Arnau Alcaide
El equivalente al Tribunal Supremo de Brasil ha dado la razón a tres pacientes que demandaron al estado la posibilidad de cultivar Cannabis para continuar tratamientos médicos prescritos y para los que están autorizados a importar, asumiendo elevados costos, pero no a cultivar. Así, el tribunal ha resuelto por unanimidad que las tres personas reciban salvoconductos para el autocultivo, creando la primera jurisprudencia al respecto, que será vinculante en juzgados inferiores y llevará a la concesión de permisos por la vía judicial, al estilo de México, ante la ausencia reguladora del estado.
«Por unanimidad, la Sala Sexta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) otorgó salvoconducto para garantizar a tres personas que puedan cultivar Cannabis sativa (marihuana) con el fin de extraer aceite medicinal para su propio uso, sin riesgo de sufrir ningún daño o represión por parte de la policía y el poder judicial«, puede leerse en el comunicado oficial. Y es que «la producción artesanal de aceite con fines terapéuticos no representa riesgo de daño a la salud pública ni a ningún otro bien jurídico protegido por la legislación antidrogas«. De hecho, «en lugar de atentar contra la salud pública», la «promueve», llegó a expresar uno de los cinco magistrados.
El motivo es que, como describió uno de los jueces, la omisión de los organismos públicos “hace prácticamente inviable el tratamiento médico prescrito a los pacientes, dado el alto costo de importación, la irregularidad en el abastecimiento de aceite nacional y la imposibilidad de producción artesanal de los medicamentos prescritos”. Así, los magistrados explican que «la norma penal incriminatoria tiene por objeto el uso recreativo, la disposición a terceros y el lucro», pero que «en este caso, se pone en riesgo la salud pública del cannabidiol para uso propio, pues aquí se persigue la realización del derecho a la salud, tal como está prescrito. por la medicina».
La vía judicial viene abriendo el camino del autoabastecimiento en América Latina, donde la negación política a permitir cultivar la propia medicina se ha visto truncada por el juicio garantista de los tribunales: el derecho a la salud prevalece sobre las restricciones para la explotación comercial de los cultivos -y las personas, no solo las empresas, podemos acceder a ellos.
Argentina, cuyo poder judicial obligó a proveer cannabis a la Seguridad Social para garantizar el derecho a la salud y finalmente se reguló el autocultivo; México, que tras años de juicios abusivos a autocultivadores se ganó el derecho hasta el punto de tumbar los tribunales la prohibición del cultivo personal, Costa Rica, que ganó el derecho de la mano de Mario Cerdás, posteriormente encarcelado con un juicio farsa para generar efecto retroactivo de la jurisprudencia; y, ahora, Brasil. En adelante, su ciudadanía podrá ir a juicio si es paciente de cannabis para lograr su derecho al autocultivo particular, a la espera de que el proceso tenga la envergadura de abrir mecanismos colectivos para ejercer el derecho.
Comunicado
Por unanimidad, la Sala Sexta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) otorgó salvoconducto para garantizar a tres personas que pueden cultivar Cannabis sativa (marihuana) con el fin de extraer aceite medicinal para su propio uso, sin riesgo de sufrir ningún daño. represión por parte de la policía y el poder judicial.
Al juzgar dos recursos sobre el tema, uno del relator del juez Rogerio Schietti Cruz (ensecreto de justicia) y el otro su homólogo Sebastião Reis Júnior, los colegiados concluyeron que la producción artesanal de aceite con fines terapéuticos no representa riesgo de daño a la salud pública ni a ningún otro bien jurídico protegido por la legislación antidrogas.
Los casos juzgados por la clase se refieren a tres personas que ya usan cannabidiol: uno para el trastorno de ansiedad y el insomnio; otro para secuelas de tratamientos oncológicos, y otro para insomnio, ansiedad generalizada y otras enfermedades – y están autorizados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para importar la sustancia. Sin embargo, alegaron dificultad para continuar con el tratamiento, debido al alto costo de importación.
Según el juez Schietti, dado que la producción artesanal de aceite de Cannabis sativa está destinada a fines exclusivamente terapéuticos, con base en una receta y un informe firmado por un médico y aprobado por Anvisa al autorizar la importación, «no hay duda de que debe prevenirse criminal represión» sobre la conducta de estas personas.
Para el juez Sebastião Reis Júnior, las normas penales relacionadas con las drogas buscan proteger la salud de la comunidad, pero ese riesgo no ocurre cuando la medicina prescribe plantas psicotrópicas para el tratamiento de enfermedades.
Rechazan los requisitos de producción empresarial que alegó el Estado español contra Juanma al ser pacientes recetados
En uno de los casos, el Ministerio Público de la Federación apeló ante el STJ luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región dispusiera apelar y conceder habeas corpus a la medida preventiva para permitir la siembra de marihuana y la producción artesanal del aceite. La fiscalía alegó, entre otros puntos, que el hábeas corpus no sería la vía procesal adecuada para este tipo de solicitudes, ya que la falta de regulación de tales actividades sería una cuestión eminentemente administrativa.
En el recurso, el Ministerio Público argumentó que el pedido de los pacientes requeriría la producción de prueba -prohibida en el habeas corpus- , incluida la realización de peritajes médicos.
Según Schietti, la necesidad de producción de prueba fue eliminada en el caso, dado que los pacientes presentaron pruebas preconstituidas de sus alegatos, que fueron consideradas suficientes por el tribunal de segunda instancia, como el hecho de que fueron previamente autorizados por Anvisa a importar medicamento a base de extracto de cannabidiol para el tratamiento de enfermedades comprobadas por informes médicos.
Además, el juez recordó que, en la sentencia del Tema 106 de los recursos reiterativos, el STJ resolvió que el suministro de medicamentos por parte del poder público puede determinarse con base en un informe firmado por el médico que atiende al paciente, sin necesidad de por experiencia oficial.
Falta de regulación del uso de Cannabis con fines medicinales
Schietti señaló que, aunque la legislación brasileña permite, desde hace más de 40 años, que las autoridades competentes autoricen el cultivo de Cannabis exclusivamente con fines medicinales o científicos, la materia aún no cuenta con regulaciones específicas.
Para el magistrado, la omisión de los organismos públicos “hace prácticamente inviable el tratamiento médico prescrito a los pacientes, dado el alto costo de importación, la irregularidad en el abastecimiento de aceite nacional y la imposibilidad de producción artesanal de los medicamentos prescritos”.
El juez Sebastião Reis Júnior agregó que esa omisión reglamentaria crea una segregación entre los pacientes que pueden pagar el tratamiento, importando medicamentos a base de cannabidiol, y los que no pueden.
“La disposición legal sobre la posibilidad de regular las plantaciones con fines medicinales, entre otros, permite concluir un tratamiento jurídico diferente sobre la materia: mientras que el uso recreativo establece una relación de tipicidad con la norma jurídica incriminatoria, el uso medicinal, científico o incluso ritualista-religioso no impugna la persecución penal dentro de los límites reglamentarios”, declaró.
La conducta no es criminalmente típica
Rogerio Schietti analizó que la conducta por la que se solicitó el salvoconducto no es tipificada penalmente, «ya sea porque no está imbuida del necesario engaño de preparar sustancias estupefacientes con plantas cultivadas (ni para consumo personal ni para entrega a terceros), ya sea porque no vulnera, ni siquiera en forma potencial, el bien jurídico protegido por las normas incriminatorias de la Ley de Drogas (salud pública)”. .
En lugar de atentar contra la salud pública, dijo el magistrado, en realidad, la intención de este cultivo es promoverla, a partir de la extracción de productos medicinales.
“Si bien la siembra de Cannabis con fines medicinales (y la previa importación de semillas) puede conformarse formalmente con los delitos previstos en los artículos 28, párrafo 1 , y 33, párrafo 1, II, de la Ley de Drogas , o incluso en el artículo 334-A del Código Penal (contrabando) -que justifica la aplicabilidad del hábeas corpus , dado el riesgo potencial de responsabilidad penal de los pacientes-, existe, desde el aspecto subjetivo y material, tipicidad en la conducta, tanto por falta de dolorespecto a la extracción de sustancias estupefacientes de esa planta, como a la inexistencia absoluta de daño a la salud pública o a cualquier otro bien jurídico amparado en nuestro ordenamiento jurídico”, concluyó.
Además, Sebastião Reis Júnior consideró que el tipo penal del cultivo de plantas psicotrópicas está relacionado con su finalidad. “La norma penal incriminatoria tiene por objeto el uso recreativo, la disposición a terceros y el lucro, ya que, en este caso, se pone en riesgo la salud pública del cannabidiol para uso propio, pues aquí se persigue la realización del derecho a la salud, tal como está prescrito. por la medicina».