Arnau Alcaide
El Transnational Institute publica un informe de 104 páginas en el que señala el acceso discriminatorio de las personas que practican la agricultura al mercado del cannabis, frente a a las grandes corporaciones que sí consiguen atravesar las barreras de entrada a la producción, como licencias o certificados, que establecen los diferentes países por el globo. Así, la premisa del informe es facilitar la producción agrícola y dificultar la industrial.
El Transnational Institute es un think tank o grupo experto internacional para la investigación e incidencia política de ideas políticas progresistas que fue fundado en 1974 en Ámsterdam y conecta a personal académico y del activismo. Su motivación es promover un mundo más justo, democrático y sostenible.
El informe, titulado Un Futuro Sostenible para los Agricultores de Cannabis, Oportunidades de “Desarrollo Alternativo” en el Mercado Legal del Cannabis, analiza las regiones del globo no occidentales de cultivo tradicional de cannabis, que se reflejan en el gráfico a continuación, así como los efectos de las regulaciones estatales e internacionales sobre los agricultores. También la presión que ejercen sobre el precio de mercado los grandes productores, que dificultan los márgenes a las formas extensivas de agricultura, pese a que son en la práctica mucho más sostenibles que las intensivas de la industria.
El informe examina las políticas de sustitución de cultivos que practicaron diferentes gobiernos, muchas veces financiadas internacionalmente, para determinar que a diferencia de con la adormidera o la coca, no hubo para el cannabis ni cantidad ni eficacia en los proyectos políticos de sustitución. Ahora, con los mercados legales emergentes, apuntan a la responsabilidad global de incorporar a las personas productoras tradicionales, y es que hasta la fecha muy pocos agricultores han atravesado las barreras del mercado del cannabis medicinal.
En esto sentido, el informe recomienda abrir el camino para una agricultura social y ecológicamente sostenible del cannabis a nivel internacional. Tanto por parte de los estados productores, que deberán facilitar la entrada de la población agrícola y su propiedad de los cultivos en formatos extensivos, aumentando la renta agrícola y manteniendo el cultivo sostenible, para lo que creen ideal la promoción de cooperativas agrícolas; y por parte de los organismos internacionales y de los países occidentales, que deberán permitir un acceso justo al comercio internacional de estos agricultores frente al modelo de producción corporativa occidental que ya empieza a ocupar la cuota de mercado legal.
Un sesgo histórico a favor de la producción exclusiva de la industria farmacéutica
«La JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) – y en menor medida el
Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia – ha exhibido un fuerte sesgo a
favor de los preparados que la industria farmacéutica fabrica con controles estrictos a partir
de cannabinoides aislados, frente a los medicamentos con base en hierbas derivadas del
cannabis y a un modelo más accesible para pacientes y agricultores», señala en uno de los destacados iniciales.
“ ‘Para muchos millones de personas, los medicamentos a base de hierbas, los tratamientos
tradicionales y las prácticas de medicina tradicional representan la principal fuente de
atención sanitaria, y a veces la única’, según la OMS; y ese también es el caso de los usos
medicinales del cannabis«, critica de la exclusión sanitaria derivada del modelo comercial de la salud y las desigualdades globales, y agravada por el prejuicio y las restricciones sobre la medicina tradicional.
Y destaca que «muchos medicamentos con base en plantas provienen del cultivo al aire libre que llevan a cabo pequeños agricultores, incluido el cultivo lícito de adormidera en India y Turquía para
la producción de medicamentos opiáceos, lo que desmiente el relato de que los pequeños
agricultores no son capaces de cumplir las normas básicas de calidad en el caso del
cannabis», contrapone al habitual argumento de reguladores e industria farmacéutica.
Además, plantea que se deben aumentar los destinos de la producción «a tantos mercados como sea posible en lugar de apostarlo todo al modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones», lo que puede implicar permitir todo tipo de usos a nivel estatal y cubrir también la demanda interna.
«Que el cannabis permanezca en la Lista I, incluso después del examen de la OMS, significa que la prescripción médica sigue siendo obligatoria para acceder al mismo, lo que es un obstáculo para la práctica de medicina tradicional, y que los usos culturales y religiosos aún no están permitidos en el marco del tratado, lo que constituye un conflicto legal con los derechos indígenas, culturales y religiosos», sentencia el informe con gravedad.
El informe añade la recomendación de reparar los antecedentes, especialmente a población indígena o minorías étnicas afectadas por medio siglo de políticas sanitarias y agrícolas discriminatorias y penalizadoras. También asistir desde los organismos al personal agrícola en el acceso al mercado legal y no abandonar el modelo de desarrollo sostenible a la buena fe de las industrias, ya que «las lecciones de otros mercados indican que es improbable».
Perfiles de trabajadores
La gran mayoría de los cultivadores de cannabis permanece en la pobreza o bajo la influencia de mafias y redes de tráfico, ya que las economías agrícolas no favorecen a quienes carecen de recursos de capital y poder. En este sentido, las economías cannábicas no se diferencian de otras economías agrarias de drogas, ya que padecen la desigualdad social, la violencia político-económica y los daños ambientales.
En cambio, debe entenderse que el cannabis cumple una función de red de seguridad, que actúa como un “cultivo de compensación” cuando otros cultivos comerciales legales no aseguran los ingresos, y permite que los medios de vida agrarios y basados en la tierra brinden al menos un mínimo de seguridad, continuidad y reproducción social. Esto sin mencionar el papel que desempeña el cannabis en los hábitos de consumo utilitarios de los trabajadores empobrecidos, como forma de lidiar con volúmenes de trabajo aplastantes y los caprichos y crueldades de la vida.
Debería deducirse que son deficientes los análisis que idealizan a los agricultores de cannabis como operadores independientes u homogeneizan las comunidades cannábicas sin tener en cuenta las cuestiones de clase. Es necesario examinar las diferentes clases de mano de obra, ya que muchos de los participantes en las economías de producción de cannabis no son “agricultores”, “productores” o “cultivadores” en el sentido clásico, sino trabajadores (casi) sin tierra, procesadores, empacadores, mujeres y niños que realizan un trabajo no remunerado (a menudo dentro de la familia) y así, sucesivamente. Esto ofrece una serie de reflexiones para un modelo de Desarrollo Alternativo con cannabis», expresa.