Arnau Alcaide
La Universidad de Zaragoza ofrecerá un curso de política de drogas de 15 horas durante el 4 y el 5 de julio que contará con «figuras de la talla» de Oriol Romaní, Constanza Sánchez, Xabier Arana, Maricruz García, Alberto Gallo… y también con una mesa redonda moderada por la jefa del departamento de adicciones del gobierno de Aragón, Carmen Baranguán, junto a los servicios de análisis Ai Laket, Hegoak, Solin Drugs y Consumo ConCiencia. Así lo explica el coordinador del curso, Javier Sánchez en la presentación oficial. La inscripción, de 120€, se cerrará a principios de junio.
«En la Universidad de Zaragoza, como es habitual en general, no se aborda el tema sino desde una mirada que reproduce el prohibicionismo. Este curso es el primero que se hace en esta Universidad, aunque no en otras ciudades», y combina modalidad presencial y online, pone en valor Sánchez, que ha dado a conocer la formación en Cannabis.es, además de comentar el estado de la política de drogas en materia de educación, tanto a nivel nacional como internacional.
Programa
Lunes 4 de julio
9:30h Políticas de drogas, prevención y reducción de daños/riesgos: técnica, política, cultura. Ponente: Oriol Romaní, Profesor emérito de la URV y miembro del Medical Anthropology Research Center
12h Reducción de riesgos: reflexiones sobre educación, comunicación y exclusión social. Ponente: Javier Sánchez Arroyo Dr. en Historia Contemporánea por la UZ. Fundador y coordinador del Centro de Reducción de Riesgos en el Consumo de Drogas Consumo ConCiencia.
16h Experiencias prácticas: la reducción de riesgos y la prevención a debate
Mesa redonda con: Leire Blasquiz (Grado de Educación Social y Postgrado de Sexología y Coordinadora Técnica de la Asociación Hegoak Elkartea), Aitzol Hernández (Grado en Ciencias Medioambientales y Coordinador del Proyecto de Voluntariado de la Asociación Ai Laket! Euskadi), Sergio Armenta (Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo Solindrugs) y Óscar Castejón (Doctorando en Química Analítica en la UZ y miembro de Consumo ConCiencia)
Presenta y modera: Carmen Baranguán, Jefa del Depto. de Adicciones de la Dirección General de Salud Pública de la DGA. Se acompañará el debate teórico con el montaje de una mesa-estand de reducción de riesgos y de daños para mostrar los materiales presentes en una jornada de intervención en espacios de ocio.
Martes 5 de julio
9:30h De estos géneros aquellas drogas. Moldeaciones políticas del consumo de sustancias. Ponente: Mª Cruz García, Investigadora de la Cooperativa de Investigación Social Indaga
12h Encontronazos entre legislaciones y prácticas de reducción de daños en materia de drogas. Ponente: Xabier Arana, Profesor del área de Derecho Penal en el Grado de Criminología de la UPV/EHU y miembro del Instituto Vasco de Criminología (IVAC/KREI)
16:30h Políticas y prácticas sobre regulación de cannabis en España. Una mirada de lo internacional a lo local. Ponente: Constanza Sánchez, Directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Fundación ICEERS
19h El papel de los medios de comunicación en el asunto de las drogas. Ponente: Alberto Gayo, Licenciado en Periodismo por la UCM. Ex-redactor en Diario16, en Antena 3 TV y colaborador de El País Semanal
El curso está dirigido tanto al personal docente como al alumnado de las Áreas Biomédicas, de Psicología, de Trabajo Social, de Educación, de Derecho, de Ciencias Químicas, y también de Ciencias de la Información. Además de a profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el consumo de drogas, las adicciones y, en general, la intervención socioeducativa y sociosanitaria, y a cualquier persona interesada en el tema. Se admiten personas con cualquier grado de formación. El curso se podrá realizar en modalidad presencial o en streaming.
Entrevista a Javier Sánchez sobre el curso y su contexto político
¿Cómo ha surgido este curso con actores especializados al amparo de la universidad y la administración?
Surgió, en realidad, como el resto de cosas que hacemos: porque creemos mucho en la importancia de este trabajo y, a pesar de las condiciones que establece la Universidad, decidimos organizarlo. Confieso que con muchas dudas al principio, de si merecería la pena el esfuerzo gratuito, pero contactamos con Oriol Romaní en primer lugar con la idea de “si él nos dice que sí, nos liamos la manta a la cabeza y vamos para adelante” Y así fue. Tras él, conseguimos el “sí” de 10 ponentes de 14 intentos, un porcentaje muy alto, y el programa salió rodado y con muy buen nivel. Luego llegó la burocracia, los formularios infinitos, las disputas con el Gobierno de Aragón para que aportase el dinero que lo hiciera viable, etc.
Como quizá sepáis, la Universidad de Zaragoza destina cero euros de presupuesto a los Cursos Extraordinarios de Verano, por lo que todos tienen que ser autosustentables. Eso significa que además de unos pagos ínfimos por organizarlo e incluso por las ponencias, hay que hacer aportes externos (con lo que tenemos que poner como Asociación, nos sale a pagar por trabajar) y que si no hay un mínimo de 15 personas apuntadas, a pesar de todo el trabajo desde septiembre de 2021, el curso se cancelará, así que se agradece toda la difusión posible. Además, no controlamos el número de créditos que se dan ni los precios de matrícula (120 euros la ordinaria; 100 la reducida para estudiantes y personas en paro); eso lo establece la Universidad. Si tuviéramos más dinero de la DGA se podrían ofrecer más becas de matrícula al alumnado, pero la cantidad es la que hay (y posibilitaría 3-4 becas aprox.), y con eso tenemos que jugar.
¿Existen otras experiencias educativas de política de drogas en Aragón o es la primera?
Experiencias educativas hay muchas… Los talleres que llevamos a cabo para AMPAS de instituto y, sobre todo, los cursos para profesionales de la educación y de la intervención social ofrecen una mirada amplia que incluye la reflexión sobre el marco histórico, económico-político y legal en el que nos movemos, para poder entender mínimamente el tema. En la Universidad de Zaragoza, como es habitual en general, no se aborda el tema sino desde una mirada que reproduce el prohibicionismo. Tal como decía (ya hace tres décadas) el Grupo IGIA, del que el propio Oriol forma parte, “las campañas preventivas son la expresión hecha discurso de los criterios políticos penalizadores con los que se está afrontando el tema”.1 Y la UZ por el momento no ofrece alternativa al respecto ni se trabajan en ella los enfoques de la reducción de riesgos. Como Curso de Verano sobre el tema, es el primero que se hace en esta Universidad, aunque ya se habían hecho antes en otras ciudades.
¿Por qué y para quién recomendarías el curso?
El curso está dirigido tanto al personal docente como al alumnado de las Áreas Biomédicas, de Psicología, de Trabajo Social, de Educación, de Derecho, de Ciencias Químicas, y también de Ciencias de la Información. También a profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el consumo de drogas, las adicciones y, en general, la intervención socioeducativa y sociosanitaria, y a cualquier persona interesada en el tema. La actividad, de 15 horas lectivas desarrolladas de modo intensivo en dos jornadas, cuenta con primeras figuras a nivel estatal (podéis ver el programa abajo y en la página dela UZ) y promete un espacio de reflexión que creemos necesario para quienes trabajan en estos ámbitos.
Viendo el programa, son muy atractivos los temas de las mesas y plantea la duda de durante cuántas horas se podría profundizar en ellos. ¿Es una experiencia piloto de lo que podría ser un curso más largo?
Como dices, cada tema daría para un semestre, no para una charla y debate de dos horas. En principio no; es sólo un curso de iniciación en sí mismo, sin posibilidad por el momento de generar asignaturas en alguna diplomatura o un máster especializado (como existen en otras regiones, aunque bien es cierto que muy dispares en su calidad y enfoques). Sin embargo, nosotros seguimos haciendo los cursos de iniciación al tema que te mencionaba, de unas 12-15 h, para educadoras y/o trabajadores de lo social en general, pero específicos y adaptados para cada intervención. Este diciembre pasado, pudimos impartir un módulo de 18h en un máster de especialización en drogas de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en Montevideo (Uruguay), donde hacíamos una introducción a los enfoques de reducción de riesgos y de daños.
¿Cómo valoras el panorama educativo en política de drogas, tanto en el Estado como en Aragón?
Como comentaba antes, es bastante pobre y casi siempre sesgado desde la mirada prohibicionista. En las escuelas o en las actividades “preventivas” dirigidas a jóvenes (y salvo honrosas excepciones), en educación sobre drogas, seguimos en lo que sería el equivalente al “virgen al matrimonio y los hijos que te dé Dios” en la educación sexual. En algunos aspectos, parece incluso que fuéramos para atrás, al menos en cuanto al apoyo económico público y también (quizá sobre todo) en cuanto a la disposición de las instituciones para avanzar en la mirada sobre el tema resistiendo incluso a ataques sensacionalistas y demagógicos. El hecho de que, salvo para la regulación del cannabis en los últimos años, el debate sobre drogas no esté presente desde hace al menos dos décadas en el movimiento social y político, explica una parte del problema.
Y a nivel europeo, ¿qué te parecen las guías con las que la Agencia Europea de Drogas orienta a los países al respecto de la reducción de riesgos y daños, tanto en la filosofía preventiva de la información como en la intervención en materia de análisis de drogas?
Ya sabes que a nivel de instituciones supranacionales sólo se reconoce el término “harm reduction”, y la reducción de riesgos específicamente (la diferencia respecto a la de “daños” es algo compleja de explicar en pocas líneas, quizá la apuntamos mínimamente al final, para no alargarnos ahora) no recibe el apoyo decidido, aunque se tolera. A nivel de declaraciones públicas, quizá por esa misma cobardía ante ataques demagógicos que comentábamos o por puro conservadurismo, no se pierde ocasión para tratar de desprestigiarla, sobre todo en base a la manida “falta de evidencia científica”. Al respecto, porque el tema nos tiene muy cansados, permítenos que hagamos algunas aclaraciones.
En primer lugar, anotar que lo de “políticas preventivas basadas en la evidencia” se ha convertido en una especie de mantra, de arma arrojadiza por parte de ciertas entidades e instituciones basadas en la doctrina prohibicionista para atacar a las que ponemos en cuestión este lamentable marco político. En realidad, manejan a su antojo datos estadísticos sobre la supuesta eficacia de esas intervenciones “preventivas” (que no cumplen sino los parámetros ya denunciados por IGIA) y dado que poseen muchos más medios para elaborar informes con estándares de calidad, según se entiende esto en el mundo empresarial, que refrendan lo que pretenden demostrar.
Hemos escuchado muchas veces por parte de organizaciones tenidas como referentes públicos y con mucho dinero detrás, literalmente, que “para educar sobre drogas, hace falta saber mucho sobre educación y poco sobre drogas”. Esto implica una mirada tan estrecha como acomodaticia a los parámetros dominantes, y absolutamente errada, claro. “Saber sobre drogas” implica conocer también la historia de sus usos y de su prohibición, y los múltiples intereses subyacentes a ella, y que nada tienen que ver con las declaraciones piadosas de la supuesta “protección de la salud pública” sino con otras cuestiones económico-políticas. Implica conocer también, por tanto, cómo se han conformado las prácticas “preventivas” y, por supuesto, y además de otras muchísimas otras cosas que sería largo enumerar, saber sobre sustancias, sí, pero sin el sesgo habitual y nada científico, con el que se abordan las legales (incluidas las drogas de farmacia) respecto a las ilegalizadas. Evidentemente hay que saber mucho de educación, pero también mucho sobre drogas, en ese sentido amplio. Leer los materiales manejados por algunas de estas “acreditadas” organizaciones (muy grandes y famosas algunas de ellas), con métodos “basados en la evidencia”, da auténtica vergüenza ajena. En realidad, y siendo precisos, apenas se hace educación sobre drogas, como antes decíamos, sino materiales y sesiones de desinformación, apología de la ignorancia y lecciones de mitología contra algunas drogas. En el buen entendido, insistimos: nunca el enemigo son las drogas y hay que comprender los factores e intereses sociopolíticos que subyacen a la conformación y el mantenimiento de legislaciones tan lesivas para las personas.
Contesta a la guía de la Agencia Europea
Pero además (y por no alargarnos en demasía, porque el tema daría para muchísimo) hay una serie de críticas concretas del OEDT que nos gustaría enumerar y contrargumentar una por una. La primera es que esta institución asegura que “no hay datos fehacientes de que la reducción de riesgos haga disminuir el consumo”. La respuesta obvia a esto es que las organizaciones de R. de RR. no pretendemos reducir el consumo per sé sino el consumo problemático, así que pedir la reducción del consumo es solicitar algo que no se pretende. Aún así, sí colaboramos a que se reduzca de facto, al recomendar (con muy buena acogida entre personas usuarias, en este caso) que se ajusten mejor las dosis y que se espacien en el tiempo (solemos repetir aquello, por ejemplo, de que “menos es más”), que no se hagan mezclas peligrosas, etc. Lo que es seguro es que las personas que acuden a nosotros, además de saber más sobre consumo responsable, tienen muchísimas menos probabilidades de acabar esa noche en urgencias con una sobredosis o con una intoxicación por una adulteración peligrosa.
La segunda “crítica” es que “no se establecen procedimientos de evaluación”. Esto no sólo es falso, sino que la evaluación ocupa buena parte de nuestro trabajo. Obviamente elaboramos registros de actividad, evaluaciones de procedimientos, tanto internas como también en base a las respuestas de personas usuarias del servicio a nuestras encuestas y a los cuestionarios de satisfacción en las actividades formativas, etc. Pero además, particularmente las organizaciones que tienen los medios suficientes para hacer análisis de precisión en laboratorios, elaboran informes muy detallados y con universos estadísticos muy amplios que no sólo constituyen una herramienta preventiva de consumos problemáticos de primer orden, sino que reportan datos muy valiosos para las Administraciones, ya que éstas no suelen tener la capacidad de llegar a las personas usuarias. Así, además de datos sobre presencia de sustancias en la calle, sobre adulteración y otros, se colabora a la detección de nuevas NPS (valga la redundancia) y también se pueden lanzar alertas preventivas.
La tercera acusación, de algún modo redundante, es que “la evaluación no es cuantitativa en términos de reducción de urgencias o problemas de salud”, y es también falsa. En los festivales donde se realizan intervenciones se constatan menos incidentes que en ocasiones previas cuando éstas no existían. Las Administraciones que nos apoyan económicamente (aunque casi es un exceso decirlo así…) no lo hacen por nuestra cara bonita, sino bien conscientes de que colaboramos en la reducción de urgencias hospitalarias y de otros conflictos y, por tanto, ahorramos dinero público. Esto a nivel institucional lo entiende todo el mundo muy rápido, y por eso se da dicho apoyo, aunque cuando la cosa pinta fea a nivel mediático a veces digan “que no nos conocen”…
En todo caso, es cuasi imposible una evaluación cuantitativa de comparación entre lo que hubiera sucedido y lo que no, por la existencias de muchísimas variables incontrolables (mayor o menos afluencia, diferentes personas, si hubo o no atenciones en servicios hospitalarios de urgencia o por el contrario más leves y en espacios privados…) por lo que el argumento es esencialmente tramposo y tiene intenciones torticeras, lo que nos lleva al cuarto y quizá central, el de que “Faltan estudios de largo plazo que demuestren su idoneidad”. Lo cierto es que las prácticas específicas de reducción de riesgos cumplen ya 30 años de existencia (25 en el Estado español), y el seguimiento y la respuesta de las personas usuarias del servicio es infinitamente superior a los dispositivos preventivos “clásicos” (prohibicionistas). No es que lo consideremos un indicativo “absoluto” ni mucho menos, ni que seamos particularmente entusiastas de las llamadas “redes sociales”, pero si quieren valoraciones e incluso números, que echen un vistazo al seguimiento de páginas de organizaciones de reducción de riesgos, sobre todo por parte de gente joven, y las comparen con las de las entidades “preventivas clásicas”.
Pero en este punto, y ante todo, es necesario no caer en la trampa argumental: son defensores de la políticas prohibicionistas quienes no demuestran ni una sola vez que ésta reduzca problemas sociales, respete derechos y mejore la salud pública. No dan pruebas de esto, porque evidentemente no existen, claro. Intentar meternos en el cepo de la “falta de la evidencia” no es más que una trampa, insistimos, por parte de quienes defienden políticas que (ni en sus orígenes ni ahora, por supuesto) jamás estuvieron basadas en evidencia alguna, ni respondieron o responden a parámetros científicos (de hecho, el informe de 2019 de la CGPD se llama así, “Cuando se dejó atrás la ciencia”, y podríamos poner además decenas de ejemplos de sesgos en la investigación y en las ayudas a ella, incluso explícitos en los pliegos) Toda la evidencia está de nuestro lado; la histórica y la farmacológica, y no tenemos problema en dar cuantos argumentos sean necesarios, pero es cada vez más necesario y urgente denunciar la falta de objetividad, cuando no de ética, de quienes permanentemente se aferran a posiciones indefendibles, por la vía del ataque a quienes les dejan en evidencia con un trabajo, no sólo más eficaz, no sólo con una relación coste beneficio infinitamente superior, sino además basado en presupuestos éticos y científicos sólidos. Y es que, como solemos repetir, es necesario acabar con la doctrina prohibicionista y, por tanto, con el abordaje por la vía penal del consumo de algunas drogas, y tratar el tema desde mecanismos que realmente defiendan la Salud Pública, porque sólo desde un marco de abordaje desde la Salud Pública y, por tanto, desde la ciencia, podremos hacer algo que sea digno de ser llamado “prevención”.
Matiza sobre las diferencias entre reducción de riesgos y reducción de daños
Y una pequeña anotación sobre la diferencia entre reducción de riesgos y de daños. La reducción de riesgos aparece para abordar un consumo no necesariamente problemático en sí. Su nacimiento se suele establecer en los Países Bajos en torno a 1992 (el Estado español cuenta ya con experiencia de 25 años, desde 1997) La R. de RR. Obviamente tiene un claro precedente en la reducción de daños, pero respecto a la que, tanto en paradigma como en perspectiva histórica, tiene algunas diferencias, puesto que ésta, la de daños (que data de los años 70, poco después de la globalización del prohibicionismo), había aparecido como necesaria respuesta a consumos que sí eran problemáticos, fundamentalmente asociados a la heroína en el caso español y europeo; a la pasta base si nos atenemos al Cono Sur.
Aunque la línea divisoria entre ambas perspectivas parece a veces difusa (hablando de las acciones concretas y no como estrategia integral) y que de hecho a nivel de instancias supranacionales sólo se reconoce el término reducción de daños (en inglés se usa para todo “harm reduction”) en términos paradigmáticos y de surgimiento histórico difieren.
El paso que viene a dar la RdR es el de trabajar con una mirada más preventiva que asistencial, esto es: para anticiparse y tratar de evitar los consumos problemáticos sin tener necesariamente como objetivo el “consumo cero”, sino para procurar que éste sea lo más consciente, informado y seguro posible. Dicho de otra forma: se busca hacer una prevención de los posibles problemas asociados al consumo y no del consumo mismo.
Reconocimiento de créditos:
Solicitado el reconocimiento como créditos por las Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza: 0,5 ECTS
1. Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso.
2. Reconocimiento como créditos ECTS en el Grupo 9 de Universidades (G-9): Más información en https://cursosextraordinarios. (Apartado créditos).
3. Créditos ECTS en otras universidades. Los estudiantes interesados en que su Universidad les reconozca como créditos ECTS por haber realizado un Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, deben consultar con la Secretaría de su Facultad o Escuela de origen tal posibilidad.
Procedimiento de evaluación: Asistencia y participación activa en las sesiones e informe final acerca de las ponencias del curso.
1 González Zorrilla, C. et. al., Repensar las drogas, Grupo IGIA, Barcelona, 1989.