Arnau Alcaide
Es la segunda vez que lees este inicio, sí. Cita textual del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, 2019: «Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ‘Ley mordaza’ para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal».
Ayer, dos años y poco después, toda España se manifestó contra las pequeñas reformas de la Ley Mordaza, tachadas de «maquillaje» por los colectivos de activistas de toda índole, que cuentan con la reivindicación cannábica agrupados entorno a la plataforma No Somos Delito, de la que también forman parte la Confederación de Asociaciones Cannábicas y sus federaciones autonómicas, entre otras asociaciones o grupos del ámbito cannábico.
No hubo representación política, eso sí, en el País Valenciano, como sí la tuvo la policía en noviembre en Madrid, por parte de PP y VOX, al protestar para no tener que dar explicaciones de sus actuaciones, ni dejarse grabar. Es decir, para no tener que rendir cuentas si hacen algo mal y salir perjudicados; o lo que es lo mismo, para ser impunes.
València
La manifestación ocurría a las 12h del domingo, la misma hora en todo el estado, frente a las Torres de Serranos, la puerta de entrada norte de la antigua fortificación medieval. Stop Desahucios era el primer colectivo en llegar y pronto se unirían Amnistía Internacional, que propició un grafiti reivindicativo en directo sobre un mural que traían y los iaioflautas, activistas ancianos para quien no les conozca. De hecho, los protagonistas de la jornada fueron dos personas ancianas condenadas por agresiones a policías, con su palabra como prueba, al intentar parar desahucios con la plataforma. Amparo Molina, de Burjassot, y Joan Cogollos, de Gandia.
FacLevante, la Federación de asociaciones cannábicas del Levante, también tuvo representación entre el público asistente. «Desde FacLevante estamos muy satisfechos con el esfuerzo realizado por la Confac para visibilizar nuestras sensibilidades y preocupaciones frente a una modificación de la ley mordaza que creemos insuficiente», dice Carlos Beltrán en calidad de portavoz allí presente.
Saray Fernández, de FacSureste, que se manifestó en València y ha sido quien ha gestionado las tareas de la Confac y de FacLevante para esta movilización coordinada desde No Somos Delito, va incluso un paso más allá en la valoración positiva: «Estamos orgullosos del trabajo con No Somos delito, porque hemos hecho una gran labor exponiendo las vulneraciones a las que nos somete la ley mordaza y que las políticas de drogas son de las más vulneradoras de derechos sociales. Estamos encantados de que por fin los colectivos hayan reconocido que esta es una guerra contra los Derechos Humanos; muy satisfechos de que Amnistía Internacional u otras plataformas reconozcan que, al final, son muchos derechos los que se vulneran en esta persecución».
El manifiesto en València
«[….] Una ley para desmovilizar organizaciones, activistas, periodistas y a la ciudadanía que se implica en la defensa de los Derechos Humanos. En breves se reformará la Ley Mordaza, pero tal y como se ha planteado seguirá recibiendo el calificativo de Mordaza. El acuerdo de gobierno por la reforma de la ley llega con muchos años de retraso y, lo que es peor, su aprobación no elimina los aspectos más lesivos con los Derechos Humanos. De esta forma la ley de seguridad ciudadana sigue siendo una mordaza para la protesta pacífica, es decir, la reforma constituye un maquillaje de la ley mordaza. Desde la aprobación en 2015 hasta 2019 se impusieron 140.000 sanciones en base a solo tres tipos: resistencia, desobediencia y negativa a identificarse […] y se han utlizado para agredir los derechos de reunión y expresión. […] Tampoco se plantea la eliminación de la sanción de la toma de imágenes por periodistas […], mecanismos de rendición de cuentas […], dejar de usar pelotas de goma […], eliminar las devoluciones en caliente […]», leyó la portavoz.
«La reforma de la ley de seguridad ciudadana debe garantizar los derechos de expresión y reunión. Exigimos a los partidos políticos que cumplan con los tratados internacionales de Derechos Humanos. La nueva ley debe eliminar todos los artículos que puedan limitar estos derechos y los de información. Así como incorporar mecanismos independientes de control de la policía y evitar la cobertura legal de las expulsiones sumarias de España a Marruecos«, relató para pasar a enumerar a los 36 colectivos firmantes. No se mencionó el volumen de multas por tenencia y consumo, son 140.000 también, pero anuales, 700.000 las impuestas en el período 2015-2019.
En Castelló
El activista, paciente y presidente de Terapéuticas Hierbas Castelló, Javier Miravete, ganador de un juicio por autocultivo y divulgador del cannabis medicinal, nos facilitó las fotografías de Castelló, donde el sindicato anarquista CGT se unió a los colectivos en la movilización y encabezó la convocatoria, que partía de la Plaça de Maria Agustina a la misma hora.
