Arnau Alcaide/ Comunicado OECCC
Empieza el juicio por el derecho al autocultivo medicinal en España bloqueado políticamente con la intervención ayer martes del abogado Héctor Brotons que, por parte del OECCC, lideró la acusación contra el Estado español por la vulneración del derecho a la salud de las personas físicas, a las que se les deniega autoabastecerse de cannabis medicinal por el cauce regulado de la Agencia Española del Medicamento, aunque esta sea la decisión para el tratamiento de enfermedades o sintomatología clínicas de las personas que lo solicitan.
La solicitud de una licencia de autocultivo medicinal, tramitada también por el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, fue denegada a Juan Manuel Rodríguez Gantes y dio lugar a la presente demanda por la vía del Contencioso administrativo, que tuvo su vista de conclusiones en los juzgados centrales de Madrid. Esta será la única vista a la espera del veredicto, como puede ser habitual en estos procesos por cuestiones administrativas.
Rodríguez Gantes estuvo representado por el equipo jurídico del Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, OECCC. Expuso las conclusiones Héctor Brotons, de Brotsanbert, que estuvo apoyado por Víctor Ayllón y César García Vidal Escola.
Brotons explicó que el procedimiento actual, aunque en teoría sirve para personas jurídicas y físicas, es de imposible cumplimiento para estas últimas, por lo que de facto resulta imposible. Tanto por motivos económicos, al exigir inversiones cercanas al millón de euros, como por ser necesario entregar la cosecha a un fabricante autorizado, cuando no existen empresas dispuestas al trámite. Es decir, son peticiones imposibles de cumplir por un particular que cultiva para su consumo propio. Una situación que no es acorde con los derechos fundamentales, ni con el efectivo cumplimiento de la salud pública.
Niegan el derecho a la salud y vulneran la personalidad, la dignidad y la igualdad
Con el apoyo de este Observatorio Cannabis, Juan Manuel Rodríguez insistió en su solicitud a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEMPS, de una autorización de autocultivo medicinal. También se ha planteado una cuestión de constitucionalidad, pues la preconstitucional ley de estupefacientes de 1967 vulnera el núcleo duro de la Constitución, al vulnerarse derechos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la dignidad, derecho a la igualdad y, por supuesto, el derecho a la salud, en tanto que las vulneraciones de los demás derechos ocurren relacionadas con la negación del último.
Este juicio coincide con el proceso de conclusiones de la subcomisión medicinal del Congreso de los Diputados, donde tres grupos políticos, Unidas Podemos, Bildu y ERC, incluyen en sus conclusiones la necesidad de tener en cuenta el autocultivo medicinal. El OECCC también han participado en esta subcomisión cannabis medicinal, donde solicitaron una ley cannabis medicinal moderna que establezca distintas vías de acceso, incluyendo el autocultivo medicinal.
El derecho a la salud solo existe con casa en propiedad o talonario para clínicas privadas
Juan Manuel Rodríguez Gantes es lesionado medular, usuario de marihuana terapéutica, activista por la regulación del Cannabis y protagonista del documental “Marihuana para vivir”. Ha presentado su caso en Congresos científicos y diversos medios de comunicación, desde la histórica Interviú, que lo citó como el Ramón Sampedro del cannabis, hasta El Intermedio.
Juanma es la primera persona en solicitar en España una licencia para autocultivo terapéutico de cannabis. Vive en un centro público de lesionados medulares, en el que ha sido multado por consumir cannabis y también juzgado por autocultivarlo. Como en su centro se ha determinado que el autocultivo no es posible, demanda una licencia para poder autocultivar cannabis medicinal con seguridad jurídica, sin que se vulnere su derecho al autocultivo simplemente por residir en un domicilio que no es de su propiedad, una negación socioeconómica. Su pensión, escasa, no alcanza en el mercado ilícito. Tampoco puede permitirse el seguimiento de una clínica, como por ejemplo las que llevan años de ventaja en el tratamiento en España en colaboración con las asociaciones cannábicas. Lo que sí puede, y tiene todo el derecho de hacer, es cultivar para sí mismo, derecho que Juanma espera abrir para cada paciente.
César García-Vidal, Héctor Brotons y Víctor Ayllón. Foto de Hugo Madera.
El Estado se escuda en autorizaciones a fabricantes
«El abogado del estado defiende que se necesita entregar a un fabricante autorizado y no deben existir excepciones a esta cautela», explicó el periodista Hugo Madera en Twitter en directo. El abogado defensor alegó que el requisito, que solamente pueden cumplir las empresas y no los particulares, es totalmente constitucional, no incurriendo en discriminación alguna. Solicitó desestimar el recurso e imponer los costes de este a los demandantes.