Benito Díaz
El plazo para presentar las conclusiones finales de las deliberaciones extraídas de las ponencias de la mesa de la Subcomisión del gobierno para estudiar la viabilidad de una regulación para el cannabis de uso terapéutico se agota. Varios grupos políticos han dado a conocer ya sus propuestas, enmiendas e informes al respecto de la vía medicinal para el cannabis.
Esta redacción ha tenido acceso a varios de estos documentos, que apuntan en una dirección concreta, siendo reivindicados muchos aspectos que el borrador había dejado fuera o había sobrevolado sin detalle.
Examinaremos tanto el documento original, redactado por el grupo mayoritario PSOE, así como las enmiendas del PNV, dando un vistazo al informe de Unidas Podemos en el que valoran las actuaciones en la subcomisión.
Borrador Propuestas PSOE
El primer documento, de cuatro páginas, titulado “Propuesta de Conclusiones y Recomendaciones”, revela una serie de epígrafes numerados. Los papeles, atribuidos al grupo PSOE, agrupan en sus conclusiones cuestiones como la situación del Cannabis en las listas de la ONU, su salida, el apoyo y ratificación del estado en sus compromisos con los acuerdos internacionales, el reconocimiento de los usos terapéuticos de la planta y las limitaciones que se impondrían, dejando esta sustancia solo para el uso médico. Constata como “limitada” la evidencia científica en torno a la efectividad de la Marihuana en los tratamientos de ciertas enfermedades y su aplicación, restringida solo a algunas patologías. Alaba el papel de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), situándola como “pilar en la regulación de medicamentos y pieza clave en la regulación de preparados derivados del cannabis, consolidando su liderazgo, y en su caso, mejorando sus capacidades de coordinación, gestión y planificación”.
El documento admite los estudios científicos y ensayos clínicos que se están llevando a cabo en nuestro país, deseando más investigación al respecto. También señala disponibilidad de dos medicamentos del Cannabis, asegurando que se trata de fármacos financiados por la Sanidad Pública. “El sistema regulatorio vigente permite valorar y aprobar nuevas propuestas de medicamentos a través de los procedimientos establecidos, que son los que más garantías ofrecen a los pacientes”, afirma el texto.
Entre las recomendaciones ofrecidas, cabe destacar el primer punto, titulado “garantizar medicamentos derivados del Cannabis para su uso terapéutico”. Exponiendo a la AEMPS como máximo órgano responsable, la necesidad de preparados estandarizados con composición definida y abre la puerta a facilitar las fórmulas magistrales en Farmacias.
En el segundo epígrafe, vuelve a incidir sobre el peso que descansaría de forma única sobre la AEMPS, un organismo que ha sido denunciado en varias ocasiones por su opacidad. Otro punto, expone la exclusividad para la recomendación de terapias cannábicas por profesionales sanitarios, además, el texto recoge la inquietud, según la cual debería vigilarse la relación entre el consumo de Cannabis de Uso terapéutico con los datos generales de consumo de la población.
Enmiendas EAJ PNV
El grupo representado por Josune Gorospe, asegura en una nota de prensa que sus portavoces desean “ampliar el acceso, la prescripción y la distribución de estos preparados de Cannabis y establecer un calendario temporal determinado para desarrollar la normativa correspondiente”. Reconocen como positivo el borrador de propuesta de PSOE, calificándolo como “paso de gigante”, apuntando sin embargo varias enmiendas.
Los preparados de cannabis medicinal deberían prescribirse también por profesionales de atención primaria de ambulatorios y centros de salud; “que se puedan ampliar sus indicaciones a otros perceptores, teniendo como referencia las recogidas en las listas aprobadas en otros países de la Unión Europea, tales como las dolencias crónicas por dolor neuropático y oncológico; y que se pueda acceder a ellas a través del mercado farmacéutico comunitario, y no solo el hospitalario, como recoge el documento inicial”, explican desde PNV. Consideran necesario establecer un plazo de seis meses desde la aprobación del informe en el Congreso para la elaboración de una normativa que permita la disponibilidad de productos del cannabis en el mercado farmacéutico, insistiendo en que la participación de órganos colegiados, profesionales, sociedades científicas y de pacientes, es imprescindible en todo el proceso.
Informe Unidas Podemos
El dossier de parte del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, reúne sus impresiones a la conclusión de las ponencias en la subcomisión en 20 páginas. Firmado por Lucía Muñoz Dalda y Javier Sánchez Serna, comienza con el análisis de la jurisprudencia en Europa, en el marco internacional y hace una comparación con otros lugares donde el Cannabis Terapéutico está regulado, tal como Grecia, Finlandia, Francia y Portugal.
Bajo el prisma de las conclusiones de la subcomisión, coinciden con los anteriores grupos en el reconocimiento de las evidencias científicas en torno a la aplicación del Cannabis en patologías diversas, advirtiendo también de los riesgos para la salud y el peligro del consumo de Cannabis a temprana edad. “Sin embargo, una vez más cabe destacar que en esta subcomisión, el objeto de estudio se centra exclusivamente en el uso medicinal del cannabis, y por tanto en la aplicación del CBD como tratamiento, lo que deja fuera los componentes psicoactivos del cannabis, es decir, productos con un reducido índice de psicoactividad, tal y como indica Naciones Unidas”, comentan desde UP, recordando que es imprescindible contar con políticas de prevención de riesgos.
El documento también aborda la cuestión económica y lo que podría significar el desarrollo de una industria dedicada al Cannabis, la prevención de mafias, grupos de crimen organizado y mercado ilícito. “Se puede deducir que a través de una entidad pública es factible asegurar una reducción de riesgos por medio de la estabilidad en la composición de los propios productos. Entendiendo que los controles de calidad pueden ser realizados por el mismo Estado se facilitaría la simplificación logística y administrativa a la hora de establecer controles, entendiendo que se estaría ejerciendo una gestión directa”.
El documento también plantea positivamente la realidad del autocultivo, pues “aumenta las vías de acceso, reduce los precios y facilita el suministro para los pacientes”, tal como expuso la Dra. Noemí Sánchez en su comparecencia. Matiza sin embargo el recelo planteado por especialistas en algunas ponencias de la subcomisión.
Entre las recomendaciones finales, Unidas Podemos reclama estatutos contra el monopolio y contra intereses económicos. “Se han de tomar medidas para evitar que la regulación del uso medicinal del cannabis se vea impulsada por los intereses económicos de la industria privada que se ha desarrollado en torno al cannabis. En este sentido, varios comparecientes han manifestado que existen actores de gran influencia política que no velan necesariamente por la salud de los pacientes ni por diversificar el mercado. En este sentido se recomienda contemplar el papel que podría tener una industria pública en torno al uso medicinal del cannabis y sobre cuáles serían los efectos económicos, de investigación y de seguridad que se podrían obtener a través de esta”.
Fórmulas magistrales, supervisión de las actuaciones de la AEMPS, reforzar el papel de los actores sanitarios en el uso terapéutico del cannabis, velar por emprender acciones que comporten una mayor seguridad respecto al consumo de cannabis dentro y fuera del contexto clínico y evaluar periódicamente el uso terapéutico del cannabis y los datos de consumo en la población, son otras de las propuestas que figuran en su informe.