Arnau Alcaide
Chile aprobó una enmienda a la nueva ley antinarco, todavía en tramitación, para que contemple el autocultivo de hasta cinco plantas, el almacenamiento de 500 g y el traslado de 40 g. La enmienda fue aprobada en la Comisión del Senado el 9 de agosto en el Senado como parte de la reforma en política de drogas para la que la diputada cannábica Ana María Gazmuri impulsó una bancada transversal, pues el autocultivo había quedado fuera de la ya rechazada Constitución.
Se trata de una indicación, como se llama en Chile a las enmiendas, que votaron un grupo reducido del Senado en Comisión, con la potestad en esa materia de hacer valer su voto para añadir la enmienda, que será finalmente validada por toda la cámara como parte del proyecto de Ley Antinarco. Su nombre ya indica que va dirigido contra el tráfico de drogas, pero en la práctica, la versión vigente de la ley 20.000 sigue penando a personas usuarias con delitos como el microtráfico, que en su fase indiciaria incluso pueden acarrear la prisión preventiva, un atropello monumental de derechos.
Según explicó el senador Jaime Quintana: «Hemos aprobado una indicación que busca despenalizar el cultivo y porte de cannabis cuando esta se hace para uso personal y sin ánimo de traficar. Esto se hizo en el marco de la discusión de un proyecto de ley que busca perfeccionar los mecanismos de combate al narcotráfico, puesto que lo relevante e importante es concentrar toda la capacidad del Estado en el crimen organizado y no persiguiendo usuarios de cannabis».
El derecho al autocultivo fue la tercera iniciativa popular más votada para ser incluida en la que debía ser la nueva constitución de Chile, con 44.000 votos, pero su Tribunal Constitucional rechazó en febrero que fuese posible incorporar el derecho. Hoy, Chile ve rechazada una constitución que parecía esperanzadora con un 62% de los votos en contra, y probablemente la ausencia del cannabis dejó de sumar algunos votos a favor en el plebiscito de carácter obligatorio.
Posteriormente al bloqueo del Constitucional al cannabis y antes de que la población rechazase la nueva constitución, una marcha cannábica reivindicaría una nueva ley ante la ausencia del derecho constitucional. Para lograrla, la diputada Ana María Gazmuri estableció contactos con diputados y senadoras de todos los partidos en lo que llamaría una bancada transversal, que da sus frutos con esta enmienda.
El texto radica su motivación en la política de drogas holandesa o portuguesa, que incluyen la despenalización y mejora de las condiciones de salud y contenerse en la estigmatización de las personas usuarias como parte de sus políticas de drogas. Destaca además los excesos policiales, pues las estadísticas demuestran que en una gran mayoría se termina viendo que el delito es menor, o incluso una falta, que el que se estima a priori, ya decimos que pudiendo aplicar prisión preventiva.
