Arnau Alcaide
Desde Cali, en una de sus primeras visitas a las regiones tras ganar la presidencia de Colombia, el mandatario de izquierdas Gustavo Petro, anunció el fin de la política prohibicionista de Colombia como se la conoce hoy en día. El que es considerado el primer presidente de izquierdas del país en 30 años atajará, con la regulación de la normalidad agrícola del cannabis y de la hoja de coca, la larga sombra de la economía paralela del narcotráfico y de la guerra contra las drogas derivada del enfoque político prohibicionista.
El senador de su partido, Gustavo Bolívar, impulsó una ley de regulación integral del cannabis en el Senado el día 20 de julio que permitiría la producción agrícola del cannabis como un cultivo cualquiera, terminando de un plumazo con toda prohibición y sus daños colaterales. Aunque el borrador no se ha liberado, sí que se ha explicado su contenido, y es que es en esta línea que van las declaraciones sobre su hoja de ruta que el presidente Gustavo Petro ha ido afianzando por el país.
«¿Y qué pasa si se legaliza el cannabis sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papas?», espetaba desafiante el mandatario en el multitudinario evento de Cali. «Vamos a ver si se exporta esto y nos ganamos unos dólares, porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué va a a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca, que no pueden ahora?».
Petro también habló de reparaciones a la criminalización de civiles por la planta: «Entonces, si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener a toda esa gente presa en las cárceles acinadas? Llegó el momento de soltar a mucha gente presa de las cárceles simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de EEUU es legal«.
Reforma completa de la política de drogas: dejar de perseguir a campesinos, también por la hoja de coca
“No se va a legalizar la cocaína en este Gobierno […]. Se tiene la intención de no perseguir militar ni policialmente a los campesinos que viven de la siembra de cannabis o de hoja de coca. La política es de sustitución de cultivos y tierras donde puedan cultivar otros productos”, explicó a EL PAÍS hace unos días, tratando de atajar las habituales tergiversaciones que presentan como un envenenamiento las políticas regulatorias. “Frente al consumo, la política será de salud pública, no de prohibicionismo”, recoge la cabecera.
Proceso de paz
En la actualidad, la producción de cannabis o de hoja de coca se caracteriza por estar en manos de grupos armados, bien de guerrilleros o de paramilitares al servicio de las élites, pues controlan en última instancia a los campesinos y la disputa por la producción es habitualmente sangrienta. «Reunamos a la gente [para discutir la legalización]. Incluso que lleguen desarmados los que están armados», expresó Petro en Cali, que busca mantener la paz firmada en 2016 con la guerrilla conocida como FARC-EP reduciendo el clima de violencia a la vez que abre la puerta a la absorción de la economía sumergida. Paz que no ha dejado de tambalearse y que la histórica mayoría progresista, también en el legislativo, puede atajar.