestra opinión para proteger a las personas”, manifestó Ana Afuera que confesó que no creía que fuera a haber una ley sobre el Cannabis esta legislatura. “Lo que queremos las que estamos aquí, es una ley para proteger los derechos y la salud de la gente, un punto de discrepancia con el lobby cannábico, que es legítimo, pero no persiguen los mismos objetivos que nosotros”.
“No hay que subestimar a otros intereses muy poderosos”, dijo Beatriz Macho en referencia al multimillonario mercado del cannabis legal. “La clave la podemos tener en el número de gente que apoya la libertad de la planta, nuestros derechos de acceder al Cannabis de forma segura. Imagínate si todos los que tenemos multas, aceptásemos el pronto pago, pero fuéramos a un juez. Son mil multas diarias, saturaríamos el sistema, solo con un pequeño porcentaje. Desde la plataforma estamos diseñando acciones individuales y colectivas. Necesitamos que hasta el último usuario nos apoye en la lucha para ejercer nuestros derechos”, culminó Beatriz Macho.
La charla concluyó con el recordatorio a la movilización que se realizará el próximo 13 de febrero y que tendrá lugar en distintas ciudades de todo el país. También se puede participar a través de la difusión y redes, mediante las etiquetas #desamordazate o #acabemosconlaleymordaza.